El Ministro Alejandro Madrid condenó a veinte años de cárcel a dos médicos de la DINA, Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú, por su responsabilidad en el suministro de toxina botulínica a cuatro presos políticos del MIR, en la ex Cárcel Pública, a consecuencia de lo cual fallecieron dos reos comunes.
Cabe consignar que hasta su detención, en enero de 2014, Arriagada Rehren y Rosende Ollarzú desempeñaban actividades profesionales como si nunca hubiera pasado nada. El primero, se trabajaba como médico bronco-pulmonar en la Clínica Vespucio; el segundo era académico de la Facultas de Medicina Veterinaria, en la Universidad de Chile.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, condenó a cinco miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en dos homicidios consumados y cinco homicidios frustrados de reclusos, ilícitos perpetrados en diciembre de 1981 en la ex Cárcel Pública, mediante la inoculación de toxina botulínica en sus alimentos.
En el fallo (causa rol 7.981-D), el ministro Madrid condenó a Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende Ollarzú a penas de 20 años de presidio, en calidad de autores de los homicidios consumados de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz; y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.
En tanto, los oficiales Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez deberán purgar 10 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.
En la etapa de investigación, el ministro Madrid logró establecer los siguientes hechos:
«En el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morales, quienes compartían en la denominada «carreta», los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz, resultando que a partir del día 7 de diciembre de 1981 comenzaron a presentar problemas de carácter grave en su estado de salud, por lo que siendo las 15.30 horas del día antes señalado fueran internados en la enfermería del penal los internos antes señalados;
Posteriormente, y atendido la gravedad de los síntomas experimentados por los reclusos antes nombrados, se dispuso por la jefatura de dicho establecimiento el traslado de todos los procesados intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO), situación que fue informada a la Sra. Juez del Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad mediante oficio ordinario N° 4484 de fecha 10 de diciembre de 1981, haciendo presente que se tuvo conocimiento que el interno Víctor Hugo Corvalán Castillo había fallecido en el traslado de la Penitenciaria de Santiago;
Que una vez recepcionados los internos en el Hospital antes mencionado, fueron atendidos por el doctor Jorge Mery Silva quien planteó el diagnóstico de «intoxicación Botulínica», siendo trasladados los referidos internos a la unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de Santiago y por medio del parte N°799 de la Guardia Interna de la Ex Cárcel Publica de fecha 20 de diciembre de 1981, se dio cuenta del fallecimiento en la Posta Central del recluso Héctor Walter Pacheco Díaz, a consecuencia de su gravedad»;
La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes mencionados, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido solicitado por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo introducida dicha a la Ex Cárcel Publica de Santiago, ubicada en calle General Mackenna, de esta ciudad;
Que, si bien es cierto, los internos intoxicados fueran llevados a la enfermería del señalado recinto penal el día 8 de diciembre de 1981, con la finalidad de ser examinados y atendidos de sus dolencias, los reos no fueron atendidos ya que se indicó que padecían de una «gastritis aguda», siendo devueltos a sus celdas.
Sin embargo, por la presión de las familias de los internos solicitaron a través de alegaciones de la Vicaria de la Solidaridad, la presencia de un médico particular, lo que fue negado por el Alcaide quien le informo al fiscal de la Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención médica, pues su estado de salud no era de gravedad.
Los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una «operación especial de inteligencia» que habría terminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor Walter Pacheco Díaz, los cuales eran enjuiciados por delitos comunes y se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica, produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada «toxina botulínica», la que fue traído al país por el ser servicio público encargado de velar por la salud de la población y, previamente, entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE);
Por otra parte, los reclusos afectados Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, sufrieron graves lesiones producidas por la ingesta de dichos alimentos contaminados, logrando sobrevivir –a pesar de la tardanza en el auxilio– por el oportuno y certero diagnóstico de la causa del envenenamiento, por los tratamientos que se les brindaron y, por la aplicación de la antitoxina respectiva; de esta manera, no se produjo el resultado querido por los partícipes, en cuanto dice relación con los delitos antes mencionados, evitándose la consumación, por razones independientes de la voluntad de los agentes;
Que el hecho de no adoptar las medidas necesarias para evitar la introducción de sustancias altamente toxicas, como, asimismo, el retardo en el traslado del hospital penitenciario de los internos antes mencionados, constituye una afectación de los derechos de estos y evidencia una grave omisión dolosa del deber de cuidado en el cual recaía en el Alcaide de la Ex Cárcel Pública».
