El sábado 7 de mayo pasado, se inauguró en El Salvador, frente a la mina de Codelco, “El Memorial Nelson Quichillao” que conmemora la muerte del minero asesinado, en medio del enfrentamiento entre trabajadores y Fuerzas Especiales de Carabineros, el pasado 24 de julio del 2015. El monumento, paradójicamente, llegó antes que la justicia.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
El caso aún no tiene formalizados, a pesar que la Fiscalía apuntó hace meses que el principal sospechoso, el sargento Marco Guerrero Martínez, sería el autor de los disparos que dio muerte al trabajador. Aquí contamos lo que pasó esa noche según los últimos antecedentes de la investigación y las interrogantes que abre el caso respecto a las responsabilidades políticas que alcanzarían, según el testimonio de un uniformado, a “altas autoridades de gobierno”.
El 23 de julio del 2015, alrededor de 200 trabajadores de la empresa contratista de Codelco, Geovita, se tomaron el acceso a la mina El Salvador y a la ciudad de Diego de Almagro. La huelga nacional había comenzado dos días atrás, luego que la minera estatal se negara a renegociar el acuerdo marco que tenía con los trabajadores contratados y subcontratados desde el año 2007.
Los ánimos estaban caldeados. El 21 de julio, el mismo día que se iniciaron las tomas de yacimientos mineros a nivel nacional, los mineros recibieron una advertencia. A las 06:20 de la mañana, un contingente de Fuerzas Especiales disolvió a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la mina, a punta de lanzagases y lacrimógenas. “Las lanzaban a cuerpo, nos quemaron el campamento con todos nuestros víveres. La represión fue brutal”, recuerda Ana Lamas, presidenta de la Federación de Sindicatos El Salvador (Fesal).
Nadie, sin embargo, dimensionaba lo que se venía. Carabineros estaba alertado que el corte de caminos se llevaría a cabo el 23 y 24 de julio, gracias a información proporcionada por su Dirección de Inteligencia (Dipolcar). Es por eso que no dudaron en prepararse para la ocasión: se convocó a Fuerzas Especiales de la tercera región, otro piquete de Santiago que llegó en avioneta y helicóptero y otro de Valparaíso, que arribó hasta Copiapó en un avión de las Fuerzas Armadas. 57 efectivos en total.
Los trabajadores estaban preparados. Formaron, con una máquina Scoop -vehículo con pala cargadora minera-, un cordón de tierra donde podían atrincherarse. Pasadas las nueve de la noche, llegó el contingente de Fuerzas Especiales a repeler a los manifestantes. En minutos, se armó una batalla campal. “Nos tiraban lacrimógenas, balines. Nosotros respondíamos con todo lo que podíamos, nos resguardábamos detrás de las maquinarias. Veía como mis compañeros caían heridos, gritos de todas partes, no se podía respirar”, recuerda uno de los trabajadores presentes.
Tres Scoop manejadas por trabajadores empezaron a avanzar desde el acceso de la mina con el fin de hacer retroceder a Carabineros y, al mismo tiempo, servir de escudo para el resto de los mineros. “Nos alumbraban con infrarrojos, el gas nos estaba matando, los balines y perdigones volaban hiriendo a compañeros en todo su cuerpo”, relata Ana Lamas.
Los trabajadores corrían para todas partes en la penumbra. A eso de las 1 de la madrugada, un funcionario policial empezó a gritar a sus compañeros: “¡Se acabaron las bombas! ¡Se acabaron las bombas!”. Tampoco les quedaba gas. Sus principales armas disuasivas se habían agotado tras cuatro horas de enfrentamiento.
La máquina Scoop siguió avanzando y retrocediendo para alejar más aún a Fuerzas Especiales. Pero en vez de apaciguar los ánimos, todo empeoró. Los trabajadores empezaron a escuchar sonidos cada vez más ensordecedores que venían de la parte delantera de las máquinas. Era una ráfaga de balas que chocaban contra la cabina blindada.
Los mineros ni alcanzaron a resguardarse de las 33 balas disparadas por Carabineros cuando vieron a Nelson Quichillao, minero de Geovita de 48 años, caer al suelo. Había sido impactado en la ingle.
