Chiloé ha sufrido en estas últimas tres décadas el violento despojo de sus bienes comunes naturales y sociales. Empezando por la industria salmonera, que en el archipiélago detenta las jornadas laborales más extensas del rubro a nivel mundial (FAO, 2014), los menores salarios (FAO, 2014), las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad, y una alta infraccionalidad a la legislación laboral, sanitaria y ambiental.
“¡Que vivas en tiempos interesantes!”, eso dicen en China cuando verdaderamente se quiere maldecir a alguien. Para el imaginario chino los “tiempos interesantes” son de inestabilidad, de lucha, de crisis. Podríamos decir que la crisis es cuando lo viejo empieza a morir y lo nuevo aún no puede nacer, y ese es un terreno delicado, que brinda peligros pero también grandes oportunidades de cambio.
Desde un punto de vista político, ideológico y económico, aprovechar esas oportunidades para la ampliación de realidades soberanas es todo un desafío. En este sentido, a mi parecer, reconocer “colectivamente” la situación de crisis debería ser el primer paso. El paso siguiente consistiría en concebir el presente como producto de un proceso histórico y reafirmar ese “estado de crisis”. De lo contrario caeríamos en la asedía o melancolía de un pasado idealizado y de eso hay mucho en territorios cargados de identidad.
Ahora bien, desde hace unos años, en el archipiélago de Chiloé se tiene conciencia de esa crisis y empezamos a vivir, justamente, “tiempos interesantes”.
Esta “crisis” tiene relación con un archipiélago que viene soportando un violento y silenciado proceso de saqueo territorial producto del avance de un modo de acumulación neoliberal con ciertas particularidades locales. Se puede identificar como un proceso complejo, de carácter político, institucional e ideológico, que superpone y combina de forma extrema un “patrón colonial de poder” junto a un modelo económico que incluye y potencia amplias actividades extractivas guiándose por una lógica de sobreexplotación o despojo de bienes comunes naturales (recursos naturales) y sociales (cultura, memoria, saberes, entre otros). El puente sobre el canal de Chacao y sus 750 millones de dólares de arbitraria y antidemocrática “pompa” es el punto cenit de este nefasto modelo.
Ahora bien, ¿cómo se va configurando este escenario? ¿Qué particularidades en el proceso histórico de Chiloé se han dado como para hilvanar este presente que inquieta e indigna a muchos de sus habitantes? Veamos.
Chiloé es un territorio indígena. Más del 65% de sus habitantes se considera “hoy en día” parte o descendiente del Pueblo Mapuche-Williche. Así lo evidenció la reciente encuesta provincial aplicada por el CESCH. Este no es un dato menor, especialmente cuando analizamos la historia y constatamos que es en el proceso de colonización de América cuando se crea el constructo mental de raza para normalizar y legitimar una estructura social en que blancos dominan e indios son dominados. Fenómeno en constante reproducción muy estudiado por las teorías de la colonialidad del poder.
Sin embargo, hay que aclarar que el constructo mental de raza no refiere a la típica idea de superioridad o inferioridad que ocurre en cualquier lugar donde se condensa y estructura el poder, sino que refiere a algo muy específico y profundo, que tiene relación con eso que se discutía en la debate de Valladolid en 1550 en que por una lado estaba Bartolomé de las Casas y por otro Ginés de Sepúlveda, ¿qué se discutía allí?.
Las grandes preguntas eran ¿qué son estos que estamos subyugando y sometiendo en el nuevo mundo? ¿Son humanos? ¿Son bestias? ¿Semi-bestias? ¿Tienen alma? Ese tipo de discusiones va construyendo y reproduciendo un “patrón colonial de poder”, un imaginario sociopolítico que identifica a ciudadanos de primera y segunda categoría, lo que ha permitido hasta la actualidad naturalizar el despojo y sobre-explotación de territorios indígenas como, claro está, la Araucanía o Chiloé.
Sin embargo, territorios indígenas hay muchos y no configuraría ésta una exclusividad de Chiloé. Hay una variable que profundiza ese trato de “territorio ocupado” y entrega esa particularidad extra en su postergación y sobre-explotación, me refiero al importante rol político-militar que este archipiélago indígena tuvo en defensa de la corona española y en contra de los revolucionarios chilenos. Recordemos que tras varias rebeliones Williches en Chiloé se da la abolición de la encomienda en 1782, nueve años antes que la abolición en otros territorios de la corona.
Había por tanto, a comienzos del 1800, “buena onda” entre españoles y chilotes. Y la anexión a la naciente república de Chile era, para el habitante insular, una gran amenaza. Por este motivo, el virrey Abascal viaja a Chiloé en 1811 (un año después de la junta en Santiago) y organiza la contrarevolución desde el archipiélago. Fueron principalmente batallones chilotes los que triunfaron en el llamado “desastre de Rancagua” en 1814 y continuo abasteciendo con contingente y recursos al Rey durante toda la guerra de independencia.
