Con el fin de dilucidar si hubo o no transgresiones a la normativa sobre probidad administrativa en la aprobación del proyecto río Cuervo, el 18 de enero pasado, una serie de organizaciones y ciudadanos de Aysén recurrieron a la Contraloría Regional. Los cuestionamientos apuntan a los ministros de Medio Ambiente Pablo Badenier, Energía Máximo Pacheco y Minería Aurora Williams, contra quien ya en febrero se había ingresado un requerimiento similar.
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El motivo, las reiteradas reuniones previas que los tres secretarios de Estado sostuvieron con representantes de la sociedad impulsora del proyecto, Energía Austral (y sus controladores Glencore y Origin Energy), con el fin de abordar materias relacionadas con el embalse de 13 mil hectáreas que se pretende construir en las cercanías de Puerto Aysén. La razón jurídica es que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado califica como una falta grave al principio de probidad por parte de las autoridades “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.
Ya a principios de febrero se había presentado un recurso de similares características para el caso de Williams, en el cual se sumó la denuncia que la ministra comparte directorio en Enami con Verónica Baraona, una de las representantes de Glencore con la cual se reunió en dos ocasiones. Pacheco, en tanto, abordó con ejecutivos de las compañías asociadas temas de la tramitación en tres oportunidades, mientras Badenier en dos.
Es así que con este nuevo requerimiento ya son tres de cinco los integrantes del Comité de Ministros cuestionados por situaciones vinculadas a eventuales faltas a la probidad.
La disposición de las autoridades a reunirse con representantes del titular del proyecto río Cuervo contrasta con la respuesta que el ministro de Medio Ambiente (s) Marcelo Mena, en su calidad de presidente de la instancia que resolvería sobre la iniciativa, diera a Hugo Díaz, uno de los ciudadanos que presentó reclamaciones y que pidió abordar el tema con dicho organismo.
En carta fechada el 9 de febrero de 2015 negó una audiencia porque “la normativa que cautela el principio de probidad que tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en el ejercicio de un determinado empleo o función, aunque aquél sea sólo potencial, y es por ello que se les exige un deber de abstención en relación a emitir decisiones u opiniones en virtud de las cuales se le reste de alguna forma la debida imparcialidad con que estos deben desempeñarse”.
La diferencia de trato a los ciudadanos y a las empresas, es calificada de “discriminatoria y desigual”.
En el escrito se hace alusión al mensaje que originó la Ley del Lobby, señalando que este tipo de acciones se regulan porque “se afecta la igualdad de derechos; se distorsiona y oscurece la forma en que se deciden los asuntos públicos; se afecta la libre competencia, pues las decisiones no se toman en una forma que favorezca una competencia leal, transparente y que premie al que otorgue el mejor servicio o producto, sino al que puede ejercer mayor influencia, y, además, constituye un problema que desmejora la imagen internacional de los países”.
Además, los requirentes argumentan que “la herramienta de registro es un mecanismo de transparencia, pero en caso alguno se puede entender que por sí sola libera a la autoridad administrativa de mantener una actuación proba y transparente en su toma de decisiones”.
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Presentaron el recurso el director regional de Codeff Peter Hartmann, la presidenta la Corporación Costa Carrera Miriam Chile, el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén Patricio Segura, además de los habitantes de Puerto Aysén Hugo Díaz, Glenda Aldunate y Rodrigo Vergara.
El apoyo jurídico para su elaboración estuvo a cargo del abogado Diego Lillo de la Corporación FIMA y del asesor legal Erwin Sandoval.
