El ex Contralor Ramiro Mendoza, el mismo de la campaña de Piñera, actual encargado del «Consejo Asesor para la Modernización del Estado» y el ex ministro de Defensa, Andrés Allamad, recibieron informes de corrupción en Carabineros, y no hicieron nada para evitarlo.
Y como no podía ser de otra forma, al poco tiempo, a esta institucionalidad, que funciona a duras penas, le estalló el pacogate.
El fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude en Carabineros, conocido como pacogate, se reunió con la ministra Romy Rutherford, que a su vez investiga el milicogate, Milicogate, para informarle personalmente de un importante hallazgo.
Los antecedentes que entregó el fiscal Eugenio Campos a la ministra Rutheford, revelan que la Contraloría conocía los antecedentes y lo consignó en un informe, remitido en 2011 al entonces ministro de Defensa y actual senador Andrés Allamand, quien, por esa vía, tomó conocimiento de los hechos.
Esta información involucra, además del Ejército, al Estado Mayor Conjunto; o sea, suma a la Armada y la Fuerza Aérea.
El informe de la Contraloría N° 114-2010, está fechado el 26 de enero del 2011 y da cuenta de irregularidades que involucran a la misión de paz en Haití.
Pagaban fiestas en un hotel derruido
Se investigan facturas falsas, por las cuales se pagaban eventos de las fuerzas de paz chilenas en el Hotel Montana de Haití, recinto destruido a causa del terremoto de enero del 2010.
Incluso allí había muerto la esposa del General Ricardo Toro, ex jefe de la misión en ese país y actual jefe de la Onemi.
El informe está firmado por el entonces contralor Ramiro Mendoza, quién lo remitió al ministerio de Defensa, que en esa fecha encabezaba el actual senador Andrés Allamand. .
A pesar de la gravedad de los antecedentes, o tal vez por lo mismo, no se colocaron en conocimiento de la Justicia, como disponen no solo la ley y el protocolo, sino sobretodo, el sentido común.
Contrariamente a lo que pretendían los hechores, la desaparición del sumario de la Contraloría en Carabineros, que detectó en 2010 el megafraude en la institución, fue el factor que permitió conocer este grave antecedente.
El fiscal Campos, que trabaja con un equipo del OS7 de Carabineros, entregó a la minstra que trabaja con él.
El fiscal Campos, entre otros documentos, le entregó a la ministra Rutheford, la copia de un correo que la entonces subcontralora, Dorothy Pérez, le remite al Contralor Mendoza para alertar de la situación en el Estado Mayor Conjunto y que posibilitó esta investigación.
Dorothy Pérez, actualmente en un litigio por su remoción con el actual contralor Jorge Bermúdez, a la sazón era subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la Contraloría, unidad que auditaba a las Fuerzas Armadas.
Hasta la fecha, tanto Mendoza como Allamand se han parapetado en un prudente silencio, sin duda a la espera de que pase el chparrón.
Cuantan para ello con el silencio, o al menos la discreción de la manada mediática, que se transforma como por ensalmo en jauría, cuando se busca inculpar a líderes políticos, dirigentes sindicales y luchadores sociales, o desacreditar rivales políticos, o cualquier persona que sea juzgada como peligrosa, o al menos incómoda, para los actuales detentores de la hegemonía.
Contrástese con lo que ocurrió con el caso Caval, la quiebra de la Universidad Arcis, la campaña contra el Colegio de Profesores, o lo que está ocurriendo ahora mismo, con la persecusión contra cualquiera que haya tenido algún contacto con Ricardo Palma Salamanca.
Hermana de comandante en jefe del Ejército figura en investigaciones por fraudes desde 2011
La Contraloría General de la República (CGR) constató en 2011 el fenómeno de los viajes y la licitación de las agencias, que decantó en un sumario en contra de la coronel Leticia Martínez Menanteau, hermana del actual comandante en jefe del Ejército, quien entonces era jefa de finanzas del Estado Mayor Conjunto (EMCO).
La coronel Martínez también enfrentó un juicio de cuentas, relacionado con la contratación de unos cursos y el arriendo en un hotel de Haití.
En la mira de Rutherford también está la empresa Travel Security, que trabajó con el EMCO entre 2008 y 2010.
Todos estos antecedentes que conforman el informe de Contraloría (2010) surgen a pedido del exministro de Defensa, Jaime Ravinet, tras una denuncia anónima por sobreprecios de pasajes.
Licitaciones
Las irregularidades detectadas en el informe, respecto de los viajes (que algunos incluyeron hospedaje) parten por la licitación de las empresas Sprinter y Travel Security, cuyos contratos fueron renovados hasta por tres períodos iguales y sucesivos.
Como requisito de postulación, dichas licitaciones exigían al menos 20 años de experiencia, y aquello no puede ser definitivo. Estas bases no fueron aprobadas en un acto administrativo.
Al respecto, tampoco se halló evidencia de una Comisión Técnica Evaluadora para analizar las licitaciones. Además, había una carencia de información para respaldar los contratos de Travel Security, al no haber comprobantes de egreso.