En 1818, con la independencia definitiva de Chile, Chiloé se resiste a la anexión. Expulsan a Cochrane en 1820 y el glorioso Ramón Freire pierde su única batalla en 1824, en territorio isleño. Chiloé recién se anexa en 1826.
Ahora bien, ¿qué es lo que allí se anexa?
Lo que se anexa es un territorio de “indios enemigos”. Es decir, ciudadanos considerados de segunda categoría que además osan enfrentarse a la eurocéntrica nación chilena. Indios enemigos que había (y hay) que tratar como tal. Y así ha sido. El Estado de Chile posterga al archipiélago post-anexión y se reafirma en el imaginario oficial el sentido despectivo del gentilicio “chilote” (antes se usaba chiloense).
Sin embargo, y en paralelo, en Chiloé se potencian las prácticas de reciprocidad en Chiloé. A falta de Estado buenas son las mingas y los medanes, vital es el “ayudémonos entre nosotros”. Se configura y reafirma este mundo mítico, aparte.
Recién, a mediados de la década de 1980 regresa el Estado. Y los hace junto a su mejor amigo, el mercado. Pero no para compensar siglo y medio de postergación sino para consolidar y hacer valer su trato a Chiloé ‘como colonia interna, como territorio ocupado, a través de la sobre-explotación y saqueo extractivista. Hoy es cuando el archipiélago está viviendo la ejecución fría y calculada de ese trato.
Chiloé ha sufrido en estas últimas tres décadas el violento despojo de sus bienes comunes naturales y sociales. Empezando por la industria salmonera, que en el archipiélago detenta las jornadas laborales más extensas del rubro a nivel mundial (FAO, 2014), los menores salarios (FAO, 2014), las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad, y una alta infraccionalidad a la legislación laboral, sanitaria y ambiental (FAO, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007). Se unen situaciones de prácticas antisindicales (FAO, 2014; Durán, Kremerman, & Pascual, 2007), violación de los derechos de género, incluidos los de protección a la maternidad (FAO, 2014); conflictos con las comunidades costeras, pueblos originarios y pesca artesanal (Pullen & Dockendorff Consultores, 2014; Cárdenas, 2014); ocupación destructiva de ecosistemas altamente vulnerables como lagos y fiordos (Cabello, 2007) y empleo no responsable de antibióticos (Buschmann & Fortt, 2005; Cabello, 2007).
Hoy se suma a ello, la usurpación de territorios ancestrales del Pueblo Williche a través de la privatización de 118.000 has. Hoy destinadas al turismo de lujo internacional a través del Parque Tantauco. Desplazamiento de comunidades tratadas como “razas inferiores”, por tanto expulsables, arrebatándoles sus medios ancestrales de subsistencia y producción incentivando su consecuente conversión en asalariados para la industria salmonera. Despojo conservacionista al servicio de la acumulación neoliberal.
En sintonía con estas prácticas extractivas avanzan también las grandes plantaciones de monocultivos forestales. Las cuales entre 1998 y 2013 aumentaron de 623 a 5.443 has. mientras en los mismos años se perdieron más de 10.268 has. de bosque nativo (CONAF & UACH, 2013). Este hecho adquiere gravedad al constatar que son principalmente los bosques los encargados de almacenar y proveer de agua a un territorio sin glaciares ni grandes montañas.
Cuando esto se complementa con la explotación indiscriminada de turberas (ecosistemas formados por una profunda y antiquísima capa de materia orgánica) y del musgo pompón (exportado a Japón, Corea, EE.UU y Taiwán para el cultivo de orquídeas y elaboración de pañales), ambos vitales reservorios de agua, se configura un desconcertante e indignante escenario: un territorio que recibe más de 2 metros de agua al año (2mil mm) presenta una de las más graves sequías del país. A modo de ejemplo, solo entre el verano y el otoño de este 2015 la municipalidad de Ancud había repartido en su comuna más de 10 millones de litros de agua mediante camiones aljibes.
Como si esto no fuera suficiente, hasta la fecha en Chiloé, se han propuesto, aprobado o instalado ocho megaparques eólicos, pero ¿qué amenaza podría representar aquello si es energía limpia? Claro, son transnacionales de energía limpia pero que bajo ciertas condiciones, que lamentablemente se dan en Chiloé, pueden convertirse en representantes de desplazamientos forzados y la grave afectación de territorios esenciales para la vida.
Varios de estos parques se están instalando sobre turberas ombrotróficas o de altura las cuales detentan el agua de nuestra cordillera de Piuché que abastece ríos y vertientes de gran parte de la isla grande. La destrucción de estas turberas a través del anclaje de torres de más de 150 metros de altura ha profundizado la crisis hídrica del territorio. Otros se están instalando arbitrariamente en paraísos naturales como “Mar Brava” a través de la división de comunidades, fraudulenta participación ciudadana y la compra de consentimientos.
