Las protestas en Brasil y Ecuador, el golpe mediático contra las presidentas de Chile y Argentina, el atizamiento del descontento en Bolivia y los planes criminales con participación del paramilitarismo colombiano en Venezuela, así como el fomento artificial del desabastecimiento en ese país, tienen como factor común la decisión de imperialismo norteamericano y las oligarquías locales, de lanzar y coordinar una ofensiva generalizada y simultánea contra los gobiernos progresistas de América Latina. El esfuerzo mayor está concentrado en Brasil, pues cuentan con que si cae Dilma Rousseff, cambiará radicalmente el mapa geopolítico latinoamericano y posiblemente el mapa mundial diseñado dificultuosamente por los BRICS. Informe especial con abundante evidencia.
Estados Unidos busca que Brasil caiga primero
Por José Manuel Welschinger Lascano
La presidenta de Brasil Dilma Rousseff, enfrentando el incesante asedio de la oposición y los medios que piden su destitución, se encuentra más que nunca trabajando para garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática de su país. Mientras la cámara baja del parlamento impulsa un juicio político en su contra para apartarla del mando, Rousseff inició una labor de restitución de la legitimidad de su gobierno, convocando reuniones con las principales organizaciones políticas y económicas de Brasil.
“Se trata de una situación creada desde el exterior”, afirmó a Contexto la analista especializada Stella Calloni, “relacionada con las operaciones de prensa enmarcadas en un proyecto de destitución de Rousseff, que no es más que una parte del extenso proceso de desestabilización de los gobiernos en América Latina que está desarrollando Estados Unidos junto con las potencias europeas”. Para Calloni, este no es sino otro de los ataques contra los gobiernos soberanos de América Latina: “Los mismos intentos se han visto ensayados en Bolivia, Venezuela y Ecuador”.
El principal argumento de los sectores destituyentes de Brasil se apoya en el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras en una causa judicial en la que se encuentran investigadas veinte grandes empresas, junto a cincuenta funcionarios.
“Respecto al caso actual de Petrobras –explicó Calloni–, Brasil tiene una historia enorme de corrupción violenta, de la invasión de tierras por los coroneles que se quedaban con inmensas extensiones de tierra; situaciones complejas, propias de un país en el que conviven cuatro Estados –donde sólo uno de ellos, San Pablo, concentra un desarrollo industrial superior al de toda la República Argentina; Río de Janeiro y Río Grande do Sul también son colosos de la productividad– con profundos conflictos de intereses”.
Para Calloni, se trata de un ataque muy fuerte, que tuvo su punto inicial en el procesamiento del tesorero del Partido de los Trabajadores José Dirceu, quien fue detenido y condenado en un juicio en el que sólo se aportaron como pruebas las denuncias periodísticas. “Permitiendo esto –opinó la especialista–, Dilma no dio señales de fortaleza política, confiando en que Brasil no formaba parte de la lista de países que podían ser intervenidos desde el extranjero”.
Salvando las distancias, Calloni marcó un paralelismo entre la actual situación del Partido de los Trabajadores en Brasil y el kirchnerismo en Argentina, al comparar el caso de Dirceu con el ataque mediático sucedido en nuestro país contra el vicepresidente Amado Boudou. “Pese a la insistencia de la prensa, la Presidenta lo respaldó en todo momento, y en cuanto a Dilma, su preocupación fue que se dijera que la presidencia de Brasil estaba amparando la corrupción. Su actitud ante esos zarpazos mediáticos de la derecha no fue tan sólida como la de Cristina”, sostuvo.
Un ministro incómodo
Otro factor que contribuyó a la actual situación, según la periodista, fue el nombramiento de Joaquim Levy como ministro de Economía. Apodado por propios y extraños “Joaquim manos de tijeras”, fue elegido para acomodar el gasto social para obtener la recuperación del equilibrio fiscal brasilero, pese a que la relación entre ambos ya era inestable cuando Rousseff estaba al frente del gabinete de ministros de Lula.
Calloni explicó que la decisión marcó una irrupción transversal en la política del país: “Brasil es un país motorizado hacia la inversión y el crecimiento, pero Levy llegó a ese puesto para encargarse de recortar y ajustar la economía, algo que no es compatible con el proyecto del PT y las circunstancias particulares del momento histórico en el que se encuentra Brasil. Con ese gesto, Dilma perdió parte de la simpatía que le brindaban las mayorías populares, que fueron el sustento de Lula y también de su llegada al poder”.
