Las movilizaciones sociales han permitido que volvamos a discutir el estado de nuestra democracia en general. Uno de estos temas, quizás el más ambicioso, es el de una nueva Constitución. No obstante, limitar la discusión constitucional al procedimiento lamentablemente ha empobrecido la discusión.
En vez de debatir sobre democracia, mercado o derechos sociales, abordamos con lupa los quórum, cabildos ciudadanos y la educación cívica. Este camino limita la discusión a las organizaciones políticas, politólogos y juristas, alejando aún más a la sociedad. Se asfixia el debate y se socava la posibilidad de una nueva Constitución, pues sin sociedad no existe un nuevo orden constitucional democrático.
Debiésemos discutir sobre el orden constitucional actual, es decir, el sistema jurídico e institucional que compone la forma del Estado y a través del cual se realiza una visión de sociedad, no meramente la letra de un texto. Lejos de ser una abstracción, una Constitución es la realización concreta y la aspiración a futuro de un orden.
En Chile, ese orden constitucional es autoritario en lo político, conservador en lo cultural y extremadamente mercantilizado en lo económico y social.
Una nueva Constitución debiera significar terminar con esta transición que parece infinita, lo cual implica cambiar también el orden político que la ha sostenido. Las injusticias derivadas de la actual forma de Estado no son responsabilidad exclusiva de la dictadura, pues los gobiernos siguientes han profundizado sus lógicas. Las luchas por derechos sociales, en especial las que han protagonizado los estudiantes, son en ese sentido también constituyentes.
Entonces, cuando se limita la discusión al procedimiento se realiza una primera devaluación de la cuestión constitucional. Pero cuando además el Gobierno evade tomar posición -salvo al parecer en el CEP-, incluso ante el procedimiento, se realiza una segunda devaluación.
No sólo debatiremos exclusivamente el cómo, además lo haremos sin una toma de posición de La Moneda.
Con lo que se conoce, la propuesta del Gobierno es disminuir el quórum de aprobación del procedimiento de 2/3 de los parlamentarios a 3/5, dejando al próximo Parlamento un mandato no vinculante.
Esta intrincada propuesta ha sido recibida con escepticismo por los partidos, lo que contrasta con la evidente incapacidad política del Gobierno. Se refleja así la poca convicción de éste en su propia propuesta, una alerta para quienes bregamos por un proceso constituyente democrático.
La Nueva Mayoría no logró ser alternativa política para una transformación constitucional. Al igual que con la educación, su ambigüedad termina minando las posibilidades mismas de una nueva Carta Magna.
La alternativa para constitucionalizar la superación del Estado subsidiario y transitar hacia uno social y democrático sólo será posible articularla con independencia de La Moneda. Seguir colaborando en aquellas reformas que edifiquen derechos sociales y al mismo tiempo construir una alternativa política capaz de lograr el objetivo principal: un nuevo orden constitucional.
