El Consejo para la Transparencia solicitó a la Contraloría General de la República que instruya un sumario administrativo contra el comandante en jefe de la FACh, Jorge Robles, por no haber hecho entrega de la identidad de los pilotos que bombardearon el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, en medio del golpe de Estado.
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El Consejo envió un requerimiento el pasado 1 de julio solicitando «la instrucción de un sumario administrativo para establecer si, en su calidad de jefe superior» de la FACh, Robles «incurrió en una denegación infundada de acceso a la información y/o en la no entrega oportuna de la información».
De acreditarse ello, se estaría «contraviniendo» la Ley de Transparencia y una resolución del Consejo para la Transparencia conocida en marzo pasado, emanada a raíz de un recurso de amparo presentado en noviembre (ver archivo adjunto) por el ex abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Cristián Cruz.
En el escrito de Transparencia establece que la FACh rechazó entregar antecedentes sobre el plan operativo que ejecutó el 11 de septiembre de 1973 para el «ataque, bombardeo, sobrevuelo o afín de los aviones Hawker Hunter» amparándose en la reserva de las causas que fueron tramitadas por los ministros en visita Miguel Vázquez, Mario Carroza y Adriana Sottovia.
En conversación con radio Cooperativa el abogado Cristián Cruz afirmó que en este caso «se dan todas las condiciones y requisitos para que el señor comandante en Jefe de la Fuerza Aérea sea condenado por Contraloría».
«Aquí las responsabilidades no sólo son penales, pecuniarias, también son administrativas, y eso es lo que debe indagar el ente contralor», dijo el jurista, recordando que «las primeras palabras del señor comandante en Jefe, cuando asumió el cargo», en noviembre de 2014, al ser «preguntado por la temática de los derechos humanos» fue «que para ellos era tema cerrado».
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«Es decir, aquí hay una absoluta coherencia entre lo que él dijo el primer día –que no le importan los derechos humanos- y cuál ha sido su actitud para cumplir con la ley en los requerimientos que le hacemos los ciudadanos, como también los tribunales: ninguna colaboración», sentenció Cruz.
