Con fecha 22 septiembre de 2020 el diputado demócrata cristiano Matías Walker, refiriéndose al Partido Comunista, declaró: “Es imposible formar una coalición con partidos que defienden dictaduras que violan los derechos humanos”.
Recordando el pasado reciente, es evidente que Walker sigue con sus viejas manías.
A poco de iniciarse el segundo gobierno de Piñera, cuando era una necesidad imperiosa la unidad de las fuerzas progresistas, Walker sacó la voz, a través de las ondas de radio Cooperativa, para manifestar que la Democracia Cristiana tiene “absolutamente descartado” conformar una nueva coalición con el Partido Comunista. Agregó
“Si el Partido Comunista no tiene la misma concepción de defensa de la democracia, de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, es prácticamente imposible hacer una nueva coalición con ellos”.
¿Por qué utilizó eso de «en cualquier parte del mundo»?
Porque a Walker, como a nadie, le fue imposible encontrar, porque no existe, n solo caso en que los comunistas chilenos han participado en un acto contra los derechos humanos o la democracia en la historia de nuestro país (como lo hizo su partido en los años 1972-1973).
Por eso, debió recurrir mañosamente a lo internacional. Para ello se basó en la propaganda negra del imperialismo contra Venezuela.
En cambio, es fácil demostrar que la Democracia Cristiana jugó un rol de conspirador y agente subversivo durante el Gobierno Popular encabezado por Salvador Allende.
El complot del «pastel de choclo»
Recordemos. Patricio Aylwin, siendo Presidente del Senado encabezó, el 6 de marzo de 1972, una reunión conspirativa en la chacra El Arroyo de Chiñigue.
Junto con él participaron, Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema; Jorge Fontaine, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio; Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura; Orlando Sáenz, por SOFOFA; Arturo Fontaine, subdirector de El Mercurio; Jaime Guzmán, Andrés Zaldívar, Rafael Montero.
El objetivo era buscar el camino para derrocar a Salvador Allende. Como se dijo en ese encuentro de Chiñigue: “Unir a todas las fuerzas vivas de la nación frente a los peligros con que el marxismo amenaza nuestra convivencia democrática y la permanencia de nuestras instituciones”.
A la salida de ese cónclave, los periodistas preguntaron a Patricio Aylwin que era lo que había pasado en esa chacra. Éste afirmó que “había sido invitado a comerse un pastel de choclo” (Ercilla N.º 1912, 8 al 14 de marzo de 1972, página 11).
En otra entrevista, Aylwin sostuvo:
“Fue una reunión privada, sin mayor alcance político, para intercambiar ideas sobre la situación del país, entre personas de distintas actividades e ideologías” (Ercilla N.º 1913, 15 al 21 de marzo de 1972, página 12).
Los hechos posteriores mostraron que en esa reunión clandestina se trazó toda una estrategia de acciones de masas contra el Gobierno Popular. Tras ella se unieron el ala derechista del PDC, el Partido Nacional, la Derecha Radical, la mayoría opositora del Parlamento, el Poder Judicial, gremios patronales, Patria y Libertad, Fiducia.
La DC declara la guerra al gobierno de Allende
Hasta mayo de 1973 hubo serios esfuerzos de la Democracia Cristiana por dialogar con el Gobierno de la Unidad Popular.
Según Bernardo Leighton, “eso cambió cuando en la reunión interna del partido en mayo de 1973, la primera corriente (la que confiaba en la posibilidad de acuerdo con la Unidad Popular) perdió la directiva del partido y la tomó la segunda (que no confiaba ni deseaba acuerdos con la Unidad Popular). (“El pensamiento político de Bernardo Leighton”, en revista Chile-América N.º 16-17-18, correspondiente a los meses de marzo-abril-mayo de 1976)
Bernardo Leighton se refería a la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano iniciada el 12 de mayo de 1973, en donde se debatió durante 20 horas la actitud frente al Gobierno de Allende. Sus conclusiones se resumían en el slogan que surgió allí: “No dejarle pasar una al Gobierno”.
En ese evento se eligió una directiva dominada por el ala derecha, encabezada por Patricio Aylwin como Presidente. En sus primeras declaraciones, éste sostuvo: “Los marxistas entienden sólo cuando a su poder se opone otro poder… Estamos frente a un régimen que va al totalitarismo estatista, cuyos métodos son pronunciadamente estalinistas, encanallando la convivencia y utilizando la calumnia y la vileza contra los que discrepan”. (Ercilla N.º 1974, 16 al 22 de mayo de 1973, página 12)
Abriendo el camino al golpe
Escribió el general Carlos Prats González en sus “Memorias. Testimonio de un Soldado” (Pehuén, 1985): “El viernes 3 de agosto de 1973, es un día histórico: en esa fecha, Aylwin desahució el diálogo con el gobierno, abriendo así las compuertas de la más grave crisis institucional de la Historia de Chile” (página 544).
