La ministra de Justicia, Javiera Blanco, aseguró que el Ejecutivo está trabajando para terminar con los beneficios carcelarios para personas condenadas por crímenes contra los Derechos Humanos. Además, aseguró que se va a seguir avanzando en legislaciones que apuntan no sólo de dar justicia, sino que de establecer las verdades, y confirmó que el Gobierno está evaluando el cierre de Punta Peuco, o el traslado de los internos que actualmente lo ocupan, a otro recinto de Gendarmería.
La Ministra calificó como una “situación lamentable” el suicidio del general en retiro del Ejército Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que se quitó la vida este jueves tras ser condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de cárcel, por su responsabilidad como autor en un delito de secuestro, y a 10 años y un día, por el delito de asociación ilícita, sin beneficios, en el caso por la muerte del químico Eugenio Berríos:
“Hemos señalado que se deben terminar los pactos de silencio y lo que corresponde es que, establecida la verdad, las personas enfrenten sus condenas y se cumplan las condenas. Obviamente este caso es una situación lamentable, pero como Gobierno vamos a seguir trabajando por el esclarecimiento de la verdad”.
La ministra aseguró que “vamos a seguir avanzando en legislaciones que van en la búsqueda, no sólo de dar justicia, sino que de establecer verdades y establecer la imprescriptibilidad de ser amnistiados delitos que hoy día son reconocidos en los tratados internacionales como delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y de genocidios. También estamos trabajando por la posibilidad cierta de que en este tipo de hechos, gravísimos atentados a los derechos humanos de las personas, sea imposible acceder a beneficios intra penitenciarios”.
Respecto al dictamen de la Corte Suprema que decretó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones, ex carabinero condenado a presidio perpetuo por el homicidio de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, la ministra confirmó que el Ejecutivo presentará acciones para revertir esa decisión:
“Siempre hemos dicho que no vamos a comentar fallos, ustedes saben que el día de ayer en el caso de Sáez Mardones se confirmó la libertad condicional. Por cierto que no vamos a cambiar nuestra opinión en cuanto a no interpretar fallos, pero también es cierto y les podemos decir que nosotros, a través del programa de Derechos Humanos, que va a pasar a ser parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vamos a presentar un recurso para efectos de poder alegar la falta de defensa, que nos parece que acoge un principio básico toda vez que no fue posible realizar los alegatos”.
Estas declaraciones las formuló la secretaria de Estado tras la ceremonia inaugural del Seminario Internacional sobre Delitos Sexuales Infantiles «Sistema de Entrevistas Videograbadas: Menos Victimización y Mejor Evidencia», evento que tuvo lugar en la casa central de la Universidad Católica y contó con la participación del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y del fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Sobre el mantenimiento de Punta Peuco, como un recinto exclusivo para el cumplimiento de penas de ex uniformados condenados por violaciones de Derechos Humanos, la ministra Blanco destacó que es algo que está en evaluación:
“Este es un centro de cumplimento penitenciario, es una cárcel y como tal Gendarmería está siempre resguardando y reforzando las medidas de seguridad. También, como todo tipo de centro penitenciario estamos analizando las situaciones de capacidades máximas (…). Estamos ad portas de esa capacidad máxima y lo que corresponde es poder evaluar alternativas, estamos en eso”.
Gendarmería confirmó que Punta Peuco está a su máxima capacidad
El director de Gendarmería, Tulio Arce, admitió en el Congreso que el penal Punta Peuco está a su máxima capacidad, pero que puede adaptarse para recibir hasta 10 internos más.
En esa línea, Arce informó que «el Ministerio de Justicia nos ha pedido algunas propuestas ante la eventual sobrepoblación que pudiera sufrir Punta Peuco y en esas propuestas hoy estamos trabajando y buscando alternativas dentro de los recintos penales que cuenta Gendarmería».
«Podría seguir funcionando, a lo mejor con otro giro, no necesariamente con causas que hoy se albergan en ese lugar. Nosotros también podemos utilizar cualquier otro recinto penitenciario, siempre considerando las condiciones de salud de las personas», añadió el uniformado.
Otro factor que apunta al eventual cierre de la cárcel ubicada en la comuna de Tiltil es lo expuesto por Carmen Gloria Quintana, víctima del «caso Quemados», quien este martes reveló que la Presidenta Michelle Bachelet le anunció que en septiembre el Gobierno clausurará el penal.
El diputado socialista Osvaldo Andrade solicitó mantener Punta Peuco, pero para otros reos como «una cárcel común, con los mismos privilegios y la misma situación que el resto de los penados».
«Yo creo que Punta Peuco es un lugar donde debieran estar, por ejemplo, las mujeres que purgan condenas y algunas de ellas con sus hijos. Yo creo que la sociedad chilena debiera hacer ese esfuerzo».
El diputado PPD Tucapel Jiménez sostuvo:
«Chile no está en condiciones de perderse una instalación como Punta Peuco y debiéramos trasladar reos comunes hacia Punta Peuco para aprovecharla como una cárcel común. A mí me parece que cerrarla es dejar un elefante blanco y no creo que estemos en condiciones de hacer eso».
Desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz explicó:
«Es una decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno, hay un hecho que probablemente ustedes ya conocen, es que se espera que aumente el número de procesados que se han destinado a ese recinto y que se encuentran en condiciones, según lo que me ha informado el Ministerio de Justicia, con una capacidad limitada».
Consultado sobre el porqué Gendarmería envió a Manuel Contreras al Hospital Militar y no a otro recinto asistencial, Tulio Arce explicó:
«Los ex militares pertenecen a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y, por lo tanto, el hospital que a ellos los atiende es el Hospital Militar».
Además agregó que los reclusos civiles de cualquier penal que tienen contratos con Ispares son derivados a las clínicas privadas con las que tienen convenio cada vez que es necesario y detalló que «si usted hace una revisión de las salidas, por ejemplo, a diálisis desde la población penal, diariamente concurren a clínicas privadas».