Sin embargo, Calloni no dudó en señalar a los sectores conservadores como los únicos interesados en truncar la estabilidad política de la potencia industrial latinoamericana: “Esta crisis de gobernabilidad no tiene nada de espontáneo, ya que se aprovecha del descontento social producido por el clima de ajuste, especulando con que mucha gente se va a prestar para esas operaciones digitadas desde el exterior, sin conocer quién las está manejando”.
Una pelea de dos modelos
Para Calloni, la clave del conflicto está en la disputa que se genera entre los distintos sectores de poder, cuando un gobierno intenta poner en marcha un proceso de inclusión social y aumentar el alcance de su soberanía, enfrentándose a los llamados límites del mercado. “Todo eso termina provocando situaciones muy insólitas”, consideró, “como el Congreso pidiendo un juicio político contra la Presidenta por un caso en el que están implicados todos los partidos”.
“Tampoco es casual, ya que sobreviene luego del acercamiento de Brasil al BRICS, con una cuota de autonomía que implicó negociar con China por fuera del dólar, en sus propias monedas”, afirmó.
“Estados Unidos está jugando en simultáneo para desestabilizar todos los gobiernos soberanos de Latinoamérica –indicó Calloni–, y está intentando que caiga primero el mayor. Eso no podemos olvidarlo, así como no podemos permitir que un gobierno popular sea derrotado por la derecha más agresiva que haya existido en el sur de nuestro continente: la derecha brasilera”.
Para concluir, la analista internacional consideró que, frente a todos estos ataques, Dilma necesita el apoyo de todos los gobiernos soberanos contra las cada vez más agresivas operaciones de destitución: “Seguramente por eso, durante su último encuentro, la Presidenta de Brasil abrazó tan fuerte a Cristina cuando le dijo, a modo de reconocimiento: Usted ha sido muy fuerte”.
Fuente: Diario Contexto
Crónica del Brasil obsceno y de un golpe anunciado
por Frederico Füllgraf
Brasil vive días dramáticos. El último domingo, 16 de agosto, se realizó otra marcha más contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. No es sorpresa que los titulares de la prensa mundial la describan como “protesta social”, pues citan como fuentes a los desdichados titulares de los medios mainstream brasileños y a las bolsas de valores, que el año 2003, cuando el ex obrero metalúrgico Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), asumió el gobierno por primera vez, dieron inicio, no a un bienvenido y necesario periodismo crítico, sino a una pauta negativa y a una sistemática deconstrucción del poder, que a lo largo de trece años pareciera definir a los medios más influyentes – TV Globo, revista Veja y los diarios O Globo, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo – como el más cohesionado y poderoso “partido político” de una oposición que se presentaba fragmentada.
La marcha del 16 de agosto fue aclamada por el senador opositor Aécio Neves – candidato conservador del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) derrotado por Rousseff el 26 de octubre de 2014 – que al día siguiente anunció que no daría tregua hasta “desangrar” a su contrincante.
Es llamativo que en estos siete meses de incansables maniobras para desestabilizar al segundo mandato de Dilma Rousseff, el PSDB fundado por el entonces sociólogo exiliado en el Chile de Salvador Allende, ex presidente (1995-2003) y hoy mentor del pensamiento político ultra-liberal, Fernando Henrique Cardoso, no se haya distanciado, sino usado en las marchas a grupos de extrema-derecha con tintes fascistas, que infiltraron las protestas de junio de 2013, con la consigna, no sólo de la deposición de la presidenta, sino de una “intervención militar” y de “¡Muerte al PT!”
Una vez más los titulares de los medios opositores hablarán de una “crisis económica”, pero lo que se ha instigado en el país más grande de América Latina es una gravísima crisis política, cuyos ingredientes son encuestas con preguntas sugerentes estratégicamente diseñadas para mostrar un supuesto rechazo a la presidenta Dilma Rousseff de casi un 71%, una embestida ultra-conservadora en el Congreso electo en 2014 y, finalmente, el odio de la clase media y la elite, en cuyos closets pareciera haber invernado su avatar de insospechada vocación fascista.
