El empresario Mauricio Macri, al igual que su homólogo y carnal Sebastián Piñera, llegó a la Presidencia de la República montado sobre el discurso del cambio. Lo que no dijo es que se trataba de un cambio en reversa, es decir, el retorno al neoliberalismo descarado de Carlos Menem. En sus primeros días de Gobierno no ha omitido ni olvidado ninguna de las recetas de la fatídica doctrina antipopular.
Impulsado por la creencia de que debe instalar el program de shock neoliberal en sus primero cien días de Gobierno, eliminó los controles que prohibían a las empresas y comercios variar el precio de los productos con solo cambiar el empaque.
El Gobierno de Mauricio Macri eliminó los controles que existían sobre etiquetas de los productos, regulación que se había impuesto en octubre de 2015 durante el mandato de Cristina Fernández, para evitar manipulación de precios de los comerciantes.
La anterior medida regía sobre alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza doméstica, con el objetivo de evitar que las empresas privadas con un simple cambio en las etiquetas y el empaque pudieran remarcar los productos por arriba del valor de referencia pactado, por el programa de Precios Cuidados.
El nuevo secretario de Comercio, Miguel Braun, señaló que se elimina la regulación porque los controles estatales “producen distorsiones en la comercialización de los productos y no protegen al consumidor”.
¿Suena conocido?
Claro, es el típico discurso neoliberal.
La derogación de la medida permitirá a las empresas reetiquetar los precios de venta al público con el simple cambio de empaque, beneficiando a las empresas productoras y comerciantes.
Según la antigua regulación los empaques y etiquetas de los productos debían someterse de forma obligatoria a un procedimiento de fiscalización ante la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Dirección Nacional de Comercio Interior de la Subsecretaría Interior de la Secretaria de Comercio para evitar que los comerciantes cambiando el rotulado vendieran más caro el producto.
Las nuevas autoridades de Comercio sostienen que el exceso de normas y procedimientos redundantes, lejos de otorgar mayor eficiencia a la defensa del consumidor, por el contrario, establecen un sistema complejo que dificulta la comercialización de productos de manera innecesaria.
La nueva normativa sobre el etiquetado lleva la firma del Secretario de Comercio, Miguel Braun, quien además, es sobrino de los dueños de La Anónima, una de las cadenas de ventas minoristas con mayor poder de mercado en el sur del país.
La lógica de los funcionarios de Mauricio Macri respecto al rol qué debe cumplir el Estado para garantizar el bienestar de los consumidores es totalmente opuesta a la que impartían los funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner donde se aplicaron controles y medidas para proteger al pueblo argentino y no a las élites empresariales y económicas.
Siguen los despidos laborales en Argentina
Pero no sólo eso. Los despidos laborales, como aconseja el recetario neoliberal, se acrecientan hoy en Argentina, esta vez aplicado a empleados de la Casa Rosada, sede presidencial, del ministerio de Cultura, y otras entidades.
De acuerdo con la política de revisar los contratos temporales en la administración pública impulsada por el presidente Mauricio Macri, el turno fue ahora para el personal que laboraba en la Secretaría General de la Presidencia, y también para miembros del Banco Central. .
En la Casa Rosada a varios de los trabajadores se les impidió el acceso a sus puestos tras notificarles que hubo una rescisión del contrato suscrito, sin que se alegaran motivos para el despido.
Lo mismo sucedió con 140 personas en la Casa Militar, 500 en el Ministerio de Cultura y otros tantos en la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y el Ministerio del Interior, agrega la fuente.
Sorprendida aún por esta decisión, una de las despedidas se lamentaba en la puerta de la sede presidencial. «Trabajo acá desde 1990. No soy activista ni de ningún partido político», apuntó en declaraciones difundidas por Página 12.
Por otro lado se conoció que una comisión especialmente integrada por trabajadores del Banco Central denunció el despido, sin causa alguna, de 47 empleados de esa institución financiera.
En declaraciones a la agencia Télam, la trabajadora Victoria Prado apuntó que fueron despedidos «sin causa alguna a través de una resolución firmada esta tarde por el presidente del Central, Federico Sturzenegger».
Miles han sido los despidos en varias instituciones desde que Macri asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre. En el Senado cerca de dos mil 34 trabajadores fueron dados de baja al igual que varios del Centro Cultural Néstor Kirchner.
A solo un mes de gobierno, se contabilizaban ya más de 20 mil empleados echados a la calle y otros 60 mil que tienen sus contratos en revisión.
La decisión ha llevado a miles de argentinos a movilizarse y hoy se espera que vuelvan a marchar en la emblemática Plaza de Mayo contra esta política.
Aumenta precio de electricidad en Argentina, y pronto el gas
Pero eso todavía eso no es todo. Conforme con el dogma neoliberal, el Gobierno argentino puso en vigor hoy un primer aumento del 350 por ciento en el precio del consumo de electricidad que estará vigente hasta abril; después vendrá otro “tarifazo” según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El alza que se aplicará a partir del 1 de febrero, se debe a la eliminación de los subsidios a ese servicio que durante 12 años mantuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, refiere el diario La Nación.
Ese periódico señala que el incremento no contempla ajustes de tarifas en los servicios de transporte y distribución de la carga energética que en la zona metropolitana es una tarea a cargo de las empresas privadas Edenor y de Edesur, por lo que es probable que las subas sean aún mayores.
Para el gobierno con el tarifazo “se incentiva el uso racional y eficiente de la energía eléctrica y se afianzan condiciones propicias para la incorporación de inversiones privadas de riesgo en las distintas actividades y segmentos de la industria eléctrica”.
A este incremento se sumará en breve el del consumo de gas, y aunque desde el Ministerio del Transporte señalan que no subirá el pasaje de ómnibus y trenes, la suba de combustibles y ahora de energía, combinado con la renuencia del gobierno a mantener subsidios, conducirá irremediablemente alzas en ese sector.
Según la resolución firmada por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, habrá una tarifa social, así como descuentos para los usuarios que consuman menos electricidad.
Pero la precisión de cómo se reflejará el aumento en las facturas que en lo adelante se pagarán mensualmente -antes el pago era bimensual- se conocerá cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) publique su informe.
Para justificar el alza -señala La Nación- la norma explica que existe desfasaje entre los costos reales y los precios vigentes y se considera las posibilidades de pago de los usuarios.
Se tuvo en cuenta, además, “la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, por lo que resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista”, agrega la resolución.
Ese precio -indica- “todavía es sensiblemente menor al costo real de abastecimiento del sistema”. Es decir, abre la puerta a nuevos aumentos en el futuro, deduce La Nación.
