Una carta reservada de los abogados de la minera de los Luksic apunta a que el Subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, no solo recibió y conoció el informe de las muestras y análisis que hizo SGS, sino que también lo habría avalado, respaldando la posición de Los Pelambres, en el sentido de que el Botadero Cerro Amarillo no contamina. El subsecretario insiste en que no mintió en su respuesta a los abogados de Glencore.
La minera del Grupo Luksic finalmente se saca los guantes en la pelea con Glencore. La disputa legal en Argentina sobre el botadero minero entre Los Pelambres y la multinacional suiza lleva casi un año, pero en las últimas semanas se han estado calentando los ánimos.
Hasta hace unos meses la pelea se había mantenido a bajo perfil y como un conflicto entre privados, pero ahora se ha convertido en un crisis política que tiene al jefe de gabinete de la ministra de Minería bajo sumario administrativo y al subsecretario de la cartera acusado de faltar a la verdad. El conflicto también amenaza con convertirse pronto en un problema para los gobiernos de Chile y Argentina.
Glencore tiene una demanda civil y una penal contra la minera que forma parte de Antofagasta Minerals en Argentina, ya que parte del botadero, que es donde se depositan los desechos de Los Pelambres, está en un terreno de Glencore en Argentina.
Los Pelambres no lo niega, pero su argumento es que actuaron de buena fe. Dicen que los mapas oficiales con el límite fronterizo de la zona cambiaron en 2008, sin que el Estado de Chile lo informara adecuadamente y que entonces una parte del botadero Cerro Amarillo del yacimiento Los Pelambres pasó de estar en territorio chileno a suelo argentino –el 40%–. En 2011, cuando se confirmó el error, se paró el uso del botadero.
En marzo de este año, Glencore sumó a su demanda civil una penal por «usurpación de terrenos y aguas y posibles daños ambientales». Y en junio, en forma reservada, sumó un denuncia medioambiental en Chile que la SMA notificó que ya está investigando.
La esencia de las distintas demandas del gigante suizo está en que la minera de los Luksic «limpie la zona, repare los daños ambientales y compense los posibles perjuicios que la ocupación de la zona haya producido», explican cercanos al equipo legal de la firma.
Eso significa que Los Pelambres traslade el botadero a territorio chileno y lo indemnice. El costo de eso sería hasta US$ 200 millones más la indemnización. La minera chilena ha dicho que eso es impracticable, ya que significa mover 27 millones de toneladas de material y el daño ecológico sería enorme. Además, afirman que la zona no tiene recursos mineros, por lo que no habría perjuicios. A cambio ha ofrecido hacer un cierre ambiental, lo que tendría un costo de US$ 15 millones. Acusa que el verdadero motivo de Glencore es lograr «compensaciones económicas».
El argumento medioambiental
El corazón del argumento de Glencore es que el botadero contamina. Y es ahí está la razón de fondo de por qué el conflicto ha escalado a ser un problema político para el Gobierno.
Desde 2012, cuando se estableció que parte del botadero estaba en Argentina, se ha llevado a cabo una serie de reuniones e intercambio de correspondencia entre ambos países.
Documentos a los cuales tuvo acceso este medio muestran que en agosto del año pasado se acordó, luego de una reunión en Bueno Aires, constituir un Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) para abordar el problema y proponer alternativas de solución a la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile.
El acta de dicha reunión muestra que se propuso realizar una visita binacional a la zona. Representando a Chile fueron el Director Nacional de Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez; Ana Luisa Morales, Jefa del Programa de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas del Senageomin; Jorge Valenzuela, director regional del organismo; y Rodrigo Urquiza, representando al Ministerio de Minería.
La visita en terreno se realizó el 30 de enero de este año. Ambas partes habían acordado que pedirían ayuda a los operadores de los respectivos proyectos. Los Pelambres ofreció transporte y a la empresa SGS, consultora internacional, para tomar y analizar las aguas.
Cabe mencionar que el propósito de la visita era verificar la posible existencia de contaminación de las aguas a consecuencia de un eventual drenaje ácido desde el botadero Cerro Amarillo. En ese marco, se procede a tomar muestra de las aguas de la Laguna Grande, en el lado argentino, y Laguna Chica, en el lado chileno.