Indemnizaciones
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $950.000.000 (novecientos cincuenta millones de pesos), monto que se desglosa de la siguiente manera:
«»a) PETER WALTER PACHECO CASTRO, en la suma de ciento cincuenta millones de pesos (150.000.000);
b) RICARDO ANTONIO AGUILERA MORALES, en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000);
c) ELIZARDO ENRIQUE AGUILERA MORALES, en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000);
d) PATRICIA ISABEL CASTILLO JOFRÉ, en la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000);
e) PATRICIA ISABEL CORVALÁN CASTILLO, en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000), y
f) GUILLERMO RODRÍGUEZ MORALES, en la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000)».
Los venenos de la dictadura
Arnaldo Pérez Guerra
El juez Alejandro Madrid declaró reos como autores de los delitos de homicidio calificado y homicidio frustrado a ex oficiales del ejército: el médico Eduardo Arriagada Rehren y el veterinario Sergio Rosende Ollarzú; y como cómplices, a los coroneles (r) Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo. Los detenidos fueron trasladados a un regimiento a la espera de las condenas.
Se trata del caso conocido como “envenenamiento en la Cárcel Pública”. Guillermo Rodríguez Morales, uno de los ex presos políticos sobrevivientes, militante del MIR, dice: “Nos envenenaron con toxinas botulínicas en diciembre de 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Frei, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Pablo Neruda también había fallecido ahí mismo”.
La toxina fue traída desde Brasil por el Instituto Bacteriológico y entregada a los encargados del laboratorio de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). “El mismo equipo que nos envenenó es investigado por el asesinato de Frei, ocurrido semanas después”, dice Rodríguez. Se sabe que la operación para fabricar gas sarín y armas químicas en nuestro país fue iniciada por la Dina aproximadamente en 1975. El ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue envenenado con gas mostaza y talio.
El ex director del Bacteriológico, coronel Joaquín Larraín Gana, admitió en el tribunal que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico de inteligencia militar Eduardo Arriagada Rehren. Este preguntó a Larraín -ex profesor de la Escuela de las Américas-, si tenían toxinas botulínicas, aduciendo que “el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes”. Arriagada fue acompañado por Sergio Rosende.
La dictadura de Pinochet utilizó gas sarín y otros venenos para asesinar a opositores y a sus propios agentes “caídos en desgracia”.
Las víctimas en la Cárcel Pública fueron los reos comunes Víctor Corvalán y Héctor Pacheco y los presos políticos Guillermo Rodríguez, Ricardo y Elizardo Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Garrido, quienes sobrevivieron con notorias secuelas en su salud. El ministro en visita estableció que “el doctor Jorge Mery planteó el diagnóstico de intoxicación botulínica”, y que el doctor Álvarez, jefe de la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública, sugirió por su gravedad “el traslado de los pacientes a la entidad asistencial”.
El de 20 de diciembre de 1981, falleció en la Posta Héctor Pacheco. Víctor Corvalán había muerto a pocas horas de sufrir la intoxicación. Guillermo Rodríguez, que fue jefe de las Milicias de Resistencia Popular del MIR, había sido condenado a muerte por un Consejo de Guerra.
¿Fueron utilizados como “conejillos de Indias” por los agentes del Dine para después asesinar a Frei? Es la hipótesis más certera. La dictadura de Pinochet experimentó con diversidad de toxinas y venenos, que usaron para asesinar. “Utilizaron armas químicas para eliminar a mi padre”, dice la ex senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle, hija del ex presidente. “El 7 de diciembre -agrega- les dan a los reos venenos, y el 8 de diciembre mi padre presenta un shock séptico. El ejército utilizó este tipo de armamento durante la dictadura, sobre todo la Dine, un verdadero laboratorio de armas químicas”. El ex presidente fue operado de una hernia y cuando estaba convaleciente le envenenaron.
