La institucionalidad en Chile se deslizó como un caracol arrastrándose por el filo de una navaja. La Fiscalía de Temuco ordenó la incautación de documentación desde la sede de Dipolcar de Temuco, pero mediante un despliegue de fuerza bruta, Carabineros lo impidió. Al final del día, tuvo que transar. En un país normal, al alto mando de Carabineros no le queda otra opción que renunciar.
Sin exagerar, la rebeldía de Carabineros ante una orden de la Fiscalía de Temuco, constituye una de las más graves crisis institucionales desde 1990, a la altuta del «boinazo», el «ejercicio de enlace», y la negativa a renunciar del general Rodolfo Stange, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle.
En efecto, un día después de que fiscalía denunciara la manipulación de las pruebas por parte de Carabineros contenidas en la «Operación Huracán», la Policía de Investigaciones (PDI) intentó allanar dependencias de Carabineros en Temuco.
Pero las diligencias dirigidas a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la capital regional fueron impedidas por personal de Carabineros.
«No dejaron que se allanara y que se incautara el material que nosotros necesitábamos acceder», afirmó la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
En el caso de las primeras oficinas, los efectivos defendieron que la autorización de un tribunal no sería suficiente por tratarse de un recinto acogido a la ley de inteligencia. Sobre el Labocar, se debería a que es un recinto militar.
Durante el procedimiento, encabezado por el fiscal Roberto Garrido, Carabineros instaló a tres cuadras del recinto carros blindados del GOPE con personal armado y escudos antimotines.
La vocera explicó:
«Ante la negativa, lo que hicimos fue tomar los resguardos de los debidos sellos de esta evidencia, para poder evitar las adulteraciones».
Para impedir la entrada, en los alrededores de las oficinas se instaló personal de Fuerzas Especiales, carros lanza gases y buses policiales.
Ante ese despliegue de fuerza y desobediencia, Marta Herrera añadió:
«Hasta la fecha, en lo que lleva la Reforma Procesal Penal, nosotros no nos habíamos enterado de que estos lugares constituyeran lugares especiales para realizar diligencias de allanamiento. Carabineros tiene una interpretación y nosotros estamos siguiendo los conductos regulares, por lo tanto no se pudo realizar la diligencia y estamos informando y cumpliendo los requisitos que ellos están exigiendo con el ministro del Interior. Los pasos a seguir son oficiar al ministro del Interior para que se pueda realizar la diligencia, que entendemos que se tiene que realizar a la brevedad posible».
Marta Herrera respondió al jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, general inspector Gonzalo Blu:
«La adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa, además, que nosotros avalemos nada porque la Fiscalía, en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional, únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación», aseveró la vocera de la Fiscalía Nacional.
Agregó:
«No está diciendo que ahí no haya delito, no está diciendo que allí no haya participación, está diciendo simplemente que en la medida que nosotros contemos con antecedentes que no estén contaminados, podríamos seguir adelante. Esos antecedentes, hasta ahora, no existen».
Ministerio Público
Luego de que Carabineros se opusiera al allanamiento de las dependencias de la Dirección de Inteligencia Policial en Temuco, el Ministerio Público anunció que insistirá en la intención de ejecutar el procedimiento.
Personal de la PDI llegó esta mañana al recinto, en medio del escándalo por la denuncia de la Fiscalía sobre la implantación de pruebas falsas en contra los imputados de la denominada «Operación Huracán», pero «lamentablemente no se pudieron realizar (las diligencias) dada la oposición de Carabineros», acusó Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional.
Dipolcar argumentó que deben pasar 48 horas desde que se decreta la orden de allanamiento en caso de que la medida vaya en contra de instituciones uniformadas.
Además, a tres cuadras del lugar se instalaron carros blindados del GOPE con personal armado y escudos antimotines.
Frente a esto el fiscal Roberto Garrido entregó otros detalles del procedimiento y los pasos a seguir:
«Nos constituimos, en conjunto con la PDI, para realizar el allanamiento, y existió oposición por parte de Carabineros en razón de ciertas formalidades legales que estimaron se habían incumplido. El Ministerio Público insistirá con esta diligencia».
Agregó:
«Por el momento, se está resguardando lo que podría ser de utilidad para la investigación, como dispositivos electrónicos de almacenamiento de información. Esto se está sellando e inventariando, como corresponde».
El presidente de Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, expresó que lo ocurrido es un hecho grave que no puede volver a suceder:
«Nos parece grave que ocurran estas situaciones. La verdad es que requerimos que quienes estén a cargo de las investigaciones por los delitos ocurridos en nuestra zona de violencia rural y de terrorismo que hemos visto en el último tiempo deben ser abordados de la mejor forma».
Añadió:
«No nos parece que se estén dando estas situaciones y esperamos que se investiguen y que se dé con los responsables de quienes están haciendo cualquier tipo de entorpecimiento de la real investigación, que debe ser encontrar a los responsables de los atentados ocurridos en nuestra región, en la zona sur. Esperamos la mayor rigurosidad en la investigación de este hecho puntual, así como también esperamos el avance de los otros hechos y de las otras líneas investigativas para dar con el paradero de las personas que andan haciendo los delitos terroristas en la Región.
Desenlace
Finalmente, a Carabineros no le quedó otra que recoger cañuela. Luego de que Carabineros se opusiera al allanamiento de las dependencias de Dipolcar en Temuco, el general director, Bruno Villalobos, resolvió entregar, finalmente, los equipos requeridos por el Ministerio Público.
La diligencia se realizó en medio del escándalo por la denuncia de la Fiscalía sobre la implantación de pruebas falsas en contra los imputados de la denominada «Operación Huracán», pero, hubo oposición de Carabineros, con el argumento de debían pasar 48 horas desde que se decreta la orden de allanamiento en caso de que la medida vaya en contra de instituciones uniformadas.
«Con la finalidad de cooperar y facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados, (la institución) ha dispuesto que el director de Asuntos Internos, general Jorge Mondaca Monje, coordine en forma inmediata la entrega de los equipos que han sido sellados por la Fiscalía y que permanecen en dependencias institucionales» en Temuco, informó Carabineros mediante un comunicado.
En el texto explicaron que comunicaron la decisión al ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, y que la entrega de equipos se da «en el marco de las diligencias que se encuentra desarrollando la Fiscalía Regional de Temuco y pese a existir una norma legal que fija los procedimientos de examen y registro de lugares especiales».
