El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, presentó una solicitud al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar al candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Gumucio, alias Marco Enríquez-Ominami, más conocido como ME-O, por fraude tributario en el marco del caso SQM.
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El ex parlamentario y contumaz candidato a la Presidencia enfrentará cargos por delitos tributarios vinculados a la facilitación de facturas ideológicamente falsas por 362 millones de pesos a SQM, presuntamente para financiar su campaña presidencial de 2013.
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«El día de hoy hemos solicitado una audiencia ante el juez de garantía para poder comunicarle a don Marco Enríquez-Ominami que actualmente se sigue una investigación en su contra, de manera que a partir de ese momento también pueda ejercer él, como imputado, todos los derechos que la ley determina», afirmó el fiscal Gómez.
Gómez detalló que «se trata de un delito tributario cometido los años 2011, 2012 y 2013 y están vinculados a su rol como facilitador en la emisión de boletas o facturas que son ideológicamente falsas».
En tanto, Carlos Hidalgo, abogado querellante en esta causa por la Fundación Ciudadano Inteligente, afirmó:
«Este anuncio nos satisface, pero imagino que se va a seguir indagando también en las otras aristas en las que sí nosotros somos partícipes, que son las de los senadores Pizarro y Rossi, el diputado León».
«Además se va a seguir indagando, y ojalá llegar a buen puerto también en la investigación, respecto a la participación de Peñailillo y Arenas en cuanto a los dineros recibidos por AyN y que supuestamente fueron a parar a la campaña de la Presidenta Bachelet», añadió.
Ahora se espera que el mencionado tribunal fije la fecha para formalizar a ME-O, que se sumará a la audiencia en que se presentarán cargos contra el ex asesor de Enríquez-Ominami, Cristián Warner, quien será formalizado el 19 de octubre.
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Como es apenas natural, ME-O no sólo acusó persecución política, sino que avanzó un paso adelante, y vinculó al fiscal Gómez con el piñerismo:
«Esta es una acusación política. No hay base legal para la decisión que ha tomado un fiscal que tiene relación directa con la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Entiendo que el piñerismo opere para intentar sacarme de la carrera por secretaría. Pero en Chile existe un sistema legal que funciona. Confío en los tribunales de justicia y no me cabe duda que en esa instancia quedará demostrado que esta formalización es una operación política que carece de base legal y que no tiene ni evidencia ni pruebas».
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Evidentemente, se refiere al vínculo conyugal del fiscal Gómez con la ex Ministra de Justyicia de Piñera, Patricia Pérez.