De los diarios y las pantallas, la cruzada del odio en las calles
Coordinados por internet, grupos subversivos como “Revoltados online”, “Vem para rua” (“ven a la calle”) y “Movimento Brasil Livre”, fueron entrenados para operativos de bullying político – “golpear al PT” – de los que han sido víctimas ciudadanos comunes, el ex ministro Guido Mantega (agredido en un restaurant), la presidenta, el ex presidente Lula y su Instituto, homónimo, en São Paulo, que a fines de julio fue blanco de un atentado con bomba.
Entre los financistas comprobados de dichos grupos están las fundaciones Charles Koch y David H. Koch Charitable Foundation (“Estudiantes por la Libertad”), y los institutos Cato, Liberal y Ludwig von Mises, todos comprometidos con una agenda ultra-liberal en pro del “Estado mínimo”, privatizaciones radicales, desregulación de derechos laborales y plegarias mesiánicas en torno al mercado como un ente que levita sobre las instituciones y que lo justifica todo.
Sin embargo, la embestida cavernícola se debe al silencio de los partidos de oposición y a la impunidad del “héroe” de los grupos violentistas en la Cámara de Diputados: el ex capitán del ejército y diputado Jair Bolsonaro, que el 10 de diciembre de 2014 – Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH) – agredió a la diputada del PT y ex ministra de DDHH, María do Rosário, con palabras agresivas e inadmisibles:
“¡Ya te dije una vez que no te violo porque no te lo mereces!”
Vocero del mundillo “law & order”, que le entregó 400.000 votos en los comicios de 2014, Bolsonaro es el embanderado del odio. Odio a médicos cubanos (contratados por el sector público, acusados como “agentes castristas infiltrados”); odio a homosexuales (denunciados como “anormales”); odio contra refugiados de Haití (“guerrilleros infiltrados”); odio misógino a las mujeres.
En síntesis: odio a la humanización de un país que intenta liberarse del machismo, la truculencia, la corrupción congénita y otros arcaísmos incompatibles con el Estado Democrático de Derecho.
La diputada agredida presentó una denuncia criminal en la Corte Suprema (STF), el Consejo de Ética de la Cámara encausó a Bolsonaro y la Vice-Fiscal General de la República, Ela Wiecko de Castilho, lo denunció por el delito de incitar a la violación.
La investigación la conduce el ministro Luiz Fux, que en siete meses se limitó a notificarlo, nada más. Impune, el ex militar colecciona decenas de querellas por injuria, difamación, amenazas y agresión, pero la complicidad pasiva del parlamento y la inercia de la Justicia han estimulado su impunidad y la descarada embestida de sus acólitos en las calles.
“The house of Cunha”: lumpen-evangelismo y templo del negocio sucio
Imagínese el lector chileno que, a tres meses de iniciarse la agenda legislativa de la Cámara de Diputados a su presidente no se le ocurrió gestión más descabellada que aprobar nada menos que la construcción de un “shopping center” exclusivo para el deleite de los congresistas, con un costo estimado en 700 millones de dólares.
O de cobrar al Ejecutivo una “amnistía” de las multas fiscales acumuladas por las iglesias pentecostales, que suman 100 millones de dólares. Presionada, la presidenta consintió el perdón millonario con la “medida provisoria” 668, luego alzada a ley 13.137, y publicada en el Diario Oficial de la Unión.
Meses antes, el Senado aprobó una medida provisoria que determinaba otra “amnistía”.
Aquella vez, para las empresas del mercado de la salud privada, que le deben multas con el monto escalofriante de 800 millones de dólares al Fisco, pero que han puesto platas para el financiamiento de campañas políticas de decenas de diputados y senadores. Indignada, la presidenta Rousseff vetó la proposición indecente, sin embargo endosada por la misma Agencia Nacional de Salud, subordinada al Ejecutivo.
“Con amigos así, ¡para qué quieres enemigos!”, dice un refrán brasileño.
Su Excelencia, el presidente de la Cámara de Diputados en Brasilia, se llama Eduardo Cunha. Pertenece al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), agrupación aliada del PT desde 2003, con Michel Temer titular de la vicepresidencia de la Nación.
Cunha es un evangélico fundamentalista que ha desafiado al Estado Laico al instituir el rito de “oraciones colectivas” de la bancada pentecostal en la Cámara, en donde sus 76 diputados de afiliación partidaria transversal se constituyen en el “tercer partido”, superado apenas por el PT (89) y el PMDB (82).
