El modelo económico y la Constitución de 1980 favorecieron el enriquecimiento del 1% de las familias chilenas, condenando a la vulnerabilidad y desesperanza al restante 99%. El golpe de Estado de Pinochet atentó contra los derechos humanos, pero además inicio un periodo de cuarenta años en que la mayoría nacional ha sufrido un sistemático asalto a sus derechos económicos, sociales y políticos.
La pasión por el crecimiento, sin dirección, con un estado pasivo, sin autoridad ni voluntad para orientar el desarrollo, ha culminado en una economía caracterizada por una elevada concentración de la riqueza. El poder económico, en manos de una minoría, se apoya en un régimen político que impide la representación ciudadana y que ha encargado a la derecha y a la Concertación la defensa de sus intereses. Así las cosas, el modelo económico y la Constitución de 1980 se han convertido en instrumentos de extracción de recursos desde el 99% de los chilenos a favor del 1% de las familias más ricas.
Hemos sido asaltados.
En primer lugar, el asalto se encuentra en el mundo del trabajo. El Código Laboral inventado por José Piñera, maquillado por los gobiernos de la Concertación, ha bloqueado la sindicalización y negociación colectiva e impide un derecho a huelga efectivo. Gracias a ello la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se ha reducido.
El crecimiento del PIB, que casi alcanza a los 20.000 dólares, se reparte entre unos pocos, y ha permitido ampliar el poder económico del 1% ya que el salario medio del 75% de los trabajadores no supera los $ 350 mil pesos mensuales.
Los verdaderos creadores de la riqueza han alimentado generosamente a los dueños del capital. La distribución del ingreso en Chile es vergonzante.
El golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas. Pero el asalto económico y social que sufrimos cotidianamente es responsabilidad de los Grupos Económicos, que se han enriquecido gracias a la indefensión y vulnerabilidad del 99% de los chilenos. Ello ha sido facilitado por el duopolio político. Porque el 1% de las familias ricas financia las campañas electorales y recluta a políticos destacados como miembros de los directorios de sus empresas.
Vasos comunicantes que han debilitado la moral republicana.
En segundo lugar, los pequeños empresarios tampoco se han beneficiado con los frutos del crecimiento económico; por el contrario, han sido tan explotados como los trabajadores. Los bancos, también propiedad del 1%, obtienen año tras año ganancias extraordinarias, gracias a las tasas de interés usureras que cobran a los pequeños empresarios.
El Banco Estado, ha optado por actuar como banco privado y, en vez de favorecer a las PYMES, les dificulta el acceso al crédito o les extrae excedentes aplicándoles elevadas tasas de interés. El mercado no los trata a todos por igual.
Favorece sólo a los grandes capitalistas. Por su parte, el Estado no ejerce su rol compensador con los débiles, no los atiende cuando estos reclaman. El discurso gubernamental sobre las PYMES está lleno de retórica y su accionar no va más allá de programas pilotos. El progreso de los emprendedores se encuentra bloqueado.
En tercer lugar, los consumidores han sufrido agresiones brutales a sus derechos. Las multitiendas, supermercados y farmacias se han enriquecido gracias a la explotación de los consumidores. La tasa de interés convencional del 50%, más comisiones, multas y trampas varias, estrangulan a los clientes modestos.
La ganancia del gran comercio establecido ya no se encuentra en la venta de productos sino en el negocio financiero derivado del endeudamiento de los clientes. La clase media y los sectores populares, que obtienen bajos salarios de su trabajo, sobreviven gracias a una vorágine de deudas, las que han potenciado las ganancias del 1% más rico. Los comportamientos delincuenciales de La Polar así como la condonación impositiva a Johnson’s son reveladoras tanto de la incapacidad regulatoria del Estado como de su actitud complaciente con los grandes negocios. Los consumidores están en la indefensión.
En cuarto lugar, la salud, educación y previsión, convertidas en negocios ha empobrecido a la clase media e impiden el progreso de los sectores populares. El sistema educacional como consecuencia del lucro y su mala calidad reproduce la pobreza en las familias de bajos ingresos y entrega un futuro incierto a los niños provenientes de capas medias.
Sólo los hijos de familias ricas, que pagan colegios privados tienen garantizada una buena educación, que luego se extiende a las mejores universidades en Chile y en el extranjero.
Los recursos fiscales, siempre insuficientes, gracias a una política fiscal restrictiva, ofrecen a los sectores de extrema pobreza hospitales derruidos, largas filas de enfermos, médicos mal pagados y un AUGE de implementación confusa e incompleta. Pero, en el ámbito privado, existe el sistema de Isapres para personas de altos ingresos, con clínicas tecnológicamente sofisticadas, altamente costosas, aunque con manifiestas discriminaciones. Las Isapres además se benefician del dinero público que reciben para responder a las prestaciones del AUGE cuando el sistema público no las puede efectuar.
El sistema de AFP está revelando que las pensiones que entrega a los ancianos pobre y de clase media son claramente insuficientes para atender una vejez digna. Sin embargo, sus ganancias se han multiplicado generosamente desde su instalación a la fecha.
Independientemente del éxito o fracaso de las colocaciones de los recursos de los afiliados a las AFP, éstas obtienen indefectiblemente sus comisiones. De hecho, con las sucesivas crisis económicas internacionales el sistema de AFP ha desvalorizado las pensiones de los trabajadores.
Sin embargo, aún cuando se reduzcan los depósitos de los afiliados, los dueños de las AFP y sus ejecutivos conservan sus generosos ingresos. La crisis de este sistema es ineludible.
El tratamiento distinto que se brinda a la población chilena en educación, salud y previsión, según diferencias de ingresos, es éticamente cuestionable y políticamente insostenible. En la práctica el negocio en el ámbito social sólo ha servido para un mayor enriquecimiento de las siete familias que controlan la economía nacional y que son protegidas por el duopolio político. Por ello, la reivindicación del movimiento estudiantil de poner término al lucro a la educación y convertir a ésta en un derecho ha tenido gran acogida en la ciudadanía.
Lo mismo deberá extenderse a la salud y previsión.
El golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas. Pero el asalto económico y socialque sufrimos cotidianamente es responsabilidad de los Grupos Económicos, que se han enriquecido gracias a la indefensión y vulnerabilidad del 99% de los chilenos. Ello ha sido facilitado por el duopolio político. Porque el 1% de las familias ricas financia las campañas electorales y recluta a políticos destacados como miembros de los directorios de sus empresas. Vasos comunicantes que han debilitado la moral republicana.
En el asalto que sufren cotidianamente los chilenos tienen una alta cuota de responsabilidad los dirigentes de la Concertación. Asumieron el pensamiento neoliberal; renunciaron a modificar el sistema electoral binominal; validaron la Constitución del 1980, con la reformas de Lagos; y, aceptaron la hegemonía de los medios de comunicación, de propiedad de los Grupos Económicos.
La misma generación política que vivió los procesos transformadores a favor de los humildes, impulsados por Frei Montalva y Salvador Allende, y que luego luchó contra la Dictadura, optó por la complacencia y renunció a las transformaciones.
Es una tragedia.
(*) Economista