Rodrigo Vásquez, uno de sus cercanos, levantó sus brazos frente a Fuerzas Especiales pidiendo cese al fuego. ¡Hay un caído! ¡Hay un caído!, gritaban los trabajadores. En el acto, Vásquez cae al suelo con varios impactos de balines en su tórax y en uno de sus ojos. Sangrando cae al piso y es acostado al lado de Nelson.
Los mineros llamaron a una ambulancia que llegó en pocos minutos, pero Fuerzas Especiales no les permitió el paso. El propio alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala, tuvo que interceder. Cerca de las dos de la mañana, Nelson Quichillao fue trasladado de urgencia a la Clínica San Lorenzo.
A las tres de la mañana, muere tras desangrarse por una bala que le perforó la arteria femoral.
EL CHECHO
Una semana antes de su asesinato, Nelson llamó a José Quichillao, su hermano mayor. José no andaba bien de salud y su hermano le dijo por teléfono: “¿Casi te vai cortina?, tienes todavía mucho que hacer acá viejo, no te vayai todavía”. Además de bromear, ambos se pusieron al día con sus vidas. Nelson le contó a José que en la mina estaban en huelga y que las “cosas no pintaban para bien”.
– ¿Por qué no te vienes para Santiago? – le preguntó José.
– Puede ser. ¿Con qué cariño me vas a recibir?- le dijo Nelson.
Entre tallas, acordaron que la semana entrante viajaría sin falta. Nelson quería asistir a unas reuniones del sindicato, a pesar de que jamás tuvo filiación política ni asumió cargos como dirigente.
-Él no quería que sus compañeros pensaran que después de la negociación, solo iba a poner la mano. Le gustaba solidarizar, acompañar. Jamás se involucró en política, de hecho no entendía nada de esas cosas y tampoco le interesaban- asegura José Quichillao.
El Checho, como su familia llamaba a Nelson, pasó los primeros años de su vida en La Unión, a 80 km de Valdivia. En 1975 su padre, mapuche oriundo de Chiloé, murió de un derrame cerebral, dejando a su madre sola con ocho hijos. La muerte de su padre le pegó fuerte a Nelson. “No hablaba, no lloraba. Empezó a desaparecerse de la casa. Mi mamá no sabía qué hacer con él”, cuenta José.
En esos años, José Quichillao ya tenía su vida armada en El Salvador. Trabajaba por más cinco años en Codelco como minero y estaba casado con Ruby, con quien tenía tres hijos. Preocupado por su madre y hermano, José se llevó a Nelson a vivir al norte. Ahí lo crió como un hijo.
-Lo puse en la escuela, lo ayudábamos con sus cosas del colegio. Si le compraba una camisa a mi hijo, también le compraba a él. Todos por igual. Lo crié con tanto cariño de hermano y también de padre, que a ratos todavía pienso que me llamará por teléfono-, relata José, su hermano mayor.
La familia era conocida en la zona. José había fundado Cobresal en 1979 y por lo mismo, a Nelson no le costó encontrar trabajo. Cuando cumplió 17 años decidió independizarse, no siguió estudiando y se fue a vivir solo. “Le gustaba tener sus propias cosas, no pedir permiso. Aunque no era para nada rebelde, se la pasaba puro jugando rayuela y fútbol con sus amigos no más”, recuerda su hermano.
José y su familia, luego de toda una vida en Codelco, decidieron irse a Santiago. “Le dije que yo le ponía un puesto de frutas para que se viniera conmigo a la capital, pero no quiso. Él amaba El Salvador. Me dijo que se iba a quedar para siempre”, cuenta José.
Pocos años después, Nelson entró a trabajar a Codelco, como trabajador subcontratista de la empresa Geovita. Ahí empezó a especializarse en perforación minera y le fue bien. Duró 15 años trabajando en la empresa y lo echaron, pero le pagaron un gran finiquito. “Su hermana, la Irene que vive también en El Salvador, le recomendó comprar un departamento en La Serena con esa plata. Le hizo caso, todos éramos tan unidos que seguíamos todos nuestros consejos”, dice José. En menos de un mes, la empresa lo volvió a recontratar, haciendo el mismo trabajo de antes.
