Venezuela Desmonta Informe de DDHH: «Monumento de Propaganda de Guerra»

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La República Bolivariana de Venezuela desmontó el informe presentado por supuestos “expertos en derechos humanos” sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, documento que calificó como un monumento de propaganda de guerra.

En rueda de prensa conjunta ante medios nacionales e internacionales, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sostuvieron que este informe tergiversa la realidad del país con el objetivo de manipular el tema de los DDHH para socavar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, el canciller Jorge Arreaza afirmó que este informe “es un fraude, irresponsable y un monumento a la propaganda de guerra. Se pretende torpedear el diálogo en Venezuela”, sostuvo el Canciller.

Recordó que en 2015, la entonces canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció que el Consejo de los DDHH preparaba un ataque creando las condiciones para agredir a Venezuela, incluso militarmente.

En su intervención, el Jefe de la diplomacia venezolana expresó desde el año 2018, Venezuela ha alzado su voz a través de una Resolución en el Consejo de DDHH de la ONU para mostrar la verdad del país, la misma fue ratificada en el año 2019 y que se aspira que se renueve este año 2020, mediante la cual hace un trabajo cercano con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela de manera permanente y además acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina”, dijo.

Detalló, que el año pasado surgió una segunda Resolución presentada por el Grupo de Lima, el cual catalogó como cartel dirigido desde Washington para perturbar el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la cooperación con Venezuela.

“Esta Resolución se aprobó con 19 votos de los 47 de los Gobiernos o Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos, es decir el 40%, además 19 países que apoyaron la resolución de 193 países que componen el cuerpo completo de las Naciones Unidas”, acotó.

En este mismo orden de ideas, Arreaza aseveró que desde 2018 hay un equipo de la Alta Comisionada para los DDHH en Venezuela. Se reunió con el Fiscal General de la República, el Poder Ejecutivo, Judicial, víctimas de violaciones de derechos humanos, afectados por las guarimbas.

“La resolución agresiva -aprobada por el Grupo de Lima- contra la soberanía venezolana establecía la creación de una comisión para la constatación de hechos”, añadió.

Por lo que el canciller Arreaza señaló que ojalá la Unión Europea (UE) tenga señales de reconocimiento del trabajo conjunto que se viene realizando con Venezuela y tenga una posición distinta en el Consejo de Derechos Humanos.

— Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE)

“Están haciendo política de los derechos humanos, no para los derechos humanos” sentenció el canciller Jorge Arreaza en declaraciones a la prensa#PuebloAlertaPorLaPaz pic.twitter.com/NckY8k9xVO

Además, denunció que los “expertos” que hicieron el informe nunca vinieron al país, y se les informó diplomáticamente que ya había un equipo de la ONU trabajando en el tema.

El canciller detalló que el informe realizado hace unos días que habla sobre los casos de violación de los Derechos Humanos por parte de Venezuela, forma parte del trabajo hecho por Luis Almagro; quien se ha lanzado a la destrucción de la Organización de los Estados Americanos.

Igualmente, el Diplomático indicó que “este informe coincide en la gira intimidatoria de Pompeo; buscando ganar votos en Florida.

“Iván Duque trata de reivindicar el informe mentiroso, durante una reunión con Mike Pompeo. Este informe es la legalización de la operación Gedeón, son unos mercenarios que con mentiras atacan al país”, puntualizó.

Por su parte, el fiscal general de la República, sostuvo que desde el Ministerio Público se le ha dado respuesta oportuna a todos los casos para garantizar los DDHH en el país, por lo que “el informe dado por una supuesta comisión financiada por el Grupo de Lima, que cobró 5 millones de dólares para hacer propaganda, no comprueba nada”.

Agregó que la instancia que dirige ha imputado a 804 funcionarios y 123 civiles, para un total de 927 personas, quienes a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia son señalados como responsables de vulneración de derechos humanos y pertenecen a distintos organismos de seguridad.

Detalló que estas personas han sido acusadas por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, privación ilegitima de libertad lo que de manera real hemos hecho justicia para proteger la vida, integridad física y libertad personal del pueblo contemplada en la Constitución.

— MinPublicoVE@MinpublicoVE

«Tarek William Saab: Este informe es una falta de respeto hacia los fiscales que estudian y van de la mano con las leyes para ir a tribunales con el fin de lograr los resultados que estoy mostrando

Asimismo, apuntó que “desde agosto de 2017 hasta la fecha el Ministerio Público ha acusado a número considerable de funcionarios que representan cifras irrebatibles y que hemos compartido con la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, ejemplo de respeto y garantía para el pueblo”.

El Fiscal General de la República anunció que además se han realizado 3.246 inspecciones técnicas cifra importante que revela el método y detalle en un trabajo minucioso en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal.