Este frente conservador – caricaturizado como la “Bancada BBB: biblia, balacera y bueyes”, porque suele aliarse con los latifundistas – suele articularse rabiosamente contra pautas como la equidad racial y de género, el derecho al aborto, y sobretodo al matrimonio gay, defendiendo la criminalización de homosexuales y el castigo físico de padres y madres contra niños y niñas.
En 2012, la policía y bandas criminales mataron a 30 mil jóvenes brasileños, 77% de los cuales eran negros. El genocidio es espeluznante y no aparece en los medios: en 2015, cada día son asesinados 82 jóvenes en Brasil. Una tragedia que no tiene solución policial, sino de prevención social y psicológica.
Pero el enfoque de la bancada evangélica es la truculencia: acaba de aprobar la reducción de la edad penal mínima de 18 a 16 años, justificando el combate a la criminalidad juvenil con balaceras y arrestos en penitenciarias y cárceles, que son las verdaderas escuelas del crimen.
Así las cosas, en el Congreso el gobierno Rousseff viene acumulando derrota tras derrota.
Pero de repente he aquí a Cunha acusado por un delator del “Operativo Lava Jato (Lavado de Chorro)”, que desde mediados de 2014 investiga el escándalo de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobrás, y que ha arrestado a una veintena de ejecutivos de grandes empresas y encausado a 47 parlamentarios de cinco partidos políticos diferentes, entre los cuales hay cinco del PT.
En el interrogatorio filmado, luego filtrado a los medios, difundido por la TV y en internet, el lobista Julio Camargo, que operaba como intermediario entre empresas contratistas y la petrolera, juró ante el juez Sergio Moro que le entregó 5 millones de dólares a Cunha para, supuestamente, financiar su campaña política o metérselos en el bolsillo.
Es más, que al demorarse con el pago, fue victima de acoso por enviados del parlamentario, con amenazas del más genuino modus operandi de la Mafia.
Sólo entonces algunos medios se acordaron que, entre otras acusaciones, Cunha está enjuiciado en 20 procesos por improbidad administrativa, pero ninguno preguntó, cómo es posible que un parlamentario con tal prontuario haya burlado el monitoreo de la transparencia y logrado su elección.
Acto seguido, el presidente de la Cámara, que ya obstruía los proyectos del Ejecutivo, declaró su rompimiento con la presidenta Rousseff, atribuyéndole su delación como acto de “venganza” y como “maniobra política” del Fiscal General Rodrigo Janot.
No satisfecho, al iniciarse el mes de agosto, Cunha acogió dos de los once pedidos de impeachment de la presidenta, protocolados por el Senador Aécio Neves. Lo que suscitó desconfianza hasta en la prensa estadounidense, en donde el Washington Post (29/5/2015) se preguntó “Does Brazil’s new speaker of the lower house want the government to fall?” (¿Quiere el nuevo vocero de la cámara baja derrocar al gobierno?).
Por eso, explicar lo que sucede en Brasil, mi país, suele recordar tramas de las películas policiales de segunda categoría hollywoodenses – un grosero mix de los “Escritos de un Viejo Indecente” (Bukowski), “Cinco Asesinos” (Chandler) y una pizca de “El Nombre de la Rosa”, de Eco, porque es en sótanos mugrientos que se mueven los personajes siniestros de la narrativa, pero es en “House of Cards”, de Michael Dobbs, donde se refleja el Führer del congresismo brasileño.
La fiscalía tuerta y el golpe anunciado
Pero ¿por qué derrocar a Dilma Rousseff?, se preguntará el lector.
En su edición del 23 de octubre de 2014 – edición anticipada en dos días, para así influenciar la segunda vuelta de la elección – la revista “Veja”, del grupo editorial Abril, acusaba a Rousseff y a su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el titular: “Ellos lo sabían todo”.
Para buen entendedor: que Rousseff y Lula no solo habían ocultado la corrupción en Petrobras, sino que habían sido elegidos con fondos originarios de coimas criminales, pagadas al gobiernista PT – Partido de los Trabajadores– por poderosas empresas contratistas.
Empero, pocos días después, la acusación fue desmentida como grosero montaje por el mismo abogado del supuesto delator, y la revista fue procesada por alevosía. La inocencia de Rousseff está afianzada por el Fiscal General, Rodrigo Janot, y hasta Fernando H. Cardoso se apresuró en confirmarle a la presidenta su perfil de “persona honrada”.
