En una nueva comparecencia ante la Comisión Investigadora del milicogate, el general en retiro Héctor Ureta reveló el borrado de los discos duros en computadores pertenecientes al Comando de Apoyo de la Fuerza, hecho que se habría producido, según el ex uniformado, justo en plena investigación del fraude que hasta ahora, se cuantifica en más de 6.600 millones de pesos en facturas ideológica y materialmente falsas.
El general (R) Ureta precisó, que «el hecho se produjo mientras el Coronel Montero y el cabo Cruz se encontraba en prisión».
El presidente de la instancia, diputado Jaime Pilowsky, denunció la gravedad del hecho y criticó que el Ejército durante tanto tiempo no haya establecido sistemas de control para prevenir este tipo de hechos:
«Es difícil pensar que sólo sean cinco los funcionarios involucrados; aquí hay una maquinación de varios funcionarios al interior del Ejército para hacer este millonario fraude y esperamos que el Ministro en visita pueda avanzar en determinar otros responsables desde el punto de vista penal. Nosotros, por nuestra parte, avanzaremos en saber por qué no se tomaron las medidas adecuadas para haber evitado este tipo de hechos y quiénes fueron los responsables de aquello».
El parlamentario además anunció la citación de todos los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo de la Fuerza desde el 2011 al 2015., organismo donde se han centrado las críticas por la falta de controles.
A partir de lo expuesto, por el General (r) Ureta, el diputado Pilowsky agregó:
“Algo pasó en el Comando de Apoyo de la Fuerza que desde el año 2012, los controles que ya eran precarios, pasaron a ser simplemente inexistentes. Queremos saber quién y porqué se diluyeron los controles en el CAF”.
En esta ocasión Ureta entregó pormenores adicionales sobre operación fraudulenta a través de facturas falsas por un monto que supera, inicialmente, los 6.600 millones de pesos.
El militar defendió su gestión, señalando que fue ésta la que llevó a la detención del coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, principales involucrados en la causa, quienes están en prisión.
«Al coronel Montero le pregunto cuándo las pagaron (las facturas), y la habían pagado el día anterior, y yo le dispongo que vaya donde el proveedor a buscar esa plata y que devuelvan esa plata.
Él aparece con un vale vista a nombre del Ejército por 53 millones y tanto», recordó el uniformado en retiro, al explicar cómo se produjo una «pérdida de evidencia» de la causa.
«La semana anterior había habido otra partida de facturas que ya se habían pagado con el mismo método y con el mismo proveedor. En ese momento a él lo meten preso, y estando el coronel y el cabo presos, el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza fue borrado su disco duro (…) y ser perdió toda la evidencia de todos estos movimientos».
Mishhh, que causalidad.
Festival de chambinadas: operaciones falsas, documentos auténticos
Ante los diputados también compareció hoy el coronel Samuel Poblete, tesorero del Ejército, quien reconoció que la institución no cuenta con una base de datos de quiénes firman para el ingreso y salida de dineros:
«No hay forma de comprobar, porque la ley del Cobre se tramita a través de Chile Compra, obedece a un sistema de órdenes de compra en soporte papel. La Tesorería del Ejército no tiene una base de datos de las personas que firman».
Agregó:
«Toda la documentación que llegó a la Tesorería del Ejército (pese a dar cuenta de operaciones fraudulentas) eran documentos originales: las facturas originales, las órdenes de compra originales, la documentación que daba respaldo a estas facturas, y con visos de autenticidad.
Eso también lo indica el cabo Cruz en su declaración; que ellos dieron ‘visos de autenticidad’ a toda la documentación para engañar a los sistemas de control y, específicamente, a la Tesorería del Ejército».
Tras la sesión de hoy, la comisión quedará a la espera de recibir al general en retiro Jorge Salas Kurte, a quien se le imputa responsabilidad de haber diluido los controles de la División de Mantenimiento.