“Él estaba tranquilo en su pega, era un trabajador ejemplar. No se metía en ningún atado. No puedo creer todavía lo que le pasó esa noche”, asegura Rudy, su cuñada. El jueves 23 de julio, Nelson estaba enfermo en la pensión donde vivía en El Salvador. Se sentía mal y ni siquiera pensaba en ir a apoyar la huelga hasta que se mejorara. Su hermana Irene, con quien habló cerca de las 10 de la noche, incluso le ofreció irle a comprar medicamentos, pero se negó.
Según testigos de la pensión, Nelson salió pasadas las 10 de la noche con dos amigos más. Pasó a la farmacia y subió a la mina. “Nos contaron que esos amigos fueron a buscarlo para que fuera a apoyar arriba, con todo lo que estaba pasando. Mi hermano era muy buena gente, enfermo y todo, los acompañó”, relata José.
A las dos de la madrugada del 24 de julio, a Ruby le suena su celular. Era Irene, su cuñada, avisándole que Nelson había sido baleado en un enfrentamiento con Fuerzas Especiales. José y Ruby no lo podían creer. Se levantaron y empezaron a prepararse para viajar.
-Mi cuñada le dijo que la cosa estaba mala, nunca debió estar allá arriba. No entiendo cómo Carabineros empezó a disparar contra los trabajadores. Ni que fueran animales o cualquier cosa- recuerda entre sollozos Ruby.
A las tres los llaman de nuevo para decirles que Nelson estaba muerto. Ambos, que lo criaron desde niño, se desmoronaron.
-¿Cómo es posible que a un trabajador inocente lo maten por pelear sus derechos? ¿Quién dio la orden para que Carabineros desalojara? Son preguntas que hasta hoy me hago y no entiendo, Nelson era un trabajador más, un anónimo. No voy a descansar hasta tener justicia”, cuenta José.
LA INVESTIGACIÓN
Desde la muerte de Nelson, la familia Quichillao se dividió en dos. A pesar de que jamás han estado involucrados en asuntos políticos -José, Ruby y parte de la familia- no han tenido problemas en aceptar ayuda de dirigentes y autoridades para esclarecer el asesinato de su hermano. La otra parte, sin embargo, resiente cualquier mención a su nombre en actividades políticas.
-Esto ha significado un quiebre enorme, es como un torbellino. Nosotros hemos recibido ayuda de todos y eso les molesta a algunos, que afirman que nos están utilizando para fines ideológicos. Yo no creo que sea así, estoy infinitamente agradecida de todos- asegura Ruby.
Uno de los puntos que más controversia ha generado en la familia fue cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) gestionó un memorial, inaugurado el pasado 7 de mayo en un show cultural que incluyó a Illapu y Sol y Lluvia, frente a la mina de Codelco en El Salvador. Los fondos para el evento y también el mural, que hoy es monumento nacional, fueron aportados por la Municipalidad de Diego de Almagro y por una subvención presidencial directa. “A nosotros nos parece algo hermoso, necesario que se recuerde a mi hermano. Casi todos estamos contentos, pero entiendo que a otros no les guste nada y digan a viva voz que todo es una manipulación. Yo lo único que espero es que esto implique avances reales para encontrar al culpable”, dice José Quichillao.
Antes que la justicia, en rigor, llegó el memorial. Dos días después del asesinato, el fiscal Julio Artigas salió en la prensa afirmando que Nelson había muerto por una bala de rebote disparada por un funcionario de Carabineros que estaba identificado. En agosto del año pasado se interpuso una querella por el homicidio de Nelson, pero hasta la fecha, no hay nadie formalizado. “Nos parece insólito que todavía no tengamos una respuesta concreta de la Fiscalía, es como si nadie supiera nada. Se están haciendo los locos, pero nosotros insistiremos hasta el final”, afirma un familiar de Nelson.
Juan Silva, abogado querellante, aseguró que el caso se hizo más complejo de lo que se esperaba en el proceso, ya que por inconsistencias en los relatos, se crearon tres informes distintos que la Policía de Investigaciones entregó a Fiscalía tras la reconstitución de escena.
-Básicamente hay dos versiones. Una sitúa a la pala Scoop a unos tres metros de Nelson y unos 50 metros de Carabineros. La otra versión, sitúa a Carabineros a unos dos o tres metros de la Scoop, disparándole a la cabina, y a unos 30 metros de Quichillao. En ambas versiones Nelson se encontraba de pie, sin participar de ningún tipo de agresión a Carabineros- asegura el abogado.