“Hemos venido adelantando y dejan al descubierto la cultura de impunidad de alianza con los violadores de los derechos humanos que tuvo la gestión pasada. Habría que saber cuántas experticias realizaron los creadores de este informe. Ninguna porque nunca estuvieron en campo”, refirió.

— MinPublicoVE@MinpublicoVE

«Tarek William Saab: Tienen una falla de origen terrible, que no fue no venir al terreno. Son un anexo del supuesto gobierno interino, copiaron y pegaron declaraciones de actores políticos que nada tienen que ver con los DD.HH. para promover agresiones contra la instituciones».

Resaltó que todas estas actuaciones han sido reconocidas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en sus informes sobre Venezuela, con quien nos reunimos con motivo de su visita a Venezuela “a partir de allí, mantenemos comunicación permanente con su equipo de trabajo en el país para la revisión de casos específicos. En Venezuela hay instituciones que trabajan todos los días en la vigilancia y protección de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”.

Fuente: Venezolana de Televisión


Sobre un “Informe” de los Derechos Humanos en Venezuela

por Yldefonso Finol (*)

Curiosas coincidencias de una semana septembrina: publicación del “informe” elaborado por un grupo técnico sobre Derechos Humanos en Venezuela y la espuria lista de Trump sobre países narcotraficantes, en momentos que Colombia alcanza récord en producción de cocaína y el gobierno uribista ejecuta masacres y represión atroz contra su pueblo.

Para colmo, Trump “certifica” al mayor proveedor del mayor mercado consumidor de drogas del mundo, y Pompeo rodea a Venezuela en una visita guerrerista y nada diplomática a los tres países fronterizos que servirían de plataforma a la “Operación Tenaza”. Las encuestas fastidian a Trump que ahora descubrió una veta de oro en el voto derechista venezolano (pero) en USA.

Los Derechos Humanos ya no son sólo la lista de derechos reconocidos por las Naciones Unidas en su Declaración del 10 de diciembre de 1948; también la conciencia colectiva ha venido nutriendo este concepto con las exigencias específicas por la necesidad de una vida digna. Se trata, fundamentalmente, de un concepto histórico, como propone el maestro Norberto Bobbio, cuando afirma que “nacen gradualmente, no todos de una vez y para siempre, en determinadas circunstancias, caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes” [1].

Bobbio identifica dos direcciones en las que el poder, es decir el Estado, debe actuar ante el reclamo de libertades y derechos por parte del ciudadano: una abstencionista y otra intervencionista. Lo explica así: “Nacen cuando deben o pueden nacer … cuando el aumento del poder del hombre sobre el hombre, que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia: amenazas que se desactivan con exigencias de límites al poder; remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones protectoras del mismo poder. A las primeras corresponden los derechos de libertad o una abstención del Estado, a los segundos, los derechos sociales o un actuar positivo del Estado” [2].

Pero el balance de los derechos humanos, no es igual para todas las regiones del mundo ni es el mismo en las diferentes etapas vividas desde la Declaración de 1948. Por tierras americanas, en los Estados Unidos, todavía los afrodescendientes son brutalmente reprimidos por tener el atrevimiento de aspirar a que se cumpla el artículo primero de la Declaración. Y qué decir de nuestra América Latina. Chile por ejemplo, pasó de haber sido un país de leyes y derechos desde un siglo antes de la Declaración, a ser un Estado de crimen y terror en tiempos de la Declaración.

“Esta República contaba con la existencia de la primera mutual obrera del continente (1847), una constitución política que contó, atípicamente a lo ya tradicional en la región, con más de un siglo de vida (Constitución de Portales, 1830), una de las primeras implantaciones del sufragio universal de América Latina (1844); una enseñanza progresista y eficiente y auténticamente implantada; estatización, desde hace más de treinta años, de áreas económicas vitales; existencia de partidos políticos de todo tipo y fuertes sindicatos obreros” [3].

Pero el intento de ese país de dar un salto cualitativo, en libertad y en democracia, fue truncado de forma violenta por quienes en el mundo se jactan de representar la cultura de los derechos humanos. Es lo que he denominado “la falacia imperialista de los Derechos Humanos”. También bajo la era de la Declaración, Francia, país sede de su firma, y luego Estados Unidos, perpetraron sus horribles matanzas en el sudeste asiático, en pos de llevar por el mundo la civilización occidental, es decir, llevarse al bolsillo del capital transnacional los recursos naturales de esos países.

De esta manera, las grandes potencias imperiales, se encargaron de convertir los treinta artículos de la Declaración Universal, en un extenso cementerio de buenas intenciones. Cuando muchos ciudadanos de esos países desarrollados, alcanzaron aceptables niveles de vida, con amplios sistemas de seguridad social y salarios dignos, las grandes mayorías del mal llamado Tercer Mundo, quedaban relegados a sobrevivir en la más absoluta pobreza, sin servicios básicos de sanidad y educación, y en condiciones laborales, las más de las veces, humillantes.