Por último, se viene dando un silencioso y peligroso avance de concesiones de explotación y exploración minera. Playas, turberas y diversos sectores de la costa y el interior de la isla grande aparecen ligados a un Rut en el catastro minero del Sernageomin. La morfología del espanto va tomando forma cuando podemos constatar que el código minero no colocaría mayores trabas para que sean destruidas playas de gran valor turístico y patrimonial como las de Cucao, Chanquin, Chepu, Pumillahue, Mar Brava, Guabún, entre otras.
El artículo 7 del código indica que “todo concesionario minero tiene la facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio con fines mineros dentro de los límites de la extensión territorial de su concesión”. La explotación industrial de turberas y el aseguramiento bajo concesión de una serie de megaproyectos eólicos también forman parte de la instrumentalización del código minero para seguir profundizando un dramático y violento proceso de acumulación por desposesión en el archipiélago.
Pero ¿qué tiene que ver el puente con todo esto?
Mucho. Hay que ser muy iluso para pensar que el puente viene a redimir siglo y medio de postergación estatal. Más aun cuando el propio Estado no toma en cuenta que el 86% de los habitantes del archipiélago de Chiloé considera que los recursos destinados a la construcción del puente sobre el canal de Chacao podrían haber sido invertidos en necesidades más urgentes. Necesidades prioritarias identificadas por los propios ciudadanos, a saber: un hospital de alta complejidad con especialistas para un territorio de 9182 km2, una universidad estatal y solucionar el problema de la sequía y pérdida de bosque nativo (CESCH, 2015).
Todo ello no se considera, sin embargo, se siguen destinando cuantiosos recursos para el proyecto puente en un escenario de mediatizada escasez presupuestal ¿por qué? Porque el puente es más bien una inversión para profundizar y consolidar el violento modelo extractivo destinado para Chiloé. Para este territorio cuyo trato sigue siendo el de un territorio de segunda categoría, por tanto, explotable sin muchos miramientos. Sin siquiera molestarse en compensaciones sociales básicas como hospitales y universidad.
No es necesario. El propio “Informe final de evaluación social del puente sobre el canal de Chacao” (2012) señala que el principal beneficio de éste será “mejorar la accesibilidad a zonas de alto potencial económico como Chiloé y Aysén”. Potencial económico que se basa, principalmente, en la expansión forestal, minera, salmonera y de megaparques eólicos.
Además hay hechos muy simples de comprender, como que un proyecto socialmente necesario y urgente no necesitaría del fraude para su realización. La propia Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Públicas (ANIOP) en carta al Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga del 04 de junio de 2014 señala que “(…) de todo lo expuesto en lo relativo al proceso de evaluación, licitación y contratación de un puente sobre el canal de Chacao, es posible concluir que la autorización a la realización de una licitación pública para la compra de un puente sobre el canal de Chacao se ha apartado de la normativa y disposiciones legales vigentes y, por tanto, correspondería revisar acuciosamente la continuidad de este proyecto atendiendo a que se ha dejado de cumplir con las exigencias para decidir inteligente, racional y eficientemente dónde se colocan y en qué momento los fondos públicos, siempre escasos. Lo que queda claro es que este proyecto no cumplió con los procedimientos y exigencias establecidas en la legalidad vigente para definir el uso de fondos públicos, tanto en forma como en fondo”.
En definitiva, el puente sobre el Chacao marca el punto cenit de la violencia extractiva, garantizada por la arbitrariedad antidemocrática y centralista. Sin embargo, y paradójicamente, es también el impulsor del vértigo. De generar la conciencia de perder el espacio, lugar y tiempo que sustenta los significados de la existencia de todo un pueblo. Esa intranquilidad se ha hecho patente, se reflexiona y evalúa. Se reconoce la alarma que entrega. Insta a la reflexión y acción. Insta a identificar como necesario y urgente “hacer valer” el derecho democrático a crear nuestras propias líneas de convivencia social, económicas, políticas, culturales, etc. La conciencia histórica del “nosotros” es la que hace posible ese diagnóstico.
Esa conciencia, memoria, historia y cultura propia que protege y da sentido es la que el habitante insular empieza, desde hace un tiempo, a reconocer como guarida, como su ethos, ya no en secreto, ya no solo de forma privada o familiar, ahora lo hace en calles, protestas, asambleas y colectivos.
Es el phatos de la indignación que potencia la reconstrucción subjetual del pueblo chiloense. Es echar por la borda el estereotipo folclórico impuesto y entenderlo como parte constituyente de ese patrón colonial de poder. Es entender que el modelo extractivo destinado para Chiloé es producto de un proceso histórico colonial que se resquebraja entre acantilados cargados de conciencia identitaria. Es saberse parte de un territorio con un núcleo-sustento otro, legítimo de ser defendido.
No al Puente en Chiloé, no a este monumento político-extractivista.
Fuente: El Desconcierto
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