Pero esta no es la postura de los fiscales ideológicos de Janot, ni mucho menos de los ministros de la Suprema Corte.
Juristas independientes alertan que el operativo “Lavado de Chorros” ya no es más una investigación judicial sino un operativo político, con delaciones recompensadas, sin pruebas consistentes, filtraciones sistemáticas a medios de comunicación conservadores y – colmo de la audacia – con fiscales del Ministerio Publico Federal actuando como agitadores políticos en redes sociales e iglesias pentecostales, instando a la población incauta para “derrocar a este gobierno izquierdista”.
Un operativo político que hace la vista gorda frente a escándalos criminales como el “Caso Zelotes” – una maniobra de evasión fiscal estimada preliminarmente en más de 6 mil millones de dólares (tres veces el monto de Lavado de Chorros), en que están encausadas 70 empresas (entre ellas Ford, Mitsubishi y los bancos Santander y Safra) y el “Partido Progresista”(PP), pero que hace años dormita “encajonado” en la fiscalía y la Corte Suprema.
No habiendo sido posible probar ninguna complicidad de Dilma Rousseff con el escándalo contratista-petrolero, ahora se la acusa de “pedaleo fiscal”, jerga de economistas, según la cual en 2014 el gobierno supuestamente gastó más de lo que estaba autorizado.
Una grotesca falacia del TCU, Tribunal de Cuentas de la Unión que, primero, no auditaba las cuentas de gobiernos anteriores desde el año 2002 y que – aberración y sorpresa – tiene entre sus implicados a dos jueces denunciados en el escándalo petrolero como receptores de millonarias propinas; entre ellos el presidente de la Corte, Aroldo Cedraz, un ex diputado del ultra-derechista “Partido los Demócratas” (DEM).
En una entrevista al diario “Folha de Sao Paulo” (1/3/2015), el eminente economista y politólogo Luiz Carlos Bresser Pereira advirtió un grotesco sentimiento de “odio colectivo” de los ricos hacia el PT y el gobierno de Dilma Rousseff, debido al tremendo esfuerzo de la mandataria y su precursor, el ex presidente Lula, en políticas de inclusión social inéditas en los 500 años de existencia del país.
El diagnóstico podría escucharse como publicidad tramposa de un gobiernista, pero ocurre que Bresser Pereira no es del PT, sino ex ministro de Hacienda del ayer teórico de la “dependencia”, pero hoy opositor y ultra-liberal Fernando Henrique Cardoso.
El odio colectivo señalado por el profesor se dirige a los 36 millones de brasileños sacados de la extrema pobreza con los programas “Brasil Sin Miseria” y “Bolsa (beca) Familia”.
Así las cosas, el “crimen” de Rousseff y de su predecesor consiste en que su modestísimo proyecto de desarrollo redistributivo atentó contra el script de la nueva derecha rentista, insatisfecha con la tasa de intereses, la lógica de la deuda pública indexada, el control de la infraestructura por la vía de concesiones y el control sobre el archi-billonario negocio petrolero.
De todos modos, en Brasil se agotó el ciclo del neo-desarrollismo lulista. O Rousseff encara al desafío con una reforma ministerial, torciendo hacia la izquierda, o será rehén de los mercados.
Si cae Dilma Rousseff, cambiará radicalmente el mapa geopolítico latinoamericano y posiblemente el mapa mundi diseñado a duras penas por los BRICS.
Grupos sociales preparan marcha en defensa de la democracia brasileña
Movimientos sociales y partidos políticos ultiman hoy detalles de las movilizaciones de mañana en diversas ciudades de Brasil en defensa de la democracia y contra los intentos de golpe promovidos por sectores de derecha.
Según la agenda difundida por el gremio Central Única de los Trabajadores (CUT), la Unión de Estudiantes de Brasil (UNE) y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) se registrarán marchas desde horas tempranas de este jueves en todo el país.
Las manifestaciones de mayor peso ocurrirán en 10 capitales estaduales, donde los brasileños saldrán a las calles a respaldar la institucionalidad del país, rechazar los intentos de desestabilización política y actos de intimidación, señaló el líder de la CUT en Sao Paulo, Adir dos Santos Lima.
Vamos a dejar claro que no aceptaremos ningún tipo de provocación o violencia como la bomba casera lanzada en días pasados contra el Instituto Lula, subrayó.
