por Santiago Escobar (*)
La decisión del Presidente Piñera de viajar a Colombia para “entregar ayuda humanitaria” a la población venezolana trans-frontera, vista desde las puras emociones, podría ser interpretada como un acto humanitario y positivo.
Lamentablemente para él, y también para el país, él es la máxima autoridad institucional del Estado de Chile, y su comportamiento y acciones están sometidos a estrictos procedimientos de legalidad. Ello, porque en toda circunstancia comprometen tanto la imagen del país en el exterior como el orden público y político internos. Incluso cuando viaja como privado.
En su artículo 25, incisos tercero y cuarto, la Constitución de la República señala:
“El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni en los últimos noventa días de su período, sin acuerdo del Senado. En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican”.
La frase “en todo caso” es un imperativo que lo obliga a dos cosas, comunicar con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del país; y los motivos que justifican su decisión.
En este caso parece al menos dudoso que el Presidente haya hecho lo uno y lo otro con la formalidad requerida.
Pese a haber solicitado la información tanto a la Presidencia de la República como a Segpres sobre el texto de marras que se supone origina el artículo aludido, nadie fue capaz de dar una respuesta ni contestó el requerimiento de información.
Tampoco en el Senado de la República, cerrado a machete por vacaciones.
El tema, al parecer mínimo, no es menor por varias razones.
En primer lugar, no es lo mismo viajar como Presidente de la República, lo que implica protocolos internos y también en el país al que se llega, que hacerlo como un ciudadano más, lo que de acuerdo al texto constitucional puede hacer libremente, si es por menos de 30 días.
En ninguna parte se señala el procedimiento aplicable a la comunicación que debe hacer el Presidente aunque, proviniendo de la propia Constitución, se supone debiera tener una expresión formal escrita, parte de la cual quedará –si lo hace-también en el decreto que designa al vicepresidente encargado.
Un problema adicional es el protocolo de estadía en el país al que el Presidente viaja, cuyo tratamiento es diferente si el viaje es oficial o es privado.
En este caso, Colombia plantea problemas importantes de transparencia respecto de la agenda presidencial en ese país, pues el primer mandatario tiene importantes inversiones allí y no da lo mismo con quien se junta o qué hace.
Cabe recordar que Bancard International Investment Inc, la empresa registrada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas, es el quinto accionista más importante de la Bolsa de Valores, y tiene un despliegue de inversiones muy diversificado en áreas como la energética (Isagen), maderera (Tablemac), construcción (Cemex Latam), combustibles (Terpel) y transporte aéreo (Avianca), precisamente en Colombia, según un reporte de Ciper de hace dos años.
El viaje presidencial ha sido objeto de una fuerte disputa comunicacional a raíz de la situación política de Venezuela.
El Presidente Piñera ha dicho que recibió una invitación del Presidente colombiano Iván Duque para ir a Cúcuta, se supone informal, pero no sabemos si su viaje lo paga el Estado de Chile o sale de su bolsillo.
Ha declarado, además, que este es el primer paso para una ofensiva diplomática para formar un nuevo bloque regional de países llamado Prosur, con Colombia, Argentina y Brasil como principales miembros, considerados por ex-cancilleres de la oposición chilena como un hito “inútil e inconveniente”.
Pero que en el fondo sería un giro importante en la política exterior del país. Todo de manera casi improvisada y convulsiva, aparentemente sin mucho tino acerca de la responsabilidad política del cargo
.Lo único claro es que todas las descoordinaciones institucionales al interior de Chile y del Gobierno, principalmente del Ejecutivo y del Congreso, no son una casualidad, sino obedecen a un comportamiento de sistemático descuido por las formas y contenidos del funcionamiento democrático.
El Presidente, obligado por la Constitución a enviar una comunicación fundada al Senado por su viaje no lo hace, seguramente porque cree que, como no requiere permiso, le basta anunciarlo en un punto de prensa.
Y si quisiera cumplir con la ley y enviar algo formal, tampoco es seguro que podría, a menos que enviara una carta certificada por Correos de Chile, la que sería retirada en marzo porque el Senado no funciona por vacaciones hasta esa fecha.
El Presidente viaja en calidad indefinida a un país donde tiene inversiones, se empeña en una política exterior poco mesurada en la creación de bloques sin justificar sus actos y desafía a otros poderes del Estado, los que a su vez se omiten de sus responsabilidades institucionales… porque las vacaciones son sagradas.
Peor para la imagen de Chile, peor para la transparencia.
(*) Abogado
Fuente: Primera Piedra