Dicho en palabras del Director General de la UNESCO a la fecha de la firma, Jaime Torres Bodet: “Mientras la mayor parte del género humano viva en el hambre y la injusticia, para morir en la miseria y la ignorancia, el documento que ha sido adoptado en Paris continuará presentándose ante nosotros como un objetivo aún lejano” [4].

Porque, como nos advierte Haro Tecglen: “Estamos, una vez más, ante los peligros de la institucionalización de un impulso. Es algo que se repite frecuentemente en la historia: cuando las capas dominantes de una sociedad dada llegan a verse desbordadas por la fuerza de un impulso popular y son impotentes para luchar abiertamente contra él, lo asumen y lo adoptan y, al mismo tiempo, lo transforman y lo convierten en un instrumento propio que se va haciendo cada vez más ajeno al propósito que inspiró su crecimiento” [5].

Asumimos los derechos humanos, como la utopía por la dignidad colectiva. Utopía irrenunciable que va aparejada a la lucha por la igualdad. Las Declaraciones, Convenciones, Constituciones y Leyes contentivas del reconocimiento de estos Derechos, son el resultado de la lucha de los pueblos por las libertades y la igualdad, y su realización concreta, lo será también por el empuje efectivo de esas luchas.

Las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos en diferentes etapas y geografías, no son inamovibles; al contrario, pueden avanzar profundizándose y extendiéndose, o retroceder peligrosamente haciendo reversible su implantación. No es la diversidad cultural propia de la humanidad, la que condiciona un relativismo frente a la universalidad de los derechos humanos; el obstáculo cierto a su universal ejercicio, son las profundas diferencias socioeconómicas que como brechas insalvables, predominan en el actual sistema internacional.

II

La “falacia imperialista de los Derechos Humanos” se hace tan palpable con la actitud de Estados Unidos y sus socios europeos y lacayos suramericanos hacia Venezuela, que bien deberían las academias utilizar este ejemplo para discutir la vigencia y pertinencia del sistema de Naciones Unidas en esta materia fundamental. Un solo país, con obsesión paranoide de hegemonía, declara a otro, vecino, pacífico y amigable, como una “amenaza inusual y extraordinaria”, sometiéndolo a un sinfín de medidas coercitivas unilaterales (“sanciones”) que causan graves daños a la población en general y al funcionamiento de la economía y las instituciones en particular, colocándonos en el límite del estado de necesidad colectivo.

La utilización muy malsana y manipuladora de instancias informales como ONGs y “expertos internacionales”, es una constante en las mamparas estructuradas por el aparato injerencista de Estados Unidos para desacreditar gobiernos no sumisos a sus designios, llegando al extremo de promover golpes de Estado y toda clase de conspiraciones basadas en las actuaciones de esas herramientas ilegítimas. Basta revisar el financiamiento de tales “expertos” y ONGs para saber quién es el amo. Esta mala praxis debilita el Sistema de Naciones Unidas, al que el agónico gobierno de Trump le ha declarado la guerra.

Ya la Cancillería y el Ministerio Público desmontaron con lujo de detalles el mamotreto de “informe” elaborado por mercenarios del tecleo, corta y pega, y presentado con bombos y platillos por la derecha mediática mundial. Pero debe saber la comunidad internacional, no la elitista de dos letras: EEUU-UE; sino la verdadera, la que incluye a todos los alfabetos de todas las naciones, desde el árabe al cirílico y del mandarín al devanagari, que en Venezuela existe un amplio y dinámico movimiento ciudadano por los Derechos Humanos. Muchas de las actuaciones de los organismos del Estado encargadas de la vigilancia y sanción de las violaciones a las libertades y garantías, se activan a partir de la acción preventiva y las denuncias de la comunidad, que es el primer actor en rechazar prácticas abusivas de los cuerpos de seguridad y la burocracia.

Este protagonismo popular fue el que enfrentó al grupo policial que cometió asesinatos contra dos jóvenes comunicadores alternativos en la petrolera ciudad de Cabimas del estado Zulia. La movilización fue inmediata, sin dar margen de impunidad, encarados los responsables con valentía, porque hay un pueblo que se sabe dueño del Derecho, más allá de la conducta impropia de parcialidades o individualidades dentro del poder estatal. Los asesinos están procesados. Y no hizo falta ninguna falsa mediación por ONG facturada en Washington.

III

En materia de Derechos Humanos hay cuatro verdades que son bandera de los pueblos que luchamos por una mejor humanidad, plena de igualdad, libertades y justicia:

– Ante la acechanza permanente del imperialismo, el primer y más importante Derecho Humano de la contemporaneidad es el derecho a tener Patria. Sin la existencia del Estado Nacional, reinará el caos y la intromisión extranjera será la peor y más cruel violación masiva de todos los derechos. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos es el terreno donde debe fructificar una sociedad respetuosa de la vida y la dignidad de las personas.