Lima dijo que mostrarán igualmente su repudio a las pretensiones de crear un ambiente de pesimismo y desesperación para impulsar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, pedir su sustitución y demandar nuevas elecciones.
Para la máxima representante de la UNE, Carina Vitral, la movilización de mañana será una respuesta a las protestas del 16 pasado y demandarán respeto a los electores brasileños que votaron por la reelección de Rousseff en los comicios de 2014.
Aprovecharemos esta ocasión para discutir los rumbos del gobierno y el país, y colaborar para encontrar una salida que asegure la reanimación y crecimiento de la economía con una Agenda Brasil que contenga propuestas sociales, indicó.
“Queremos presentar una agenda de reformas populares”, recalcó al ratificar que los estudiantes estarán mañana en las calles de todo el territorio nacional.
Al igual que Vitral, el coordinador Nacional del MTST, Guilherme Boulos, dijo que en las marchas demandarán un cambio de posición en el Congreso, donde bloques conservadores intentan imponer sus recetas, en detrimento de la estabilidad nacional.
Destacó que además de respaldar la democracia, exigirán al gobierno implementar reformas políticas, la manutención de los programas sociales y un impuesto para las grandes fortunas.
El MTST va a garantizar la presencia en las calles de Sao Paulo de más de 20 mil personas, enfatizó.
Los partidos de los Trabajadores (PT), en el gobierno, y Comunista do Brasil (PCdoB), convocaron a sus militantes a marchar junto con los gremios en las movilizaciones para rechazar los intentos golpistas de sectores de derecha.
Otras organizaciones como la Unión de Jóvenes Socialistas, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y asociaciones de mujeres se sumarán a estas marchas.
Advierten sobre procesos desestabilizadores en América Latina
Los gobiernos populares nacionales de América Sur son hoy objeto de crecientes operaciones desestabilizadoras como estamos viendo, considera el diputado argentino Horacio Pietragalla.
«Las acciones de perturbación del orden ciudadano, contra la estabilidad política y económica, y las manipulaciones mediáticas constituyen una manifestación de golpismo», sostuvo el legislador en la conferencia «Ecuador, Desafíos Legislativos».
En el encuentro anoche en la Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner participó el diputado ecuatoriano José Gabriel Rivera, quien disertó sobre las enmiendas constitucionales y los proyectos de ley que se debaten en su país, y la embajadora Gloria Vidal.
La actividad es parte del «Diálogo Ciudadano sobre la propuesta de enmienda constitucional» que promueve el gobierno ecuatoriano.
Pietragalla, quien preside el Grupo Parlamentario de Amigos con Ecuador en el Congreso argentino, alertó que esas acciones destituyentes las impulsan los grupos concentrados de poder político, económico y mediático «que son los grandes enemigos del progreso popular».
Señaló que se están dando en Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela y «hasta aquí en Argentina vemos un avance de la derecha y las corporaciones contra el proyecto popular de la presidenta Cristina Fernández», acotó.
Por otro lado, el secretario para la Integración en la Cancillería argentina, Oscar Laborde, opina que Brasil, Ecuador y Venezuela son los objetivos claros de esa política, «mientras en Argentina amenazan, permanentemente, con golpes de mercado».
En el caso argentino, los resultados del proceso electoral y la alta imagen positiva de la Presidenta Cristina Fernández han quitado fuerzas a la estrategia desestabilizadora, considera el también director del Instituto de Estudios de América Latina de la Central de Trabajadores de Argentina.
La realidad brasileña muestra como la derecha norteamericana y los partidos opositores actúan coordinadamente en todos estos países. «El primer elemento es que no existen hechos inconexos», plantea el también candidato al Parlasur en un artículo para Página 12.
Para sustentar su tesis, explica que el tema de las irregularidades financieras en Petrobras tiene ya varias décadas, sin embargo se lo reinstala ahora, y se toma sólo para su investigación -básicamente- todo el período de gobierno del PT.
Aparece entonces -continúa- otro factor común a los intentos desestabilizadores en toda la región: el rol del Poder Judicial, absolutamente, funcional a las corporaciones.
El tercer elemento a tener en cuenta -comenta- es que en un sistema democrático, las mayorías parlamentarias sirven para consolidar las políticas de Estado, pero también para impedir la instrumentación de golpes vía el Poder Legislativo.
La experiencia paraguaya es aleccionadora y la del PT enfrenta esta encrucijada, alerta.