Fuentes que conocen los detalles de la visita relatan que la delegación argentina era numerosa e incluía a miembros de la Cancillería, a pesar de que las partes habían acordado que la visita sería estrictamente de carácter técnico. Los argentinos procedieron a tomar muestras de agua y fue ahí que, de acuerdo a las mismas fuentes, las autoridades chilenas habrían pedido a SGS que tomara muestras espejo en el mismo lugar. Para eso contaron con la autorización de las autoridades argentinas para cruzar la frontera y tomar las muestras de Laguna Grande.
Los resultados de las muestras de SGS –a los cuales este medio tuvo acceso– revelaron que no habría contaminación en las aguas de Laguna Grande en el lado argentino y que en el lado chileno se encontró presencia de cobre y manganeso sobre la norma de referencia.
Esos resultados fueron enviados a Los Pelambres y luego a Sernageomin. Hasta ahí todo parecía estar en orden.
Pero dos cartas del abogado de la minera chilena, Andrés Jana, a la ministra de Minería, Aurora Williams, en abril pasado, gatillaron la crisis en la que actualmente se encuentra el ministerio.
Jana pidió una carta de buena fe y que se timbrara el estudio de SGS para ser entregado en el tribunal argentino donde Glencore está demandando a Los Pelambres. El jefe de gabinete de la ministra, Adolfo Galindo, cumplió con la solicitud y la minera de los Luksic presentó los documentos como evidencia ante el tribunal de San Juan.
Críticos de Galindo señalan que el ministerio no debería haber extendido una calificación de este tipo a una empresa que regula. The Clinic cita a un ex ministro que destaca que «no existe una atribución ministerial para garantizar la buena fe de una empresa y que frente a una solicitud de esta naturaleza lo normal es extender los permisos con los que cuenta la compañía para que esta los use como estime conveniente. Además, agrega, la buena fe se presume en el ordenamiento jurídico nacional».
El reportaje de The Clinic hizo explotar el caso. Galindo fue forzado a renunciar y hoy enfrenta un sumario administrativo. Otra arista problemática es que la ministra Williams fue gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa que es parte del grupo Luksic, aunque el holding la «heredó» cuando compró Vapores. A eso se suma que Galindo era parte de la G-90 y cercano al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñaillo.
La compleja posición del subsecretario
Los dardos ahora apuntan al rol del subsecretario de Minería, Ignacio Moreno Fernández. El 22 de mayo, el abogado de Glencore, Eugenio Valladares, solicitó por transparencia a la ministra Aurora Williams todos los antecedentes y documentos relacionados con la petición de Jana del 8 de abril. En su petición Valladares no se identificó como abogado de Glencore y la hizo con su mail personal, aunque la ley no lo requiere. La petición incluía cinco solicitudes específicas.
Moreno respondió el 17 de junio pasado lo siguiente: «No existe en este ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS». Y agregó: «No existe constancia de ingreso en esta Secretaría de Estado del informe señalado en su solicitud por parte de la empresa SGS Ltda». Asimismo, sostiene: «No existe en esta Secretaría de Estado documentos en que conste información referente a que personal de SERNAGEOMIN revisó y avaló el informe señalado en su solicitud». Y, por último, su respuesta consigna: «No existe en esta Secretaría de Estado documentos en que conste la metodología seguida por el personal de SERNAGEOMIN respecto al informe señalado en su solicitud».
Valladares usó la respuesta de Moreno ante el tribunal argentino, acusando a Los Pelambres de «falsedad» y de intentar engañar a la Corte. «No es cierto que el informe de SGS haya sido avalado por el Ministerio de Minería de Chile ni por el Sernageomin. Es más, de los documentos anexos resulta que ese informe ni siquiera fue pedido por el SERNAGEOMIN ni Minería de Chile, ni que los hayan recibido jamás».