La investigación judicial, sin embargo, apunta a que el funcionario que efectuó el disparo habría sido el sargento primero de la séptima comisaría de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez. El mismo que registra una denuncia por agresión y “tortura” en contra de Jorge Brito, un estudiante universitario de la Universidad Federico Santa María el año 2013, en el marco de la movilización estudiantil. El caso actualmente está en la justicia militar y tampoco se ha resuelto.
Manuel Ahumada, Presidente de la CTC, asegura que el caso de Nelson Quichillao ha tenido un proceso legal vergonzoso. “Acá hay culpables de ejecución, planificación y mando. Hay personajes de Codelco involucrados en esta emboscada que se hizo en la penumbra. Todos sabemos desde el día uno quien mató a Nelson y la Fiscalía todavía no es capaz de hacerse cargo. Es impresentable”, afirma.
Hasta ahora la CTC ha sido cautelosa con el caso de Nelson, para evitar cualquier tipo de malas utilizaciones de su figura. “A veces se presta igual para oportunismos, incluso desde nuestra propia clase. Queremos evitar ocupar su nombre para cuestiones que no tienen nada que ver con generar justicia”, afirma Ahumada.
LOS CABOS SUELTOS
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Un detalle que forma parte de la investigación y que transformó a Marco Guerrero Martínez en el principal sospechoso del asesinato de Nelson, es que luego de disparar la madrugada del 24 de julio, el uniformado cambió el cargador y perfumó el arma, complicando las pericias posteriores. “Nos parece que eso puede ser una prueba de encubrimiento”, asegura el abogado querellante Juan Silva.
En varias ocasiones, el funcionario intentó explicar esta situación ante la Fiscalía, asegurando que no habían malas intenciones. A pesar de estas justificaciones, todas las pericias aseguran que fue su arma, la que mató a al minero oriundo de La Unión.
A lo largo de la investigación, Carabineros ha mantenido su versión de los hechos, en la que asegura que los funcionarios estuvieron a punto de ser arrollados por la máquina Scoop y que solo actuaron en defensa propia. “Hay muchos testigos, al menos 200, que pueden afirmar que eso no fue así. Ellos dispararon para matar al conductor y a los trabajadores cuando las máquinas venían retrocediendo. Como no tenían más gas, no sabían con qué defenderse”, asegura Ana Lamas.
Uno de los testimonios que abre aristas aún no resueltas en la investigación es la de Jorge Garrido, coronel y prefecto de Carabineros de Atacama. En su declaración, aseguró que Carabineros sabía detalladamente lo que los trabajadores planeaban, para el 23 y 24 de julio, gracias a la labor de inteligencia que luego derivaron “a las oficinas de las más altas autoridades del gobierno”. También declaró que gran parte del contingente que arribó a la zona fue trasladado en un avión de la FACH por órdenes de sus superiores.
Garrido afirma, además, haber recibido presiones directas del intendente de Atacama, Miguel Vargas, quien aparte de brindarle los buses para trasladar a los funcionarios de Carabineros, también le exigía su intervención a toda costa. “Se notaba que tenía presiones para que se interviniera y esas presiones me las transmitía categóricamente en el sentido de actuar rápido, incluso de noche”, asegura.
También el coronel agregó que desde el ministerio de Interior “se había dispuesto la intervención policial en este conflicto de los trabajadores movilizados en El Salvador”. The Clinic intentó contactar al intendente Miguel Vargas para aclarar los hechos ad portas de la formalización, pero se excusó aludiendo que no iba a referirse al tema por ser materia de investigación. Carabineros y el ministerio del Interior tampoco accedieron a consultas del caso atendiendo la misma razón.
Según el abogado querellante Juan Silva, la formalización del carabinero Marco Guerrero Martínez se realizará a más tardar el próximo mes. La familia de Nelson Quinchillao está impaciente. “Nosotros no sabemos a quién creerle. ¿De qué nos sirve el memorial, si del gobierno salió la orden de ir a disparar a los trabajadores? Necesitamos memoria con justicia, por nuestra y tantas otras familias”, asegura José, el hermano del minero fallecido.
Fuente: The Clinic
