Luego de un amplio debate, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el jueves 6 de mayo de 2021 el proyecto que establece un Royalty Minero y que, en concreto, establece un impuesto adicional y progresivo a las empresas mineras para generar mayores ingresos fiscales.
El proyecto fue impulsado por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Esteban Velásquez. La iniciativa se aprobó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones.
Los votos en contra fueron de la derecha, entre los que destacan los UDI Javier Macaya, María José Hoffmann, Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma. También votaron en contra los RN Alejandro Santana, Ximena Ossandón, Luis Pardo y Camila Flores entre otros.
De la oposición no votaron: Pablo Lorenzini y Pepe Auth.
La iniciativa fue ingresada a tramitación en septiembre de 2018, pero sólo en marzo de 2020 se le dio prioridad a su discusión legislativa, la que fue congelada debido a la prioridad que el parlamento asignó a la agenda legislativa para hacer frente a la pandemia del covid-19.
¡Extraño!,¿ no le parece?
¿Qué es el royalty minero?
Apunta a captar fondos para programas sociales de apoyo a la población, recursos para regiones y para la ciencia y la tecnología. Las y los parlamentarios de partidos progresistas, antineoliberales y de izquierda votaron a favor de la iniciativa y las y los de derecha, votaron en contra.
Establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, que sería a través de una nueva tributación de 3% sobre las ventas y que aumentaría en la medida que se mueva al alza el precio del cobre.
En el caso de que el promedio del precio del cobre supere los US$2 dólares por libra, “se fija una compensación adicional para aquella parte que supere dicho precio”. Así, el monto de esta compensación que supere el 3%, será destinada a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe por Covid 19.
Esta compensación será destinada en un 50% a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal, en la forma que determine un reglamento. El 50% restante se destinaría directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral.
¿Por qué es imprescindible el royalty minero?
Una empresa exitosa, según los expertos, obtiene utilidades antes de impuestos que bordean el 20%. En Chile, las mineras han obtenido utilidades en los últimos años que se empinan por sobre el 50%. En 2010, sumaron US$14.300 millones y en el primer trimestre de 2011 ya registran un alza de 64,7%.
En ese cuadro se plantea que el royalty para las empresas del rubro no sólo les garantiza invariabilidad: es un regalo y puede ser cuantificado. Las empresas del rubro no hicieron sus estudios de inversión con un alto precio del cobre, una ganancia millonaria que cada día se escapa frente a nuestros ojos. (CIPER: “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a la empresa mineras”. 20 de julio de 2011).
Desde el año 2006 en adelante se incorpora en Chile (Ley 20.026 de 2005) el Impuesto Específico a la Industria Minera (IEIM), que grava la renta neta operacional minera con tasa de 5% en el caso de la gran minería (entendida para efectos de este impuesto como las empresas mineras con ventas anuales equivalente en pesos.
El que el impuesto esté relacionado con las ventas de los minerales tiene dos grandes inconvenientes muy negativos para Chile: en primer lugar las empresas se llevan los minerales en bruto, tal como es extraído de la mina o cantera, llevando otros valiosos minerales como oro, uranio y también no metales.
Por otra parte, las empresas minerales utilizan todos los resquicios legales para aumentar sus costos, de manera de disminuir el pago de impuestos.
En Gobierno Popular, presidido por Salvador Allende nacionalizó la gran minería del cobre. La dictadura privatizó gran parte ella. Hasta el 2005, el Estado de Chile entregó el cobre gratis. En eñ 2006, a través de Impuesto Específico Minero (IEIM) el Estado participa en un porcentaje de las ganancias de empresas de la gran minería privada.
El gobierno de piñera en defensa de la gran minería privada
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en que la moción es inconstitucional porque hace referencia la creación de un tributo, que es atribución exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, precisó:
“Desde el punto de vista conceptual, el impuesto a la minería tiene una tasa variable, aumenta o disminuye según el precio del mineral… cómo ha estado el precio del cobre la recaudación también ha aumentado y seguirá aumentando durante el resto del año, tanto por su valor como por la tasa, por lo que hoy ya tenemos un mejor precio, ya tenemos una mejor recaudación”.
