La Fiscalía Nacional Económica respondió al Colegio de Periodistas que la realización de estudios sobre concentración mediática en Chile no está dentro de sus prioridades inmediatas.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
En opinión del Colegio, esta respuesta demuestra que existen los organismos del Estado no tienen claridad sobre la urgencia que esta materia reviste tanto para el avance hacia una sociedad democrática como para, incluso, el mercado de los medios de comunicación.
La misiva fue despachada en respuesta a un requerimiento formal del colegio y en esta el fiscal Felipe Irarrázabal, a través de su jefa de Relacionales Institucionales, respondió que la realización de un informe “podría ser considerada en futuros estudios que se realicen”.
Sin embargo, agregó que esto estará condicionado por “las prioridades que se establezcan entre los distintos temas, que pueden ser objeto de esta reciente atribución de la FNE, así como la disponibilidad de recursos, tanto humanos como económicos”.
Para la presidenta de la orden, Javiera Olivares, el documento “nos hace notar que existen ciertas autoridades del Estado que no han llegado a la convicción de que la concentración en el sector de los medios de comunicación atenta contra la democracia chilena y para este fundamental sector económico”.
En este sentido, indicó que “desgraciadamente, la elaboración de este tipo de estudios depende de la voluntad de la autoridad y aquí vemos que no existe, lo que incide en las posibilidades reales de, primero, diagnosticar y luego, regular, el poder que ciertos grupos económicos y mediáticos tienen sobre lo que lee, ve o escucha la gran mayoría de la población que se informa fundamentalmente a través de los medios tradicionales”.
Fue el 23 de junio cuando la directiva nacional del Colegio de Periodistas sostuvo una reunión con Irarrázabal, donde se comprometieron a hacer la solicitud formal, relativa a la elaboración de un estudio que indague en la concentración económica, desde la perspectiva de la integración vertical y horizontal.
En esa ocasión, los dirigentes entregaron diversos antecedentes al fiscal nacional, entre los que se cuentan estudios e informes internacionales, junto a la denuncia que el Colegio de Periodistas realizó en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, sobre la tendencia a la concentración de la propiedad mediática en Chile y su afectación a la garantía del derecho humano a la información.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
En este sentido, desde la organización indicaron que esta falta de interés de la FNE no se hace cargo de las recientes observaciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que demuestran que el panorama oligopólico de la prensa en Chile es preocupante: “Existe una concentración excesiva en la propiedad y control de los medios de comunicación en manos de un reducido número de grupos económicos y las consecuencias de este fenómeno en el pluralismo informativo”.
En sus indicaciones preliminares al informe definitivo de la relatoría (que entregará a fin de año), Lanza advierte que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
La preocupación del Colegio de Periodistas en dar urgencia a la revisión de estos temas se ve reforzada con una serie de acciones que ha levantado la organización, en la búsqueda de dar solución a demandas históricas.
En esta línea, se plantea apelar a distintas organizaciones públicas y gubernamentales sobre temas de derecho a la información, concentración de la propiedad mediática y libertad de expresión, con miras a la creación de una Ley de Medios que asegure una regulación sobre la tenencia de la propiedad de los medios de comunicación, garantizando en la Constitución la figura del Derecho a la Comunicación.