“Nos querían dejar morir”
Se sabe que la toxina botulínica para envenenar a los presos políticos fue obtenida a través de una solicitud del director del Bacteriológico al organismo correspondiente en Brasil. Se envío por valija diplomática y fue remitida al laboratorio de calle Carmen N° 339, dependiente de la Dine. En dicho laboratorio se fabricaron y manipularon sustancias de alta toxicidad. Los encargados del laboratorio eran el médico Arriagada y el veterinario Rosende. Siempre hubo “excelentes relaciones” entre el ejército y el Bacteriológico -luego Instituto de Salud Pública (ISP)-, gracias a las cuales la inteligencia militar logró desarrollar una nueva forma de eliminar a sus enemigos pretendiendo no dejar rastros.
“Si bien en un caso se utilizó toxina botulínica y en el otro gas mostaza y talio, ambos nos permiten concluir que el ejército tuvo un laboratorio en el que se fabricaron sustancias para causar la muerte a los enemigos del régimen a través de complejas operaciones de inteligencia, en las que los partícipes fueron agentes especializados y pertenecientes a la elite del ejército”, dice Carmen Frei.
Familiares de Guillermo Rodríguez y demás presos al enterarse del envenenamiento, solicitaron a la Vicaría de la Solidaridad que un médico les visitara. El abogado Jorge Sellán lo solicitó al fiscal militar Luis Berger. Las peticiones fueron rechazadas por el alcaide del penal, Ronald Bennet, con el argumento de que ningún preso requería atención médica.
Al día siguiente, uno de los reos había muerto. Guillermo Rodríguez, dice: “El alcaide de la ex Penitenciaría, donde nos trasladaron, era hermano de Bennet… Para mí está claro que nos querían matar, querían dejarnos morir, era parte de una operación de inteligencia, donde hubo complicidad criminal de Gendarmería, y que culminó con el asesinato del ex presidente Frei y del sindicalista Tucapel Jiménez”.
Guillermo Rodríguez cuenta que días antes del envenenamiento, la magistrada Canales aceptó “tomarme declaración respecto al castigo injusto al que me había sometido Gendarmería en los días previos al Consejo de Guerra… Aproveché de entregarle información sobre la red de gendarmes y reos que estaba trabajando para la CNI, la policía represiva de la dictadura”.
Se encontró un escondrijo lleno de papeles y copias de informes de la actividad de los presos políticos, sus familiares y abogados. “Arturo Marshall, un ex oficial, que participó en un conato sedicioso contra Allende, preso por delitos comunes, era el informante… Se hizo la denuncia y la jueza abrió un expediente… No recuerdo exactamente cuándo pero concurrió a visitarme una mujer joven. Me contó que era hermana de un detenido desaparecido. Trajo de regalo una torta. No le creí y, como la situación era evidentemente sospechosa, la torta fue al Comité de Derechos del Pueblo (Codepu). Mandaron a analizarla y contenía un insecticida: Tanax”.
Rodríguez recuerda que a su galería en la Cárcel Pública habían llegado los hermanos Ricardo y Elizardo Aguilera, que se sumaron a la “carreta”-compartían alimentos- que mantenían él y Adalberto Muñoz. El 7 de diciembre de 1981 correspondió cocinar a Rodríguez. En la tarde, luego de terminar el turno de cocina y regalar comida a un reo común, fue a jugar fútbol y conversó con Patricio Reyes:
“Me senté a un costado de la cancha. Patricio comenzó a poner caras raras y me pedía a cada momento que le repitiera lo que decía porque yo estaba hablando muy enredado. Encendí un cigarrillo y comencé a ver de manera distorsionada. Me tendí un momento y, cuando me enderecé y traté de hablar, me di cuenta que no podía articular bien. Patricio me acompañó a la celda y encontramos a Adalberto vomitando y con agudos dolores. Elizardo y Ricardo estaban igual. Habían envenenado nuestra comida”.
Dieron la alarma e intentaron hacerse lavados estomacales con detergente y agua. Los reos comunes golpeaban las puertas llamando a la guardia interna. “No llegó nadie, a pesar de que todos los días la guardia pasaba la cuenta de la tarde y nos encerraba. Los presos comunes gritaban, encendían fogatas y golpeaban las puertas de lata de las celdas, pero nadie aparecía”.
