Una reunión, con el objeto de analizar los antecedentes que apuntan a un nuevo montaje de Carabineros, sostuvieron los fiscales regionales de La Araucanía, Cristián Paredes; de Aysén, Carlos Palma, y de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Tras la reunión, la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, señaló:
“Estamos analizando si pueden existir hechos similares a los que existen en la investigación que se genera por obstrucción a la investigación en La Araucanía, a propósito de la denominada policialmente Operación Huracán, en hechos similares en la arista de esta causa en la Región de los Ríos”.
Agregó:
“Nos hemos reunido para compartir esa información (por presunta adulteración) y ver si efectivamente pueden existir hechos similares en esa arista y así definir los pasos a seguir”.
El 28 de agosto de 2017, en San José de la Mariquina, se registró el mayor atentado, en el cual quemaron 29 camiones y dejaron con daños a otros seis, todos de la empresa Sotraser. En el ataque -informó el Ministerio Público, en esa oportunidad- participaron al menos 10 personas en una acción coordinada, que se extendió por no más de 10 minutos.
El 4 de octubre de ese año, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, le entregó al Fiscal Regional de Los Ríos, Agustín Meléndez, un dossier con antecedentes, obtenidos mediante la Ley de Inteligencia, sobre hechos de violencia rural en la zona.
Sin embargo, esa información hoy está siendo cuestionada por el Ministerio Público, luego de las inconsistencias que advirtió la fiscalía en la Operación Huracán.
Cuando el 23 de septiembre del año pasado, Carabineros detuvo a ocho imputados, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por su supuesta participación en atentados incendiarios en La Araucanía, los investigadores advirtieron que la Operación Huracán tendría otras ramificaciones, dado que irían cayendo de poco más sospechosos y en otras regiones del país.
Además, había un antecedente que obligaba a poner especial atención a lo que ocurría en Los Ríos.
Este documento comenzó a ser analizado por parte de los fiscales de la zona y se encontraron con supuestas inconsistencias, que les hicieron desistir de solicitar detenciones en contra de las personas mencionadas en este oficio.
Una de las situaciones que generó las mayores dudas fue la presencia de P.A. en el atentado a la empresa Sotraser, según el dossier de Carabineros, en circunstancias de que el Ministerio Público determinó que prácticamente a la misma hora, personal policial le estaba controlando la medida cautelar de arresto domiciliario total, por una causa que se le seguía por porte ilegal de munición. Ergo, era imposible que estuviera en el lugar al momento del ataque.
En medio de las pesquisas que realizaban los fiscales de Los Ríos, sobrevino el vuelco en la Operación Huracán, cuando el Ministerio Público de La Araucanía advirtió que las pruebas de Carabineros habrían sido adulteradas, lo que fue respaldado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien manifestó que los antecedentes fueron “manipulados” por efectivos policiales.
La vinculación entre ambas causas se encuentra en un escrito ingresado por el Ministerio Público al tribunal de garantía de Temuco el pasado 25 de enero.
El informe N°130, elaborado con antecedentes obtenidos por personal de inteligencia de Carabineros, asegura que Héctor Llaitul, vocero y fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y otros siete imputados, son parte de una organización que «planeaba, organizaba y se preparaba para ejecutar atentados incendiarios en distintos lugares de la Región de La Araucanía y Los Ríos».
Según el informe policial, reseña el escrito de la fiscalía, el grupo participó el 11 de marzo de 2017 en el atentado a la empresa de transportes Cavallieri; el 19 de agosto del año pasado en el ataque incendiario a la también empresa de transportes Calafquén, y el 28 del mismo mes, «a la empresa de transportes Sotraser, la cual se encuentra ubicada en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos».
Esta última es la causa que ahora está en la mira del Ministerio Público.
A esas conclusiones -se lee en el mismo documento- arribó Carabineros, de acuerdo con sus propios informes, mediante la interceptación de la mensajería de los imputados en WhatsApp, Facebook, Telegram, y de sus correos electrónicos, cuyo contenido hoy está en duda por existir, en opinión de la Fiscalía Nacional, «irregularidad de la información entregada por parte de Carabineros de Chile, a través de los informes periciales y las evidencias levantadas».
Entre otras cosas, porque los «formatos que no se condicen con la forma en cómo almacenan esa información los dispositivos electrónicos de telefonía celular, dando cuenta de la posible instalación de esa información por parte de terceros».
En que va la Operación Huracán
El fiscal Carlos Palma decretó 15 días de secreto en la investigación por las presuntas filtraciones. Durante ese plazo, los intervinientes no podrán acceder a los antecedentes y notificaciones en la causa.
Además, junto a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa de la Operación Huracán, la fiscalía está analizando la posibilidad de cerrar las aristas sobre el supuesto tráfico de armas desde Argentina hacia La Araucanía y también sobre el presunto financiamiento que habrían obtenidos los imputados.
Esto, dado que estos casos surgieron del Informe 130 que Carabineros presentó a la fiscalía, por lo cual la investigación está viciada.
En consecuencia, Marta Herrera explicó:
“Al respecto se ha tomado una decisión por parte de la fiscalía que es comunicar la decisión de no perseverar. No hay más decisiones por ahora. Sin perjuicio que se estén evaluando y se estén analizando las distintas opciones”.
Defensas de exigen acceso a investigación
La defensa de Ernesto Llaitul, hermano del vocero de la CAM, y otros imputados en la investigación tras la Operación Huracán, presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco una solicitud para acceder a la investigación que dirige el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes:
«Revisadas íntegramente las copias que nos entregó el persecutor en la presente causa, no existe ningún dato de dicha investigación, en la que por lo señalado por el querellante (Intendencia) y por información de público conocimiento, existen antecedentes que son fundamentales para poder sustentar nuestra solicitud de sobreseimiento, porque demuestran que los hechos imputados a nuestros representados no existieron».
El tribunal de garantía fijó para este 6 febrero la audiencia para resolver esta solicitud de las defensas.
Generales interrogados
Loa generales generales Gonzalo Blu y Marcelo Teuber fueron interrogados, en la más absoluta reserva, por el fiscal de Aysén, Carlos Palma, quién determinó el secreto de la investigación por los próximos 15 días.
En consecuencia, ni siquiera se sabe dónde se concretó la diligencia
En el caso del general Villalobos se espera que hoy entregue su testimonio debido a que ayer interrumpió sus actividades para viajar a Temuco.
Paralelamente, en el sumario a cargo del general Julio Pineda se incluyeron nuevas declaraciones. Fue interrogado el ingeniero a cargo del cuestionado software , Alex Smith Leay.
Se suma al testimonio ya entregado por el jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, Patricio Marín, quien se mantendrá en su cargo.
Fuentes policiales descartaron la posibilidad de trasladarlo debido a que aún no se resuelven responsabilidades en este caso.
