La corrupción transnacional corroe sin distinción a todos los países del planeta y la mitad de los casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados, reconoció un informe presentado ayer por la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo (OCDE), que tiene su sede en París. La OCDE reprochó a Chile la «insuficiente» investigación de los posibles casos de corrupción de funcionarios extranjeros que implican a sus empresas y pidió más esfuerzos para que las informaciones de diferentes fuentes refuercen la detección de esos comportamientos.
La dimensión del fenómeno es tan grande que representa un volumen de 13 mil 800 millones de dólares anuales, estimó la institución que dirige el mexicano José Ángel Gurría, basándose en 427 casos de corrupción juzgados desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
Si se confirman esas cifras, el cohecho podría representar 10.9 por ciento del valor total de las transacciones y 34.5 por ciento de las utilidades, precisa el documento divulgado por la organización que reúne a los 34 países más desarrollados del planeta.
Las estadísticas reales son al parecer mucho más importantes, teniendo en cuenta que se trata de una estimación a partir de hechos documentos. Eso significa que numerosos casos escaparon al monitoreo de la OCDE.
Los mayores episodios de cohecho son atribuibles a grandes empresas multinacionales. Pero el informe demuestra que el efecto corrosivo de la corrupción se produce en todos los países por igual sin distinción de su nivel de desarrollo.
En esta primera radiografía de la corrupción internacional, la OCDE estima que 57 por ciento de las operaciones fraudulentas afectaron a empresas o instituciones públicas: 27 por ciento de los casos implican a empleados de empresas estatales, 11 por ciento a funcionarios de aduana, 7 por ciento a agentes del sistema de salud y 6 por ciento a personas vinculadas a organismos de defensa. Los jefes de Estado y ministros aparecen en 5 por ciento de los casos documentados, pero el monto de lo que aceptaron representó 11 por ciento del total de lo pagado.
En el otro extremo de la cadena corruptora, la OCDE descubrió que 53 por ciento de las acciones fueron cometidas por directivos y altos cargos de empresas, por lo general de gran tamaño. Los sobornos que se pagan habitualmente superan el 10 por ciento de la cifra de negocio.
Los sectores más vulnerables a la corrupción son el extractivo (petróleo y minería) con 19 por ciento; construcción 15 por ciento; transporte y almacenamiento 15 por ciento e información y comunicaciones 10 por ciento.
El informe de la OCDE define la corrupción transnacional como el hecho de «ofrecer (…) una ventaja indebida pecuniaria o de otro tipo, (…) a un agente público extranjero, para su provecho o para provecho de un tercero, para que este agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, con vista a obtener o conservar un mercado (…) en el comercio internacional».
En tres de cada cuatro casos, aparecen implicados intermediarios, que pueden ser agentes físicos o vehículos jurídicos como las filiales o las empresas situadas en paraísos fiscales. Esto muestra a qué punto los instrumentos jurídicos son «la piedra angular de la corrupción», comentó Friederike Röder, directora de la ONG One France.
Röder explicó que precisamente «la Unión Europea está negociando la revisión de su directiva contra el blanqueo (de dinero sucio). Todo el mundo desea avanzar sobre la recogida de información acerca de los beneficiarios efectivos del dinero situado en las empresas pantalla, pero la negociación tropieza sobre la publicación o no de los datos», precisa.
One calculó que «los países en desarrollo se ven cada año privados de al menos mil millones de dólares que desaparecen en las empresas pantalla a menudo disimuladas en los países de la OCDE».
En forma aleatoria, la OCDE destaca que el otro gran problema creado por ese fenómeno es que «la corrupción y la percepción de la corrupción minan la confianza en los gobiernos, las empresas y los mercados».
La única buena noticia de ese informe es que un tercio de las corrupciones fueron descubiertas por los organismos de control de las propias empresas, en 26 por ciento de los casos fue la policía o la justicia y en 5 por ciento los medios de comunicación.
«Para ganar la batalla contra la corrupción, tenemos que conocer a nuestro enemigo», afirma Gurría para justificar la elaboración de este primer informe.
Fuente: El Sol de México
OCDE le reprocha a Chile la insuficiente investigación de casos de corrupción
La OCDE reprochó a Chile la «insuficiente» investigación de los posibles casos de corrupción de funcionarios extranjeros que implican a sus empresas y pidió más esfuerzos para que las informaciones de diferentes fuentes refuercen la detección de esos comportamientos.
En un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo de trabajo sobre la corrupción señaló que de los siete casos conocidos desde que Chile entró en el mecanismo de la convención en 2001, sólo uno estaba siendo investigado cuando hizo su misión de evaluación en octubre.
Desde esa visita de sus expertos a Santiago, se han iniciado procedimientos en un segundo caso y se han reactivado otros dos de los archivados provisionalmente.
«Chile tiene que garantizar que las sospechas de corrupción en el extranjero son plenamente investigadas y no se cierran prematuramente», indicó.
Según su análisis, «no se exploran suficientemente los vínculos territoriales con Chile» de escándalos que surgen en el extranjero.
La OCDE hizo un repaso de los casos guardando el anonimato de las empresas presuntamente implicadas, siguiendo la demanda de las autoridades chilenas.
Así, se cita «una gran compañía aérea chilena» que se vio envuelta en informaciones en las que se señalaba que había pagado una comisión al secretario de Transportes de Argentina y a su asociado para obtener el acuerdo de Buenos Aires en agosto de 2006 a la entrada en su mercado.
La organización constató que tras la apertura de un procedimiento en Chile en enero de 2011 por la denuncia de un parlamentario, un fiscal decidió el archivo provisional por considerar que no tenía jurisdicción puesto que los pagos se habían hecho con cuentas bancarias en Estados Unidos y filiales domiciliadas allí.
El caso se ha reabierto después de que los expertos manifestaran preocupación por ese archivo, durante su estancia en la capital chilena.
El grupo de trabajo sobre la corrupción, creado por los 34 países miembros de la OCDE, Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Letonia, Rusia y Sudáfrica, realizó una visita de evaluación del 22 al 24 de octubre de 2013 a Santiago, donde se entrevistó con representantes del sector público, del mundo empresarial, de la judicatura, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
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