A su turno el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el litio en Chile ya recauda cerca del 45% de sus ganancias por concepto de contratos e impuestos.
A ello dijo, se debe agregar el estancamiento de la demanda de cobre, que ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos 20 años:
“El país lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de producción y exportación y no impulsar una legislación express que hace daño a Chile”.
En esa línea el subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavez anunció reserva de constitucionalidad con el objeto de frenar el trámite del proyecto.
Como está ocurriendo ante la aprobación democrática en el Parlamento de proyectos de corte social, y que tienen que ver con los grandes consorcios privados y, este caso, trasnacionales, la derecha, con el apoyo del gobierno, recurrirá al Tribunal Constitucional para declarar ilegal esta iniciativa.
Por su parte el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, que dijo que la aprobación “es una noticia muy negativa para este sector productivo”.
Los puntos sobre las íes
El parlamentario integrante de la Comisión de Hacienda y uno de los principales impulsores de la iniciativa, abordó el proyecto de royalty minero que debe ser revisado esta semana por la Sala de la Cámara y, al respecto, abordó la importancia de que Chile tenga soberanía sobre sus recursos naturales.
El martes 4 de mayo de 2021 en los momentos más relevantes de la discusión sobre el proyecto del Royalty Minero, cuando éste había sido aprobado en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara, quedando listo para ser revisado en la Sala durante esta semana, en conversación con la primera edición de Radionálisis, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, integrante de la Comisión de abordó esta iniciativa y se refirió a la posibilidad de que con este pago las mineras puedan demandar ante tribunales internacionales al Estado de Chile.
Explicó:
“Según la normativa vigente hoy, si este royalty fuera promulgado habría que respetar, tal cual está la ley hoy, la invariabilidad tributaria. Eso quiere decir que en la mayoría de las grandes empresas mineras se comenzaría a cobrar el 2024, porque el 2023 termina la invariabilidad tributaria”.
Y agregó:
“Yo presenté una indicación para que una vez promulgada la ley cesara la invariabilidad tributaria y eso se pudiera cobrar al año de promulgada la ley, porque creo que aquí hay un tema de soberanía nacional. El cobre no es un recurso privado, es de la nación, de todas las chilenas y chilenos, y en una situación excepcional. Con la pandemia nosotros hemos propuesto que mientras estemos en esta situación de catástrofe nacional los recursos del royalty vayan a financiar la renta básica universal”.
Además, el parlamentario abordó los comentarios que se han hecho desde el Consejo Minero por parte de su presidente Joaquín Villarino, quien ha cuestionado la forma en que se está discutiendo este proyecto.
Sobre este punto, el diputado Núñez señaló que “la postura que ha tomado el presidente del Consejo Minero es realmente vergonzosa porque él está defendiendo las ganancias y las utilidades”.
“Aquí nadie está discutiendo que las mineras irán a la quiebra, eso es una mentira gigante. Nadie está discutiendo que se va a paralizar la minería del cobre en Chile, al contrario. Si las ganancias que tienen hoy son espectaculares, estamos acercándonos al precio histórico más alto desde que se cotiza en la bolsa de valores de Londres”.
Junto a ello, el legislador comentó que la propuesta realizada de royalty minero es escalonada, lo que significa que si el precio del cobre baja se cobra menos y si sube se cobra más:
“Es un mecanismo que siempre deja un margen de utilidad en la empresa, pero que está permitiendo que la distribución sea equitativa, tenga un criterio de justicia básica y eso es lo que hoy nos está negando el Gobierno, las empresas mineras y también la derecha, que en la Comisión de Hacienda votó en contra varias de las indicaciones que hicimos”, explicó.
