Situaciones peligrosas se vivieron en el país y que apuntaron a que no se cumpliera con el programa de reformas de positivo impacto social. Por instantes pareciera que corre peligro el cumplimiento cabal del programa de Gobierno que fue elaborado e impulsado por la Nueva Mayoría, y que recibió el respaldo de la ciudadanía en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Por lo demás, las últimas encuestas de referencia en el país, marcan un apoyo mayoritario de la población a las reformas educacional y laboral, así como a la necesidad de contar con una nueva Constitución.
Las acciones de los partidos de derecha, las presiones del sector privado-empresarial, las decisiones del Tribunal Constitucional, el papel distorsionador de medios de prensa conservadores, y actitudes contra-transformadoras de sectores dentro del oficialismo, amenazan con boicotear, frenar y diluir el contenido esencial de cambios en ámbitos educacional, laboral, institucional y de derechos sociales.
El ejemplo más palpable de todo aquello es el episodio de la negación a la glosa presupuestaria que otorgaba gratuidad el 2016 a 200 mil estudiantes y las indicaciones retardatarias a contenidos básicos de la reforma laboral.
Aquello es la síntesis de los peligros que corren las medidas impulsadas por el Gobierno, parlamentarios de la Nueva Mayoría y amplios sectores políticos y sociales, en beneficio de la mayoría de la población, como lo son los jóvenes estudiantes y las y los trabajadores.
Esto no termina, porque seguirán las maniobras para desvirtuar todo lo relacionado con gratuidad en educación superior; para impedir el restablecimiento de derechos y buenas relaciones en el mundo laboral; para torpedear la reforma de desmunicipalización de la educación; para parar la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; para hacer abortar algunos contenidos de los proyectos relacionados con probidad y financiamiento de la política que apunta a elevar las sanciones a quienes incurran en delitos en este ámbito.
También habrá fuertes acciones para golpear el proceso constituyente e intentar frustrar el arribo a una nueva Constitución.
En rigor, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Nueva Mayoría -con sus partidos, parlamentarios y base electoral-social-, y múltiples sectores políticos y sociales, están impulsando reformas e iniciativas que apuntan a garantizar derechos sociales, a reponer derechos que en el pasado fueron conculcados, a disminuir la agraviante desigualdad que existe en el país, a ampliar las oportunidades para el conjunto de la población y a generar bases institucionales para el desarrollo equitativo en el país.
En definitiva, en estos meses se viven situaciones sensibles producto del choque que se produce entre los sectores progresistas que impulsan reformas y cambios, y los sectores conservadores que impiden el avance de las transformaciones. Los primeros quieren un país diferente, los segundos quieren el país congelado.
Ése es el punto central de las disputas coyunturales. Por eso las fuerzas progresistas y democráticas se enfrentan a poderosas presiones y acciones de las fuerzas conservadoras y de derecha que recurren a instrumentos fácticos y a entidades antidemocráticas como el Tribunal Constitucional.
Ciertamente que en el impulso y desarrollo del proceso de reformas e implementación del programa de la Nueva Mayoría se presentan deficiencias técnico-legislativas, hay déficit de gestión, se incurren en errores políticos, pero ello en ningún caso puede significar el interrumpir o frustrar ese proceso, sino por el contrario, debe ser un llamado a mejorar el trabajo con el objetivo último de cumplir con lo que se comprometió ante el pueblo.
Pero aquellos que buscan romper las reformas y las medidas sociales, lejos de contribuir al perfeccionamiento de los proyectos, refuerzan el dique conservador para evitar cualquier progreso.
Es constatable que el pueblo quiere educación gratuita y de calidad, quiere la reforma laboral, aspira a una nueva Constitución, desea la consagración de derechos sociales y eso requiere de la firmeza en el compromiso del Gobierno y de la Nueva Mayoría y la defensa de los intereses y demandas de la mayoría de la población.
Pero también requiere de un debate serio e intenso de ideas, de la movilización social permanente, de un trabajo mancomunado dentro del conglomerado oficialista y de la defensa del ideario progresista y democrático.
Estos son momentos sensibles en el plano político y social, en los que parece pertinente no perder de vista cual es el punto central de la disputa en la realidad actual del país.
Fuente: Editorial El Siglo, 29/12/2015.