– El ejercicio pleno, la universalidad, preeminencia, indivisibilidad e imprescriptibilidad de los Derechos Humanos, no serán posibles en sociedades serviles a intereses del capital transnacional y las armas del imperialismo; sólo los pueblos libres pueden acceder en condiciones dignas a su emancipación económica, social y cultural.

– Como ser social por excelencia, la humanidad sólo alcanzará la utopía de los Derechos Humanos cuando las condiciones colectivas de existencia garanticen nuevas relaciones, en una sociedad que haga del trabajo solidario y la educación liberadora sus pilares fundamentales.

– No parece ser el modelo estadounidense, supremacista, racista, discriminador, guerrerista, arrogante, embrutecedor, y el de sus lacayos masacradores uribistas, fanáticos bolsonaristas, arrastrados golpistas bolivianos y traidores morenistas ecuatorianos, el que corresponda a la Declaración de 1948. La Venezuela Bolivariana se reserva el derecho a definir y sostener su propio modelo establecido en la insuperable Constitución de 1999.

Para concluir, hacemos un llamado respetuoso al Secretario General de la ONU, señor Antonio Guterres, a quien conocimos durante su magnífica gestión al frente de ACNUR, hombre de gran talante democrático, culto y justo, a resarcir de inmediato a la República Bolivariana de Venezuela, ordenando enmendar la grave afrenta que se nos ha causado con la publicación de tan vil documento, carente de toda validez institucional, pero que está siendo utilizado como inaceptable propaganda antivenezolana.

(*) Economista e Historiador. DEA de la Universidad de Salamanca en Historia Contemporánea de los Derechos Humanos. Experto en Derecho Internacional de los Refugiados y Apatridia. Ex presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados. Delegado al Comité Ejecutivo del ACNUR 2010-2016. Garante por Venezuela en la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno de Colombia.

Fuente: Agencia Latinoamericana de Información

Notas:

[1] Norberto Bobbio: “Tiempo de Derechos”, Ed. Sistema 1991, pag. 18.

[2] Ibid., pags. 18-19.

[3] Candelas, Haro Tecglen, Maestre Alonso y otros: “Los Derechos Humanos”, Editorial Ayuso, Madrid 1976, pag. 101.

[4] Ibid., pag. 17.

[5] Ibid., pag. 18.


ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad: un fake-informe de una comisión fantasma

En un informe plagado de falsedades, de acuerdo con el gobierno de Venezuela, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó al presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de posibles crímenes de lesa humanidad. Dadas las restricciones a los viajes por el Covid-19, los autores del informe no viajaron a la República Bolivariana y sustentaron sus afirmaciones en entrevistas que hicieron vía remota.

El canciller venezolano Jorge Arreaza señaló que el informe “ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no a favor de los DDHH” y señaló que la comisión estuvo “controlada por gobiernos subordinados a Washington” y es distinta a la misión de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet.

El informe aparece en momentos en que gobierno y parte sustancial de la oposición se preparan para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a las que se opone el gobierno de Estados Unidos.

Precisamente, sobre estos comicios, la presidenta del Consejo nacional Electoral, Indira Alfonzo, dijo “que pese a las acciones extranjeras (…) se celebrarán las elecciones para renovar la Asamblea Nacional”.

Por su parte, el asesor de seguridad del gobierno estadounidense, Elliott Abrams sostuvo que “aplazar las elecciones no es suficiente” porque no existen “las condiciones básicas”.

Asimismo, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, inició este jueves una gira por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, que acabará el 20 de septiembre con una parada en Texas (EU), en la que buscará fortalecer la seguridad regional frente a la “amenaza” del Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su visita, Pompeo intentará reforzar la colaboración con esos países para “apuntalar la democracia, combatir la pandemia de Covid-19, revitalizar la economía y el peso de la pandemia en la economía, y fortalecer la seguridad contra peligros regionales, especialmente, la amenaza que emana de (Nicolás) Maduro en Venezuela“, según un alto funcionario del Departamento de Estado en una llamada con periodistas.

Arreaza, subrayó el desconocimiento del dictamen emitido por la misión de la ONU. Un informe elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos, tuiteó.

Asimismo, rechazó las pretensiones de sabotear las relaciones entre Caracas y la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor creado con fines ideológicos por países con pésimos reportes en materia de derechos humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la alta comisionada, indicó el canciller.

Reiteró que la cooperación de Venezuela con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se genera de manera coordinada y constructiva con el despacho de la funcionaria. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación, afirmó Arreaza.

La misión de la ONU “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas ejecuciones y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, señaló la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

Otro miembro declaró que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro ordenó algunas veces personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a quién vigilar y detener.

Fuente: Surysur

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