Laborde advierte que «el freno a los gobiernos populares ya no se realiza por alzamientos con represiones feroces, sino aprovechando un sistema político que demuestra estar obsoleto -fue armado para el funcionamiento de las oligarquías- para esta nueva realidad latinoamericana».
Parlasur respalda legalidad de Gobiernos progresistas de la región
Tras participar en una sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur), legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela emitieron una declaración de la Bancada Progresista
Parlamentarios de fuerzas progresistas del Mercado Común del Sur (Mercosur) denunciaron un intento de restauración conservadora y resurgimiento del neoliberalismo para América Latina y el Caribe.
Asimismo, reafirmaron su apoyo a los Gobiernos democráticamente electos de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, que están impulsando procesos de transformaciones, y hoy enfrentan a movimientos desestabilizadores que intentan revertirlos, reportó PL.
Sectores conservadores, aliados con grandes oligopolios de comunicación y sectores de derecha, están desplegando intentos de desestabilización, deslegitimación y cuestionamiento de la voluntad soberana, señalaron.
Tras participar en una sesión del Parlamento del Mercosur (Parlasur), legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela emitieron una declaración de la Bancada Progresista.
El texto agrega que la respuesta a esas acciones debe ser la articulación de las organizaciones políticas de izquierda, populares y progresistas con estrategias comunes.
Nuestra región, subraya, es una zona de paz, con plena vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
Más adelante, en un comunicado, las fuerzas políticas de la subregión reiteraron su solidaridad con Venezuela, frente a prácticas injerencistas y desestabilizadoras, con clara intervención de Estados Unidos.
En ese sentido, manifestaron su preocupación por la presencia de la transnacional petrolera Exxon Mobil en un territorio bajo litigio entre Venezuela y Guyana, que constituye, dijeron, un riesgo para la paz regional y obstaculiza el diálogo.
Además, la Bancada Progresista del Parlasur denunció un «golpe a la paraguaya» en Brasil, similar al que destituyó al presidente Fernando Lugo.
En otro punto, alertaron sobre la persecución de los movimientos sociales y la violación de los derechos humanos en Paraguay.
Asimismo, reiteraron su respaldo a la unidad del Mercosur y el Parlasur, señalaron la importancia del ALBA, Petrocaribe, Unasur y la Celac, y cuestionaron el Tratado Internacional de Comercio de Servicios.
Organizaciones sociales de Ecuador expresan su apoyo al presidente Rafael Correa
En Ecuador, diferentes organizaciones sociales del Frente Unidos se han manifestado en apoyo al Gobierno de Rafael Correa. Los activistas rechazaron los intentos de alzamiento de la oposición, cuya manifestación tuvo lugar tras el anuncio de los líderes indígenas de continuar con las protestas en todo el país.
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Revela Nicolás Maduro video sobre vínculos entre dirigentes opositores y grupos criminales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este martes un video en el cual queda demostrado los vínculos de principales dirigentes de la derecha venezolana con grupos criminales, quienes recibían financiamiento de agentes provenientes de Colombia y Estados Unidos.
Algunos de los dirigentes políticos de oposición mencionados en el video son el diputado a la Asamblea Nacional por el partido Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, la exdiputada de la Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y el gobernador del estado Miranda (centro-norte), Henrique Capriles.
En el video, se muestra el testimonio de José Pérez Venta, involucrado en el asesinato de Liana Hergueta, en el que confesó el método usado para llevar a cabo hechos violentos que fueron orquestados desde Colombia por el expresidente ultraderchista Álvaro Uribe.
“Estando en Carabobo con Julio César Rivas nos fuimos un grupo de jóvenes a una finca, estuvimos allí un par de días haciendo lectura nuevamente con lo que era el manual de Gene Sharp en la lucha no violenta” y además recibieron “otro tipo de instrucción que se daba allí” para actuar ante un “disturbio (y saber) cómo enfrentar a los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo José Pérez Venta en relación con los entrenamientos que recibía.
Refirió que en esas reuniones en un “terreno las afueras de Cúcuta (Colombia) había un militar venezolano (del cual no recuerda el nombre). Así como también muchos muchachos de San Cristóbal (estado Táchira) que estaban presenciando los entrenamientos.
Destacó que habían paramilitares por la “manera en que decían las cosas, en como impartían el orden cerrado (…) cómo enfrentarte, cómo detectar situaciones de emergencia para evacuar todo este tipo de cosas”.
