Por cuarta noche consecutiva, un grupo de 60 mineros pernoctó en las profundidades de la mina Santa Ana, en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío, en reclamo al incumplimiento de un protocolo firmado con el Gobierno.
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Los mineros movilizados acusan al Ejecutivo de no cumplir con el artículo 4 del protocolo que señalaba que el Gobierno generaría las instancias necesarias para comprar la mina y poder trabajarla.
Héctor Fernández, uno de los mineros afectados, explicó que la protesta es «por la continuidad de la mina y del protocolo que, hasta aquí, el Gobierno ha cerrado las puertas. Nuestros compañeros y nuestras autoridades fueron al Senado y también se les han cerrado las puertas».
En la misma línea, otro movilizado, Santiago Flores sostuvo que «aquí el Gobierno nos ofreció la continuidad de la mina, ofreció colocar todo el apoyo y hasta la fecha no ha cumplido, no ha respondido en nada».
Por su parte, el seremi de Minería del Biobío, Lautaro Benítez, respondió indicando que «el Ministerio de Minería, el sector público, no tiene un instrumento normativo, jurídico, presupuestario que le permita comprar, adquirir esta empresa insolvente y hacerse cargo de ella y contratar a los trabajadores para que trabajen en ella. Eso no es posible».
De no alcanzar un acuerdo, los mineros amenazaron con pasar Navidad y Año Nuevo al interior de la mina.
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Familiares
Luego de tres días de la nueva toma realizada por los mineros del yacimiento Santa Ana de Curanilahue, sus familiares no descartaron sumarse al movimiento.
Los trabajadores se encuentran preparados comida, agua, colchonetas y frazadas ante lo que podría ser una medida extensa.
Son cerca de 70 mineros de la quebrada firma SW Curanilahue los que se encuentran viviendo bajo tierra.
La toma es apoyada en la superficie por el resto de los trabajadores de la mina. Todos ellos aspiran a que el Gobierno les traspase la concesión del yacimiento.
Ante la crisis comenzaron a explotar el mineral, acción que fue detectada y declarada ilegal por el Sernageomin, organismo que ordenó su clausura definitiva.
A diferencia del movimiento del año pasado, ahora existe un síndico de quiebras, pero desde el Gobierno aseguraron que esto se trata de un asunto entre privados.
Desde agosto de 2015 que los mineros quedaron en condición de abandono sin sueldo, imposiciones ni el pago de deudas descontadas bajo tierra.
