El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago desestimó una querella criminal interpuesta por el ex concejal y dos veces candidato alcalde de la UDI, Mauricio Smok, contra el arquitecto y sociólogo Daniel Jadue Jadue, ex alcalde de Recoleta.
El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por falta de pruebas, según el abogado defensor del Departamento de Educación de Municipalidad de Recoleta, Rodrigo Liberona Muñoz.
Esto se trató de una maniobra política digitada por relevantes dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, UDI, como la ex senadora Jaqueline Van Rysselbergher quien además era presidenta del partido y de Cristian O”Ryan, ex superintendente de educación del gobierno del malogrado ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
O”Ryan tuvo una destacada trayectoria durante la sanguinaria dictadura de Pinochet como miembro del grupo folklórico Los Huasos Quincheros, quienes amenizaban las comidas y jolgorios de Augusto Pinochet, Álvaro Corbalán y el Mamo Contreras entre otros.
El 19 de abril del año 2019, los mencionados dirigentes de la UDI interpusieron la demanda, acompañados por el mediático abogado Cristian Espejo, quién hace unos meses fue fiscalizado en su lujoso vehículo marca Jaguar, el que no contaba con sus permisos de circulación al día y quién además es representante de Mauricio Smok en el caso ACHIFARP y que estuvo envuelto en el escándalo del caso Spiniak donde compró el cuaderno de Gemita Bueno, denunciante de pedofilia de los ex senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa.
La acción penal interpuesta por la UDI acusaba a Jadue por desfalco y uso indebido de caudales públicos en la arista de supuestos desvíos de recursos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP. La senadora imutada a Jadue el mal uso de caudales públicos.
En ese momento Jadue ya era precandidato presidencial del Partido Comunista.
Esta acción es calificada por el abogado Liberona como el primer paso de la llamada guerra sucia judicial o lawfare contra del ex alcalde Daniel Jadue, quién hoy aspira a convertirse en diputado por el distrito nueve luego que su partido terminase eligiendo a la ex ministra del trabajo del gobierno de Gabriel Boric, Jeanete Jara como la encargada de representar en primarias presidenciales oficialistas los sueños y anhelos de los comunistas chilenos.
La opinión de Liberona, quién desde el 2019 se comprometió para demostrar la falsedad de las acusaciones en contra de Daniel Jadue, es categórica:
“Después de cinco años de una profunda investigación por parte del Ministerio Público a cargo de la fiscal Patricia Cerda, en donde pusimos todos los antecedentes a su disposición incluso abriendo las cuentas corrientes y entregando todos los documentos solicitados, los querellantes, Mauricio Smok y Alejandra Muñoz, no pudieron sostener sus imputaciones y el Ministerio Público no encontró antecedentes para ni siquiera formalizar a las personas denunciadas. Frente a esto estudiaremos en mérito y tiempo acciones penales por injurias y calumnias con publicidad, contra los denunciantes de la UDI”
Est es apenas un adelanto de lo que le ocurrirá a la viciada investigación de la fiscala Giovanna Herrera, cuando deba presentar pruebas en el juicio oral.
Por Patricio Mery
Un Año de Prisión Política de Daniel Jadue: Juristas y Personalidades Internacionales Exigen su Inmediata Liberación
Este 3 de junio de 2025 se cumplió un año desde la injusta privación de libertad de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. En este contexto, un grupo de 500 juristas, acompañado de académicos, defensores de derechos humanos y personalidades del mundo político y cultural de distintas partes del mundo, ha suscrito una Declaración Pública que denuncia la naturaleza política de su prisión preventiva, exige su liberación inmediata y alerta sobre el uso instrumental del sistema judicial para la neutralización de adversarios políticos en Chile.
La declaración ha sido firmada por prominentes personalidades provenientes de Chile, Brasil, Argentina, España, Australia, Suecia, Noruega, Canadá, Perú, Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Portugal, Italia y Bélgica, lo que evidencia su carácter internacional y el amplio respaldo que ha generado en diversas regiones del mundo.
