El proyecto de Nueva Educación Pública -que busca desmunicipalizar la educación y crear un sistema público de carácter nacional-, en buena hora viene a ayudar a resolver la grave crisis que existe en las escuelas y liceos de nuestro país.
De forma similar a la propuesta del Colegio de Profesores sobre Nueva Institucionalidad, el proyecto propone la creación de un sistema de Servicios Locales de Educación (SLE), esto es, una estructura estatal, descentralizada a través de servicios públicos, financiada integralmente por el Estado y sujeta a las normas de la Alta Administración Pública.
Este modelo de SLE tendrá como único objetivo el crecimiento y buen desarrollo de la educación pública, un gran avance si tenemos en cuenta que hoy la educación municipalizada está al arbitrio de la buena voluntad de los alcaldes de turno.
Como gremio docente, podemos dar fe de la realidad inorgánica e improvisada de la educación pública actual, ya que el modelo vigente no ha podido siquiera entregar garantías para el buen cumplimiento de la ley y ha desdibujado en la práctica el carácter público de los profesionales de la educación y las normativas del Estatuto Docente.
Así lo evidencian las reiteradas violaciones por parte de los municipios al Estatuto Docente, las que han generado una «cultura de la judicialización» de nuestros derechos laborales.
Un nuevo sistema de administración de la educación pública, además de aclarar responsabilidades y procedimientos en caso de la violación de los derechos laborales -deudas previsionales, despidos arbitrarios y de otra índole-, debe contribuir realmente al desarrollo profesional y la formación continua de los docentes, reconociendo las necesidades más específicas del aula y abordándolas de buena manera.
Para todo lo anterior, es necesario impulsar la democratización de las decisiones de los SLE, pues solo así se podrán recoger realmente las necesidades y particularidades territoriales. Sin embargo, esto no debe inhibir el carácter nacional del sistema, que oriente y pueda alinear a la educación pública con el desarrollo nacional y los objetivos que se proponga el país.
En este último punto, diferimos de la opinión emanada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) sobre la «excesiva centralización» del sistema.
Consideramos de gran valor la contribución del CNE; sin embargo, el mismo estudio plantea que no existe consenso internacional sobre los grados de autonomía para el buen funcionamiento de las escuelas. Así también lo confirma la experiencia que hemos recogido como Colegio de Profesores en la Internacional de la Educación.
Insistimos en que hoy tenemos un sistema inorgánico y en descomposición continua -cierre de escuelas, violencia escolar, segregación-. Esta realidad es estructural y necesita al Estado para recomponerse.
Sin una visión global y atribuciones necesarias para tomar decisiones de forma sistemática, será muy difícil salvar a la educación pública de su descalabro actual.
Esto sin olvidar que uno de los orígenes de la crisis es su sistema de financiamiento -el voucher-, defecto y principal deuda que ha tenido este proyecto.
(*) Presidente Nacional Colegio de Profesores de Chile A.G.