El resultado es que Los Pelambres sufrió una dura derrota judicial en Argentina y los abogados de la minera de los Luksic pusieron grito en el cielo. Acusan a Moreno de mentir. También en privado cuestionan que el subsecretario no haya copiado su respuesta a Valladares a la ministra, que es la que le pide que responda al requerimiento originalmente.
A través de una carta reservada enviada el 2 de julio, los abogados hacen una serie de peticiones concretas, entre ellas que Moreno tome medidas concretas «para enmendar las inexactitudes y omisiones descritas» y que se les informe de las mismas.
Además, Jana pide una serie de documentos, incluyendo la copia de la petición original de Valladares, el abogado de Glencore, copia del acta de la reunión celebrada el 14 de Agosto en Buenos Aires, cartas enviadas por Moreno, copia del borrador de acta, minuta «o cualquier otro documento», enviados a las autoridades argentinas en que se deja registro de la visita binacional al botadero el 30 de enero.
Fuentes en el ministerio revelan que la petición del abogado de Los Pelambres también pide detalle de reuniones y/o comunicaciones que Moreno habría sostenido con representantes, asesores o funcionarios de Glencore a propósito de la petición de Valladares.
Este medio tuvo acceso a una serie de correos electrónicos, documentos del Ministerio de Minería y Sernageomin que muestran que Moreno tenía conocimiento absoluto del informe de SGS y que sugieren que habría incluso avalado los resultados de este mismo.
Uno de los correos es del 14 de abril a un destacado miembro del equipo legal de Los Pelambres, donde informa que las muestras del lado argentino, de la denominada Laguna Grande, no detectan presencia de metales en el agua.
Este medio también tuvo acceso a una presentación que Moreno hizo el 24 de marzo ante la ministra Williams y representantes del Ministerio del Interior y de la Cancillería. También estuvieron presentes asesores externos de Los Pelambres. En esa presentación –página 7–, Moreno dice que «de las muestras de agua tomadas por el Sernageomin, se pudo determinar que cumplen con las normas de calidad para el riego, que es el uso que podría dárseles a las aguas de las lagunas del sector». La referencia es a la muestra tomada en el Lago Grande, que es el que está ubicado en el lado argentino.
Esa misma lámina contiene una foto de la funcionaria de SGS tomando la muestra en lado argentino.
Cercanos al equipo legal de la minera chilena apuntan a que el Sernageomin no tomó las muestras, sino que fue SGS y que esto demuestra que Moreno estaba completamente al tanto de los informes y que en el ministerio eran aceptados como oficiales, por lo que la carta de Galindo no debería ser algo cuestionable.
También hay amplia evidencia de que el Sernageomin efectivamente envió a Minería el informe de SGS. Este medio también tuvo acceso a correos en que el subsecretario Moreno envió el informe a varias autoridades, incluyendo a Cancillería. El informe también lo recibió el actual Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, quien tuvo un rol en la disputa cuando era embajador en Argentina. Díaz lo habría usado como información oficial del Gobierno de Chile.
Cabe mencionar que los resultados de las muestras tomadas por al delegación argentina no son públicas, pero un extenso estudio hecho a pedido de Glencore por expertos argentinos revelaría que existe potencial de contaminación y critica estudios realizados en años anteriores por Los Pelambres.
Respuesta de Moreno
El subsecretario Moreno niega categóricamente haber mentido. Su posición es que él les respondió a los abogados de Glencore «estrictamente la consulta que se le hizo». Añade que nunca ha negado que conoce el informe y que contestó lo que le preguntaron. «Yo lo recibí el 15 de abril por parte de Sernageomín», reconoció a The Clinic y fue él quien lo envió a la oficina de la ministra.
Cercanos a Moreno señalan que el subsecretario siente que los abogados de Glencore sabían exactamente qué preguntar, lo sacaron de contexto y lo usaron para su beneficio ante los tribunales argentinos y que él nunca avaló lo que dicen en Argentina. «Se apegó a la letra de la ley», es como lo explican.
Afirman que en privado Moreno estima que el estudio de SGS está bien hecho y que efectivamente Los Pelambres tendría razón en afirmar que no hay contaminación en el Lago Grande, en suelo argentino.
Fuente: El Mostrador