Entre las personalidades firmantes se destacan:
• Raúl Zaffaroni (Argentina), exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
• Manu Pineda (España), eurodiputado de Izquierda Unida y defensor internacional de derechos humanos;
• Enrique Santiago (España), jurista y diputado del Congreso de los Diputados por Madrid y secretario general del Partido Comunista de España;
• Carlos Margotta (Chile), expresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH);
• Nelson Caucoto (Chile), abogado de derechos humanos y representante de víctimas de la dictadura;
• Kenarik Boujikian (Brasil), jueza jubilada y actual Secretaria Nacional en la Secretaría General de la Presidencia de Brasil;
• Manoel Caetano (Brasil), jurista y presidente de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República;
• Silvina Romano (Argentina), investigadora del CELAG y experta en lawfare;
• Hugo Gutiérrez (Chile), exdiputado y convencional constituyente;
• Mirna Perla (El Salvador), exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y reconocida defensora de derechos humanos.
También se cuentan entre los/as firmantes:
• Larissa Ramina, profesora de derecho internacional y miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD – Grupo de Puebla);
• Referentes del mundo jurídico brasileño y miembros de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), como Tania Oliveira, Wilson Ramos Filho, el juez Hugo Cavalcanti Melo Filho, Gisele Cittadino y Cleide Martins Silva, presidenta de la Comisión de Lawfare del Colegio de Abogados de Brasil (Seccional Distrito Federal – OAB/DF);
• Ana Inés Algorta Latorre, jueza federal en Brasil y vicepresidenta del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU).
Declaración
«Este 3 de junio de 2025 se cumple un año desde que Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, fue privado de su libertad a través de una prisión preventiva que carece de sustento jurídico y que se enmarca en una persecución judicial motivada por intereses políticos evidentes. Las juristas y los juristas abajo firmantes, comprometidos con la defensa irrestricta de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, expresamos nuestra más profunda preocupación y enérgico rechazo ante esta grave situación.
Los indicios de motivación política en este caso son múltiples y consistentes. La investigación penal se intensificó inmediatamente después de que se hiciera pública su intención de postularse a la presidencia, y ha coincidido en cada una de sus etapas procesales con hitos clave del calendario electoral. Primero se forzó su salida anticipada del cargo de alcalde; luego, su privación de libertad lo inhabilita de hecho para desplegar cualquier tipo de campaña; ahora, la acusación fiscal se anuncia justo antes de la apertura del plazo legal para la inscripción de candidaturas presidenciales. Este patrón revela un uso estratégico del aparato judicial con fines de neutralización política.
El proceso que se sigue en su contra presenta serios cuestionamientos en cuanto al cumplimiento de garantías básicas del debido proceso y al principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público. La prisión preventiva decretada contra Daniel Jadue carece de los requisitos legales exigidos: no existen elementos concretos que indiquen peligro de fuga, obstrucción a la investigación ni riesgo para la sociedad. Jadue no ejerce más funciones públicas desde hace casi un año, y la entidad en torno a la cual gira la acusación —la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP)— ya no existe. Aun así, se mantiene privado de libertad de manera prolongada, configurándose lo que, en los hechos, constituye una pena anticipada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado reiteradamente que la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional y sujeta a un riguroso control judicial, nunca utilizada con fines punitivos ni para impedir el ejercicio de derechos políticos. La Corte reitera que los Estados deben abstenerse de aplicar medidas cautelares de manera abusiva para restringir el derecho a participar en asuntos públicos.
La situación de Daniel Jadue constituye, por tanto, no solo una violación a su derecho fundamental a la libertad personal y de tránsito, sino también una grave afectación a sus derechos políticos, consagrados en tratados internacionales suscritos por Chile. Además, priva de representación política a una amplia colectividad ciudadana que ve en él una alternativa legítima dentro del marco democrático.
Exigimos el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho, el fin del uso indebido y políticamente instrumental del sistema judicial, y la liberación inmediata de Daniel Jadue».
Descargue la declaración completa, junto a la lista de firmantes, la cual también puede firmar.
Al momento de redacción, se sumaban 607 firmas verificadas.