Por otra parte, Núñez abordó la soberanía nacional que tiene Chile respecto de sus recursos y en contraste con el poder que tienen las grandes empresas, el que les permite incluso demandar al Estado, como se ha deslizado respecto de las aseguradoras por el retiro de fondos de las rentas vitalicias. Al respecto, manifestó: :
“Es terrible como Chile ha hipotecado su soberanía nacional y estamos absolutamente a merced de empresas que cuando consideran que sus intereses se ven afectados nos pueden llevar estos tribunales arbitrales que muchas veces favorecen a las empresas transnacionales”.
Agregó:
“Es clave para poder salir del modelo neoliberal, que nos impuso a sangre y fuego la dictadura, tener soberanía nacional y no estar amarrados o sometidos a estos juicios arbitrales”.
A ello, añadió que situaciones de este tipo refuerzan la idea de no suscribir el TPP-11 que permitiría más amarras en tribunales arbitrales internacionales.
Finalmente, el diputado destacó que es de suma importancia que este tema respecto del resguardo de la soberanía nacional sea abordado en la Convención Constitucional para garantizar los intereses del país y la ciudadanía.
El significado histórico
La Cámara de Diputados y Diputadas dio un paso muy importante al aprobar el royalty a la minería, contra la férrea oposición del gobierno de Sebastián Piñera y además contra la campaña del terror que han desplegado las grandes mineras privada”.
En el corto plazo, junto con el impuesto a los súper ricos, podrían aportar recursos por unos 7 mil millones de dólares al presupuesto fiscal, lo que permitiría al Estado entregar una renta básica universal de emergencia.
Además el royalty minero significa comenzar a poner fin al saqueo de nuestras riquezas naturales, iniciar un proceso que, en base a una nueva Constitución, el pueblo chileno renacionalice nuestro cobre, siguiendo el histórico ejemplo del Gobierno Popular, presidido por Salvador Allende.
El mismo día jueves 6 de mayo en que la Cámara aprobó el proyecto del Royalty Minero pasó al Senado donde debe iniciarse un arduo debate y, al final, una votación.
El panorama es incierto, porque hace un año o más se pensaba que en el Parlamento jamás avanzaría la idea de tocar a las grandes corporaciones de la minería para obtener recursos. Sin embargo hoy, después de mucha labor en comisiones, el proyecto prosperó en la Cámara Baja.
¡Alerta chilenos! Aguzad el oído. Se escuchan ruidos ya tradicionales desde el Senado: sonidos de azafates, cucharones, ollas, cuchillos. Se prepara la cocina. Alzad la bandera de la dignidad nacional. Apretad los puños y golpead sin piedad a los antipatriotas yanaconas al servicio de los súper ricos.
Qué no se repita lo de la Ley Longueira aprobada por el Parlamento en 2012, que privatizó el mar de Chile, favoreciendo a siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile.
Estas fueron: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad pesquera industrial del país.
Se repartían utilidades calculadas en, a lo menos, 3 mil millones de dólares anuales, a partir de la extracción gratuita de los recursos del mar chileno”.
Entre los que promovieron esta ley estaban: Jaime Orpis de la UDI, que entre marzo de 2009 y abril de 2013 recibió como coima 233 millones de pesos; Marta Usasi, también UDI, recibió 40 millones de pesos; Fulvio Rossi, socialista, y el principal actor Pablo Longueira, connotado dirigente de la UD y ministro de Piñera.
Hacia el 2010, Sebastián Piñera participaba en Antar Chile, empresa controladora de CORPESCA. Por esta razón incorporó en su primer gobierno a Pablo Longueira como ministro de Economía.
Cuando se discutía en el Parlamento la Ley Longueira, el diputado comunista Hugo Gutiérrez acusó que se trataba de “una legislación que, por favorecer al empresariado, nace en coima sin miramiento alguno del perjuicio que provocó a los trabajadores de la pesca artesanal ni tampoco al medio ambiente”.
(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