En el material audiovisual se revela también la vinculación de agentes externos en planes golpistas. Entre ellos el congresista republicano de Estados Unidos Marco Rubio y el encargado de negocios del gobierno estadounidense en Venezuela, Phil Laidlaw, este último contactado por Gabriela Arrellano, dirigente estudiantil vinculada a grupos promotores de violencia.
Por otro lado, Maduro afirmó que tiene la grabación en la que se oye cómo se da la orden para mandar a asesinar al político de ultraderecha Leopoldo López, quien actualmente se encuentra respondiendo a la justicia venezolana.
“Querían matar a López para echarle la culpa al Gobierno y buscar que la gente de oposición saliera a quemar todo. Yo le salvé la vida a Leopoldo López y Diosdado le salvó la vida a Leopoldo López”, indicó el mandatario.
Las investigaciones sobre el caso de Liana Aixa Hergueta González, de 53 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado la semana pasada en el interior de un vehículo en Caracas (capital), revelan que en la autoría intelectual está un político opositor, el sicariato fue ejecutado a través del paramilitarismo y el hampa común fue utilizada con fines políticos, información proporcionada por el Ministerio de Justicia.
Los presuntos asesinos: Carlos Eduardo Trejo Mosquera (autor intelectual), José Rafael Pérez Venta y Samuel José Angulo Sánchez (autores materiales) están vinculados a “figuras notables de la oposición” y ahora en condición de detenidos “están dando aportes importantísimos” sobre financiamiento, operadores políticos, modos operandi, sitios de entrenamiento y todo un esquema “que el hampa organizada tiene fines políticos”, dijo el ministro del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López.
José Rafael Pérez Venta (27), uno de los implicados en el crimen, aseguró en su declaración a las autoridades que el general retirado Antonio Rivero (opositor al Gobierno venezolano) lo entrenó mientras trabajaba como parte del anillo de seguridad de dirigentes políticos, informó este domingo el ministro del Interior venezolano.
Pérez Venta trabajó en los anillos de seguridad de voceros del partido Voluntad Popular (partido de oposición de Leopoldo López) por varios años, destacó con anterioridad el ministro.
Política de paz
También este martes, el presidente Nicolás Maduro dijo que su Gobierno mantendrá su política nacional e internacional de paz, aún y cuando desde Estados Unidos (EE.UU.) se fraguan planes para desestabilizar a esa nación suramericana, reseñó AVN.
“La paz se construye y se gana todos los días, en todos los espacios”, aseguró el mandatario venezolano en su programa semanal “En Contacto con Maduro” número 36, desde Camuri Chico, estado Vargas. Enfatizó su Gobierno encara “al plan del Pentágono y del Cono Sur de hacer implosionar a Venezuela”.
Más temprano informó que expondrá un compendio de pruebas sobre la paramilitarización de sectores de la derecha nacional, que busca generar caos en la población, reporta cubadebate.
“Voy a mostrar parte de un conjunto de pruebas que van, poco a poco, ir saliendo a la luz pública. Voy a mostrar pruebas contundentes de lo que es la paramilitarización de la derecha venezolana, de una manera muy por encima de lo que ustedes puedan imaginar o hayamos podido denunciar en su momento. Todo este fenómeno de la paramilitarización de la derecha, de sectores criminales del hampa, para cometer crímenes contra nuestro pueblo”, manifestó Maduro.
Anuncio de nuevos ministros
El Presidente de la República de Venezuela, anunció que ha designado al General de División Manuel Quevedo como el nuevo ministro de Vivienda, en sustitución de Ricardo Molina quien le ha designado una nueva tarea de cara a las elecciones parlamentarias.
En ese orden también nombró a Eulogio del Pino como nuevo ministro de Petróleo y Minería y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Fuerzas especiales para la paz
El presidente Nicolás Maduro sostuvo que la única forma de consolidar la paz en el país es reforzar la lucha comunal que se realiza desde las comunidades organizadas.
Recientemente, Maduro anunció la creación de comandos de paz en toda la nación suramericana para enfrentar a los grupos desestabilizadores que pretenden arremeter contra el pueblo venezolano.
En julio de este año, el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López informó sobre un despliegue de seguridad en la Cota 905, de Caracas (capital de Venezuela) donde se logró la captura de más de 100 personas, algunas de ellas, vinculadas con el paramilitarismo colombiano.
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