Patricio Aylwin intentando justificar su actitud declaró el 9 de agosto de 1973 a la revista “Que Pasa”:
“El diálogo está terminado. Fue en dos planos: hablamos dos lenguajes distintos”.
Según comenta esa publicación, “se refería por supuesto, a la publicitada conversación que había tenido con Salvador Allende en la mañana del lunes 30 de julio, y luego en la noche del mismo día y hasta la madrugada del martes 31”.
En esa ocasión, el entonces senador y presidente del PDC afirmó:
“No habiéndose concretado la tregua, sigue vigente el claro mandato de la Junta Nacional… procuraremos coordinar las acciones con todos los sectores políticos, sindicales y gremiales que quieren restablecer en Chile un régimen de normalidad institucional”. (Que Pasa N.º 311, 7 de abril de 1977, página 6).
Según relató la revista Ercilla, hacia mediados de agosto una reunión secreta en casa del Cardenal Raúl Silva Henríquez, a la que asistieron Allende y Patricio Aylwin. Fue un último intento, esta vez propiciado por el Cardenal para lograr un diálogo que permitiera salir de la crisis política. No fructificó. (Ercilla N.º 2175, 6 al 12 de abril de 1977, páginas 27 y 28).
Luz verde para el golpe
El miércoles 22 de agosto de 1973, la mayoría opositora de la Cámara de Diputados, en sus Sesiones 32 y 33, aprobó un proyecto de acuerdo, presentado por la banca demócrata cristiana, declarando ilegal al Gobierno constitucional de Salvador Allende. La resolución de la Cámara fue aprobada por 81 votos contra 47.
Los sectores democráticos calificaron, con plena razón, esta resolución de la Cámara como un paso decisivo hacia y golpe de Estado. La luz verde para la subversión.
El jueves 30 de agosto de 1973, Radomiro Tomic, en nombre del sector progresista de la Democracia Cristiana, hizo un llamado al diálogo con el Gobierno. Pero no encontró eco en la dirigencia de su partido.
Por una dictadura militar
Días antes de producirse el golpe de Estado de 1973, el en ese entonces presidente de la DC, Patricio Aylwin, dijo en una entrevista a The Washington Post el 26 de agosto de 1973 que, si le dieran a elegir entre «una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda».
Aylwin con fecha 1 de septiembre de 1973 enfatizó: “Reabrir el diálogo es imposible mientras el gobierno no restablezca la normalidad constitucional y legal que ha quebrantado” (La Tercera, domingo 31 de agosto de 2003, página 6)
Diez días después los fascistas daban el golpe de estado cívico-militar.
Patricio Aylwin justificó el golpe fascista
Entrevistado en su calidad de Presidente del PDC, Patricio Aylwin Azócar declaró en septiembre de 1973:
“Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular por acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a la que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación colectiva a la población de los chilenos, que precipitaron este pronunciamiento de las fuerzas armadas.
Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y sumir por la violencia la totalidad del poder.
En estas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.
El digno «grupo de los trece»
Trece dirigentes y parlamentarios demócrata cristianos realizaron una declaración que estableció una clara distancia con la postura oficial de los dirigentes máximos del partido, encabezados por el expresidente Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, quienes dieron su apoyo explícito a los fascistas.
La Declaración de los 13 decía:
“Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional.
13 de septiembre de 1973”.
Firmaron la declaración:
– Bernardo Leighton Guzmán, diputado, exministro, ex-vicepresidente de la República:
– José Ignacio Palma, exdiputado, exministro, expresidente del Senado;
– Renán Fuentealba Moena, senador, exdiputado, exdelegado de Chile a las Naciones Unidas;
– Sergio Saavedra, diputado, exintendente de Santiago;
– Claudio Huepe G., diputado, exintendente de Santiago;
– Andrés Aylwin Azócar, diputado;
– Mariano Ruiz-Esquide, diputado;
– Jorge Cash M., profesor, periodista;
– Jorge Donoso, abogado, publicista;
– Belisario Velasco, economista, ex gerente de la Empresa de Comercio Agrícola;
– Ignacio Balbontín, sociólogo, profesor universitario;
– Florencio Ceballos, abogado, asesor sindical;
– Fernando Sanhueza Herbage, arquitecto expresidente de la Cámara de Diputados.