Fue mediante la comparación de ofertas en Mercado Público que se constató el sobreprecio que mencionó Ravinet, tanto en el precio de los pasajes de avión y las hospedería.
Travel Security, por ejemplo, en 2008 y 2009 sobró al EMCO un valor superior al del catálogo ofrecido.
Haití y los cursos
Al detectar situaciones similares anteriores, el informe dice que el departamento de Finanzas del EMCO no colaboró con la Fiscalía, no entregó antecedentes y se negó a las entrevistas a funcionarios.
Por otro lado, se analizaron contratos del EMCO a instituciones educacionales para financiar cursos y estudios superiores de funcionarios del departamento de Finanzas, que no estaban autorizados.
Los pagos, que totalizaron $26.038.556, fueron objetados y tras el juicio de cuentas que enfrentó la coronel Martínez, la CGR ordenó reintegrar casi $11 millones de dicho monto. En tanto que los otros $15 millones se repartieron entre los exgenerales Alfredo Ewing Pinochet y Cristián Le Dantec Gallardo y otros.
La Contraloría también ordenó a Martínez pagar un tercio de $1.104.114 que pagó el EMCO a Travel Security para arrendar un salón de hotel en Puerto Príncipe. ¿El motivo? Un encuentro bilateral con militares argentinos, supuestamente ocurrida el 23 y 27 de noviembre de 2009, con una orden de compra dos meses después, tras el terremoto en Haití, en que dicho hotel resultó derrumbado.
Es decir, “no se demostró la realización del servicio”, dice el informe.
Por su parte, Travel Security señaló que no atiende al Estado Mayor Conjunto desde 2013 y que desconoce aquel informe de la Contraloría General de la República.
Fiscalía revela que fraude en Fondo de Ayuda Mutua del Ejército podría superar los $3 mil millones
El Ministerio Público reveló que el fraude en el Fondo de Ayuda Mutua del Ejército podría superar los 3 mil millones de pesos.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Palma, confirmó además que al menos 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en la indagatoria.
El caso comenzó gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó gasto improcedentes en el Ejército por 660 millones de pesos en Coyhaique.
Ahí se descubrió viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del Fondo de Ayuda Mutua de oficiales y suboficiales que se encontraba en quiebra.
Tras una querella del CDE por el delito de fraude al fisco, se designó al fiscal de Aysén Carlos Palma quien ha realizado allanamientos e interrogatorios, entre ellos al actual comandante en en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, y a exministros de Defensa, como Francisco Vidal.
Hoy el persecutor aclaró que esta cooperativa ya no opera en el Ejército y actualizó el monto en lo que va de este fraude.
“Originalmente en la querella del CDE se hablaba de un monto, que correspondía a los años 2015 y 2016. Hoy, con los antecedentes que tenemos, supera los 3 mil millones de pesos, pero es un monto que va a ir variando sin duda a propósito del término de la investigación, de ir afinando las aristas”, dijo.
Respecto a los imputados, el fiscal Palma actualizó la cifra, la que podría aumentar si detecta a otros militares que habrían sido responsables del desfalco.
“En calidad de imputado originalmente eran 109 personas, pero tenemos un marco de 584 personas que son los beneficiarios del fondo que podrían tener la calidad de imputados, además de oficiales y suboficiales que podrían haber participado en la toma de decisiones e implementación de medidas para desviar fondos fiscales”, agregó.
El fiscal hizo estas declaraciones en el tribunal de garantía de Coyhaique, donde se suspendió una audiencia de incompetencia para que el caso pase a Santiago como lo piden las defensas de alguno de los imputados.
Gobierno respalda a comandante en jefe del Ejército y reitera que no hay crisis en la institución
El ministro de Defensa Alberto Espina respaldó al comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, al afirmar que no hay crisis en la institución por los casos de presunto fraude fiscal.
El comandante en jefe, ante la comisión de la Cámara que investiga presuntas irregularidades en la institución, negó que estén pasando por una crisis.
“Hoy tenemos problemas, pero no estamos en crisis”, dijo la máxima autoridad del Ejército ante la comisión de la Cámara.
Martínez tuvo que comparecer a la Cámara por la última investigación por presunto fraude, que está a cargo de la ministra en visita Romy Rutherford, por las devoluciones de excedentes de pasajes al extranjero.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó las declaraciones de Martínez y dijo que las denuncias por fraude están en manos de la Justicia; a la que se presta toda la colaboración.
Además, pidió esperar lo que se resuelva en este caso y coincidió con el general respecto de que no hay crisis en el Ejército.
Nunca debe perderse de vista el nudo central del problema: mientras las Fuerzas Armadas sigan recibiendo, todos los años, el maná dorado de la Ley Reservada del Cobre, escándalos como esto seguirán siendo moneda corriente, mientras que el Gobierno de derecha seguirá sosteniendo que no hay fondos para gasto social.
