A un total de $6.100 millones aumentó el fraude al Ejército por servicios o adquisiciones inexistentes, «carentes de realidad y respaldo» y con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre, entre 2010 y 2014.
Así lo determinó la investigación que primero sustanció el ministro Omar Astudillo, y ahora lleva adelante Romy Rutherford.
La magistrada dictó ayer su primer procesamiento en este caso. Lo hizo por el delito de fraude al fisco en contra de cinco militares retirados por una suma de $71.974.140.
Los encausados son la sargento Millaray Simunovic, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la cabo Jacqueline Carrasco y el cabo Juan Carlos Cruz Valverde.
A este último se le imputa haberse gastado $2.400 millones en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014.
Todos ya habían sido procesados anteriormente.
Hasta aquí, la investigación no se aparta de la historia oficial, que le adjudica la responsabilidad a personal subalterno, en circunstancias de que en una institución tan jerarquizada como el Ejército, un ilícito de semejante magnitud no podría haberse perpetrado sin el concurso de oficiales de alto rango.
No obstante, la ministra Rutherford detectó irregularidades en un nuevo proveedor: Repuestos Automotrices Ltda.
Según la resolución de la ministra, los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2013, cuando los funcionarios del Ejército solicitaron y obtuvieron «la entrega de seis facturas falsas del contribuyente Repuestos Automotrices Ltda., pertenecientes a Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, un supuesto proveedor».
Las facturas, señala el fallo, fueron llenadas con glosas descriptivas de supuestas reparaciones de piezas de vehículos militares, servicios prestados al Comando de Apoyo a la Fuerza, «adaptándose a los montos o cantidades acordados entre el proveedor y funcionarios del Ejército que eran los encargados de confeccionar la documentación de respaldo y contactar, en algunos casos, a los digitadores para tramitar en un plazo significativamente inferior al normal su pago».
Una vez que el proveedor hacía entrega de esas facturas, se procedía a «falsear las firmas de las jefaturas que supuestamente debían dar fe de la efectividad del servicio contratado y de la efectividad de la ejecución, generándose una apariencia de realidad y verdad», dice la resolución.
Luego, la Tesorería transfirió los fondos a la cuenta «con cargo a la denominada Ley Reservada del Cobre» por servicios inexistentes.