Dirigentes sindicales del PDC colaboraron con la dictadura en 1974
En los primeros años de la dictadura, los partidos de la Unidad Popular y el MIR eran los únicos que luchaban por la democracia. La Democracia Cristiana y la derecha apoyaban la dictadura.
En el frente sindical, cuando dirigentes y militantes de izquierda arriesgaban todo por resistir y no doblegarse ante el terrorismo del régimen, otros colaboraban con los fascistas. Entre ellos, no pocos dirigentes sindicales del PDC.
El 10 de enero de 1974, en pleno período de la guerra total contra el movimiento obrero, la Junta –echando mano al arbitrario Decreto Ley 198- impuso al democratacristiano Guillermo Santana, como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre(CTC).
En ese mismo mes se creó la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Su objetivo: apoyar la política laboral de la tiranía. En su Comité Ejecutivo figuraron dos democratacristianos: Eduardo Ríos, de la Confederación Marítima de Chile (COMACH), que fue designado presidente, y Victoriano Centeno, que ocupó el cargo de secretario general.
En el acto del 1º de Mayo de 1974 organizado por la dictadura, el principal orador fue el democratacristiano Manuel Rodríguez, ex presidente de la CUT provincial Santiago. En su discurso utilizó la misma argumentación de Pinochet intentando justificar el golpe: “La Unidad Popular creó una crisis moral e institucional…” Luego reconoció la complicidad en la preparación de las condiciones para el asalto a la democracia: “El 11 de septiembre no hubiera sido posible a no mediar la acción que desarrollamos los trabajadores y las organizaciones sociales del pueblo”. Agregó: “Por eso exigimos un lugar en la reconstrucción nacional”. (“El Mercurio”, Santiago, 2 de mayo de 1974)
El 6 de julio de 1974, la dictadura abrió en Santiago la Oficina Nacional Laboral. La inauguraron el citado Manuel Rodríguez y el Ministro del Interior, general Oscar Bonilla.
En ese mismo mes de julio, Eduardo Ríos y su camarada Ernesto Vogel, formaron parte de una delegación -designada por Pinochet- para participar en Ginebra en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esa oportunidad, tres centrales sindicales mundiales –que ignoraban el rol de colaboradores con la tiranía que jugaban Ríos y Vogel- les ofrecieron asilo político. Naturalmente lo rechazaron, pues no lo necesitaban. Al hacerlo, Vogel declaró:
“Los sindicalistas europeos sólo ven la situación chilena en blanco y negro producto de la propaganda marxista. Se niegan a conocer los detalles que originaron el pronunciamiento militar”.
El mismo dirigente democratacristiano, de regreso en el país, en una charla ante estudiantes de la Universidad de Chile, afirmó con indisimulado orgullo el 19 de septiembre de 1974:
“Los obreros ferroviarios fuimos los primeros en dar un día de sueldo para la reconstrucción…” (“La Tercera”, 20 de septiembre de 1974)
El 15 de noviembre de 1974, Guillermo Santana apoyó un discurso en que Pinochet atacó a las Naciones Unidos por haber condenado los atropellos a los derechos humanos perpetrados por la dictadura. El designado presidente de la CTC desafió al organismo internacional. Dijo:
“Que la ONU venga a ver la libertad que tenemos ahora” (Citado por Guillermo Campero y José Valenzuela en “El movimiento sindical en el régimen militar chileno.1973-1981”. Santiago, 1984, página 222)
El golpe cívico-militar apoyado por la DC significó un genocidio para el pueblo chileno
Hubo cinco instancias oficiales para estudiar los atropellos a los derechos humanos bajo la dictadura: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig (marzo de 1991), la Comisión Rettig II, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (febrero 1992, La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Comisión Valech (2004) y la Comisión Valech II (2010). Las cinco, luego de recibir miles de testimonios, evacuaron un informe.
De la suma de todos estos informes, las cifras oficiales entregan un total de 3.227 víctimas: 2.125 asesinados y 1.102 detenidos- desaparecidos.
Además, los agentes de la dictadura detuvieron y torturaron a 31.831 patriotas. Más de 200 mil personas fueron lanzados al exilio, repartidos en 50 países.
La DC jamás ha reconocido su responsabilidad en el origen de esos deleznables, espantosos e injustificables crímenes.
(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