Sobrevivieron esa noche
“Tomé bidones de agua con detergente para provocar vómitos y de cierta manera ‘lavar’ los intestinos. Los dolores eran atroces”, dice Rodríguez. Avanzaban las horas y Gendarmería los dejaba morir. “Convulsiones, espasmos, vómitos… El estómago se contrae con tal violencia que me deja sin respiración. No puedo mantenerme despierto. Las dolorosas contracciones se repetían. No sé si perdí el sentido o me dormí… Desperté a mediodía. Algunos reos me arrastraron a la enfermería. Frente a la puerta de entrada de las visitas ví al doctor Manuel Almeyda, que indignado discutía con el alcaide”, dice.
Los trasladan a la enfermería del penal y luego a la de la ex Penitenciaría.
“Al mirar las camas, recién caigo en cuenta que somos varios los envenenados, que hay dos reos comunes… Habían pasado casi 20 horas y no habíamos recibido ningún tratamiento específico. Uno de los reos comunes comenzó a hacer contorsiones, abriendo los ojos de manera desmesurada, finalmente desde su tórax se elevó un bulto y quedó inmóvil… Caía la tarde y recién llegaron a la enfermería gendarmes y practicantes. Corrían y gritaban. Llegó una ambulancia. No quisieron prestarnos atención médica a tiempo. Quedé solo en la enfermería, mirando el cadáver del muchacho que también había recibido nuestra comida… Al final de la tarde gendarmes se llevaron el cadáver y en la ambulancia me engrillaron con el muerto. Luego declararon que murió en el camino, salvando la responsabilidad del alcaide coludido en la operación”, dice.
La ambulancia entra a la ex Penitenciaría. “Un doctor me tomó los signos vitales y sin vacilar me preguntó si yo era el jefe mirista recientemente condenado por el Consejo de Guerra. Respondí que sí y para mi sorpresa, se presenta formalmente diciendo que era el doctor Jorge Mery, acusado injustamente de colaborador de la Dina, que ésta sería su ocasión de demostrar que no era así y que él creía que habíamos sido envenenados con botulina”.
Secretos tóxicos
Guillermo Rodríguez dice que en 2004, en la oficina del juez Madrid, encontró respuestas:
“Existió una brigada del ejército especializada en la guerra bacteriológica. El juez logró individualizar a quien compró las cepas de la toxina botulínica en Estados Unidos e identificó a quien las transportó a Chile en un avión comercial, violando todas las reglas internacionales de tráfico aéreo; también determinó quien las recibió”.
Hoy también se sabe, gracias a investigaciones judiciales en Chile y Estados Unidos, que en septiembre de 1976, el agente de la Dina y la CIA, Michael Towley, trasladó en un avión LAN a Washington un frasco de perfume con gas sarín con el que se pretendía asesinar al ex canciller Orlando Letelier, que finalmente fue asesinado en esa ciudad, el 21 de septiembre de ese año, por orden del dictador Augusto Pinochet, con la colaboración de agentes cubanos de la CIA, entre ellos, José Suárez Esquivel y Virgilio Paz Romero.
La Dina fabricó armas químicas – encargo que hiciera al propio Towley-, bajo la supervisión de su director, Manuel Contreras Sepúlveda. La Dina “compró” una casa en Lo Curro: bajo identidades falsas participaron el entonces coronel Raúl Iturriaga Neumann y el mayor Rolando Acuña, quien actuaba como abogado en las operaciones secretas. Allí se instaló el “cuartel” o Centro de Investigación y Desarrollo Técnico de la Dina (Quetropillán).
Sus agentes viajaban al extranjero a comprar equipos y materiales. Las principales compras las hizo el propio Townley (en Gallenkamp y Co -Londres-; Fisher Scientific, José Santos -New Jersey-, y PRC -Orlando, Florida-, en Estados Unidos), usando el nombre de Kenneth Enyard. Con esa identidad falsa viajó a Argentina para asesinar al general Carlos Prats y su esposa, en septiembre de 1974.
Quien también colaboró con el “laboratorio” fue Wolff Von Arnswaldt, enviando equipos y materiales desde Alemania y otros países europeos para la Dina y la Colonia Dignidad, el enclave nazi en el sur de Chile. El químico de la Dina, Eugenio Berríos, desarrolló toxinas letales y perfeccionó el gas sarín, que fue inventado por los nazis.
Townley y Berríos se habían conocido en la agrupación fascista Patria y Libertad. También se incorporó el bioquímico Francisco Oyarzún Sjöberg que junto a Berríos trabajaron en el Proyecto Andrea, cuyo “producto estrella” sería el gas sarín. A principio de 1976 lograron resultados y comenzaron a trabajar en otras sustancias similares: Tabun, Soman, Clostridium botulínica, Saxitoxin y Tetrodotoxina.
