En apenas una semana, en dos jueves fatídicos, el movimiento social por la educación sufrió golpes tan duros al corazón de nuestra lucha que ha sido difícil asimilar el nivel de daño que nos ha provocado la represión metida hasta las entrañas de nuestra sociedad. Porque el chorro de agua lanzado a quemarropa contra Rodrigo Avilés, botándolo con violencia al suelo y provocándole un tec cerrado que lo mantiene hasta esta hora luchando por su vida, no se termina cuando finalizan las marchas, no termina cuando dan de alta a Paulina Estay, azotada contra el piso por un efectivo armado de Fuerzas Especiales que la triplica en peso.
Esa represión, fomentada por el Estado en dictadura e institucionalizada y validada en democracia, se extiende como dominó al sentido común de una sociedad que la ha naturalizado, viendo como algo normal golpizas policiales por televisión o interminables aniversarios de la caída de compatriotas en democracia.
Ese chip represor es el que accionó en la mente de Giuseppe la irracional reacción criminal que terminó con las vidas de Diego Guzmán y Exequiel Borvarán.
Son las reacciones que permite un país tan acostumbrado a que cualquier manifestación se realice con guanacos esperando atentos la hora de actuar en las esquinas; un país que no se escandaliza por el hecho de que el saldo de una marcha sean tres adultos heridos en los ojos con balines de pinturas que te dejan ciego; un país que se acostumbró a que es aceptable arrancar de zorrillos que por un tubo te lanzan polvo lacrimógeno que mata.
Es esa normalidad de la represión de una institución militar, como es Carabineros, la que se debe cambiar de raíz con una nueva política de Estado que establezca claramente los límites que cualquier policía debe tener en una democracia plena.
¿Sabrán los agresores de Rodrigo y Paulina, al momento en que gozosos los golpean como animales, que para las últimas protestas en Londres fue noticia que apareciera el carro lanzagua?
Sí, porque en cualquier país que considere la manifestación social como uno de los más elementales derechos democráticos, el carro lanzagua se usa como último recurso represor.
Pero Carabineros, al mando del General Gustavo González, piensa a los estudiantes a priori “como sujetos de máxima peligrosidad”, como detalla el instructivo que se entrega internamente denunciado por organizaciones de Derechos Humanos.
Así, está claro que más allá de las sanciones, remociones o dadas de bajas a efectivos cuyos crímenes son tratados como “acciones personales”, la represión directa e inmediata está institucionalizada como política identitaria de nuestra policía. Sólo así se entiende que no se haya asumido una responsabilidad como institución en el caso de Paulina Estay, en el que Carabineros nos quiere hacer creer que los policías andaban con escudos, armas y uniforme de Fuerzas Especiales por obra del espíritu santo.
Indigno.
Sólo así pasan coladas declaraciones uniformadas que culpan a una falla de la vereda por una caída que deja a alguien en estado de coma.
Es por eso que hoy asumimos la movilización de esta tarde no sólo como forma de honrar a Diego, Exequiel, y de exigir justicia y consecuencias por el estado crítico de Rodrigo y las lesiones a Paulina y Luciano. Hoy nos movilizamos para emplazar al Estado de Chile, a sus diversas instituciones, a asumir una responsabilidad histórica de haber preservado el espíritu represor de la dictadura, ese que mató a Daniel Menco y Manuel Gutiérrez, ese que azota a niños en La Araucanía, ese que dispara por la espalda a Matías Catrileo para luego juzgar a sus asesinos en una miserable justicia militar que rápidamente devuelve a los victimarios a la calle.
Ese espíritu que permite a jóvenes de 22 años asesinar a otros de su misma edad porque la policía ha dado por tantos años el ejemplo.
Hoy marchamos por la generación de una nueva política de Estado que termine con la represión y la violencia armada como carta de presentación de Carabineros en las manifestaciones sociales. Porque no tenemos miedo, hoy no sólo protestaremos exigiendo una nueva educación, gratuita para todos y sin condiciones; hoy también comenzamos el camino de propuesta y emplazamiento para que en los procedimientos y formación de los policías chilenos se elimine la doctrina que, si sigue así, dejará más muertos en el futuro.
Y aquí emplazamos directamente al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, responsable político del actuar de las fuerzas policiales en manifestaciones, quien ha respaldado sin mayor análisis y profundidad la absurda tesis de “la culpa es de la vereda”. Es Aleuy quien hoy debe poner inmediato freno a la represión salvaje que sustenta la actual política de Estado.
Porque de lo que podemos dar seguridad, es de que las marchas no terminarán mientras continúe la injusticia. Eso jamás lo permitiremos.
(*) Vicepresidenta de la FECh
