por Hernán González.
La firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y el inicio de un proceso constituyente limitado refleja la incapacidad del sistema de dominación vigente de seguir organizando la convivencia en nuestro país y al mismo tiempo, la aspiración de quienes se han visto beneficiados por él, de reemplazarlo por otro con el menor costo posible para ellos.
Es el inicio de un proceso que está en pleno desarrollo y que, aun con todas las limitaciones que impone a la participación, la expresión soberana del pueblo, sus aspiraciones y a la resolución que pudiera desembocar en una nueva Constitución, no determina fatalmente su desenlace final.
Ello depende del desarrollo de fuerzas sociales que pujan por la transformación, de su capacidad de movilización, de su voluntad de lucha y sobre todo de la unidad de las fuerzas sociales y políticas que se lo han propuesto.
Ciertamente, su firma fue una ayuda inesperada y oportuna para la derecha y el gobierno, aunque su capacidad de contener las enormes fuerzas sociales de masas descontentas y que aspiran a una nueva vida, sea limitadísima.
¿De qué depende? De la unidad de la izquierda y el movimiento popular; de su capacidad de correr el cerco más allá de los límites que ya impuso la derecha el 15 de noviembre, pese a su entonces famélica condición.
Lo que ha venido después es su resistencia; sus intentos más o menos desesperados por mantener textual lo acordado entonces.
Sus divisiones dan cuenta de eso, precisamente. Pero no es momento de sacar cuentas alegres todavía. La convención sigue siendo una camisa de fuerza para la participación, pese a la eventual aprobación de la paridad de género, cuotas para pueblos indígenas e independientes.
La convención va a ser, precisamente, lo que los mismos que pusieron su firma quieran que sea. Dejando a un lado el escollo del quórum, la derecha cuenta, para ello, con dos grandes aliados.
El primero, las vacilaciones, las contradicciones y mojigatería de ciertos sectores del campo opositor, que pese a toda la experiencia acumulada en décadas, insiste en «el diálogo», los gestos de «republicanismo» y «amistad cívica» con ella.
Sospechoso por decir lo menos. Fueron precisamente los que le dieron estabilidad a la dominación y a las transformaciones neoliberales de los años noventa y contra las cuales, de modo más menos inconsciente y con una gran dosis de espontaneidad, se levantó la sociedad hace ya unos dos meses.
El segundo, la dispersión de la izquierda con y sin representación parlamentaria. Una de las características del sistema de dominación vigente ha sido precisamente ese y es probablemente la condición estructurante más funcional al modelo.
El sistema electoral binominal, entre otros efectos, tuvo en esto una de sus consecuencias más duraderas. Lo mismo las normas -muchas de ellas vigentes hasta el día de hoy- que limitan la participación y organización social.
Asimismo, la machacona prédica contra «la clase política» que sólo reproduce el sentido común dominante, la opinión de la amorfa y contradictoria clase media emergente y que es posible encontrar en columnas de opinión de connotados periodistas del sistema, en los discursos de Ossandón y que están a la base de los argumentos de Kast y a ultraderecha para oponerse al cambio constitucional.
Tanto con convención como sin convención, incluso aunque eventualmente esta reventara antes de abril y se impusiera una resolución más profunda, sin las limitaciones que le impuso el acuerdo del 15 de noviembre, este seguiría siendo el factor más determinante de la resolución que pueda tener el problema constitucional.
La derecha juega al desgaste pero no sentada esperando que pase el chaparrón. Busca afanosamente el acuerdo con sectores opositores que le permitan hacer de la convención la posibilidad de mantener las cosas tal como están, con un par de retoques.
La movilización social es el factor determinante en la actualidad y va a ser un obstáculo para que el centro político -pusilánime y vacilante hasta ahora- sucumba ante la extorsión de la derecha.
Pero sin conducción, sin una estrategia que señale objetivos de mediano y largo plazo y sin unidad de la izquierda, tanto de la que firmó como la que no firmó el dichoso acuerdo, tiene fecha de vencimiento e incluso se puede volver en contra de la ansias de democratización de nuestra sociedad.
Fuente: Blog del autor