El juez Víctor Montiglio comprobó que en el cuartel de calle Simón Bolívar se experimentó con gas sarín. Dos detenidos peruanos, de los cuales aún se desconoce identidad, fueron rociados en presencia de Manuel Contreras con gas sarín por Townley y, luego, la teniente Calderón les inyectó cianuro. Dos agentes resultaron afectados por el gas, pero se recuperaron. En julio de 1976, en el cuartel Quetropillán se ejecutó con gas sarín al diplomático español Carmelo Soria.
Según la agente Mariana Callejas, esposa de Towley, ese mismo año fue asesinado con sarín el conservador de bienes raíces Renato León. La Operación Andrea consistió en poner a prueba un producto químico que, aplicándolo en el rostro, podía causar lesiones mortales al ser respirado.
“Entiendo que causaba convulsiones y provocaba finalmente la muerte. Supe o escuché que también se había eliminado a un notario de quien decían que era homosexual; y de la operación con desaparecidos: de 15 a 20 en Peldehue. Otras operaciones se llevaron a cabo en la Villa Grimaldi”, confesó Alejandra Damiani, secretaria de Towley.
A partir de 1978, en otro recinto secreto, continuaron experimentando con toxinas y venenos, desarrollando el cultivo de cepas de micro organismos patógenos. En 1981 se inició la construcción de otro laboratorio en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos, al sur de Santiago, y una Unidad Bacteriológica se instaló en el Complejo Químico Industrial del Ejército en Talagante. Jefe del nuevo Departamento Bacteriológico fue el doctor Eduardo Arriagada, quien además fue jefe de la Clínica London de la Dina y la Dirección de Sanidad del Ejército, trabajando más tarde en la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE).
En el caso “envenenamiento en la Cárcel Pública”, aparece implicado Marcos Poduje Frugone, químico del Instituto Bacteriológico que dirigía el coronel Joaquín Larraín y cuyo jefe de Seguridad y Finanzas era el teniente coronel Jaime Fuenzalida.
Este último recibió la orden de ir a la Cancillería a “retirar un paquete de Brasil”. El contenido era toxina botulínica. Larraín le ordenó a Poduje reparar un liofilizador, aparato que se usaba en la Planta de Liofilización del Cepario Nacional (colección de cepas de bacterias y virus), e instruyó a un funcionario para que lo depositara detrás del altar de una iglesia donde funcionaba una vicaría castrense.
“En el Instituto Bacteriológico existió una planta de éter, la que fue traspasada al Complejo Químico del Ejército, en Talagante. Recuerdo también que el doctor Fábrega junto al doctor Salvador Ballard, jefe del Departamento de Producción, ambos de confianza del coronel Larraín, realizaron un curso en el ejército, en una repartición de calle Eliodoro Yáñez (donde funcionaba un cuartel secreto de la BIE) y que viajaban mucho a través del país, desconociendo qué fueron a cursar”, confesó Poduje.
Otro profesional, Hernán Lobos Romero, dijo al juez que en esos años “llegaba hasta allí un médico de Parral”, a quien más tarde identificó como Helmut Hopp, de la Colonia Dignidad. Allí también acudía el químico Eugenio Berríos -“Hermes”-, quien trabajó en el enclave alemán y compartió sus conocimientos de armas químicas con Paul Schäfer Schneider y Hopp, entre otros. El juez Jorge Zepeda estableció que en el asesinato de Miguel Becerra, ex agente de la Dina, perpetrado en Colonia Dignidad, los hombres de Schäfer usaron venenos similares a los de la Dina.
Guillermo Rodríguez y sus compañeros fueron envenenados por agentes de Pinochet que eran parte de esta trama de muerte. La investigación determinó que los presos del MIR en la Cárcel Pública cocinaban todos los días, para lo cual eran proveídos de víveres que compartían con reos comunes. Sus comidas fueron contaminadas con la toxina botulínica que llevó hasta la cárcel José Roa Vera, ex integrante de la Brigada Mulchén de la Dina, y entonces miembro de la Unidad Antiterrorista (UAT), dependiente del Dine.
Fuente: Alainet
