por Santiago Escobar.
Instalar un gobierno no consiste solo en designar funcionarios. En lo esencial, la experiencia indica que se trata de convencer a los auditorios políticos que existe una idea coordinada de las prioridades públicas de los nuevos gobernantes.
Que hay nitidez en los vectores estratégicos del trabajo, orden en el uso de los recursos propios, coherencia, tanto en el ejercicio sectorial como en la búsqueda de consultas y acuerdos para llenar los espacios en que los recursos propios son insuficientes, cuidado en la ejecución presupuestaria y, sobre todo, un uso racional, ordenado y austero de las vocerías gubernamentales.
No se pueden tener demasiadas ideas ni prioridades y el trabajo gubernamental debe ser o parecer lo más armonioso posible.
¿Cree usted que algo de esto caracteriza la instalación del segundo gobierno de Sebastián Piñera?
A menos que sea un líder innovador de esos que solo se comprenden cincuenta o cien años después que los han enterrado, y que mientras gobiernan viven rodeados de la incomprensión de adláteres y opositores, Piñera es más de lo mismo en medio de una crisis profunda de ideas acerca de la sociedad, el Estado, las instituciones y el gobierno.
En tales condiciones, el escenario o coyuntura se presenta como lo más cercano a lo que la ciencia política denomina “marcha del borracho” o política de acierto y errores. Es decir, un tanteo para ver lo que va resultando bien, generalmente sobre hechos dominados por la espontaneidad o la percepción de la gente, y con un sistema primario y binario de aprobación o rechazo.
Por donde se quiera empezar, economía, salud, seguridad pública, sistema penal, política de emergencias, educación o previsión social (podríamos agregar infraestructura, medio ambiente, o funcionamiento de los tribunales o el ministerio público o lo que quisiéramos y sería igual) se evidencia anomia, mal funcionamiento institucional y…más de lo mismo, es decir problemas cuyo diagnóstico se conoce hace años (si no décadas) y persistencia en la falta de soluciones.
La única oportunidad del actual gobierno es usar su potencia política, que la tienen por el solo hecho de ser gobierno, y abrir una fase de debate institucional que lleve al país a un cambio constitucional y a una profunda reforma del Estado.
Está aprobada la elección de gobernadores provinciales para dentro de un año o poco más. ¿Se puede imaginar una relación armoniosa entre senadores y gobernadores provinciales? ¿Se puede imaginar una descentralización con base en legitimidad electoral soberana (elección directa) de ambos personeros sobre el mismo territorio, pero con muy disímiles representaciones políticas? ¿O un gobernador sin capacidad de ejercer gobierno?
Cada paso que se da –y el gobierno de Piñera está profundizando la confusión institucional de Bachelet- en cualquier ámbito institucional carece de consistencia.
En medio de una crisis interna de crimen organizado en Carabineros, aún sin visos de solución, el Gobierno envía un contingente de 40 miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOPE, a entrenarse al Comando Jungla de la Policía Colombiana, para que vuelva a prestar servicios a La Araucanía.
Para quien no lo sabe, el Comando Jungla es una de las unidades policiales MAS LETALES del mundo, especializada en acciones de sabotaje y eliminación de instalaciones del narcotráfico en la selva, con soporte aéreo y uso de armamento de guerra, explosivos y químicos.
Ese comando ha sido objeto, y todavía lo es, de operaciones de inteligencia de parte del narco, y su nivel de deserción es cercano al 70%. Saque cuentas al respecto. Y ello lo hace para “intervenir” en la zona donde sacó más votos.
En materia de sistema penal o salud hay situaciones similares. Y no se diga en educación.
En tales circunstancias, y sin oposición política real al frente, el país se cimbra en una inestable administración, sin adoptar decisiones que le permitan poner condiciones reales de manejo de su futuro.
Lo ocurrido hasta ahora con el litio –no con SQM lo que ya es una vergüenza- demuestra que el país carece de una visión estratégica de su viabilidad como una sociedad desarrollada.
La decisión sobre la explotación de una riqueza que ni siquiera la dictadura militar se atrevió a tocar, se dejó en manos de un organismo técnico de segundo nivel, quien transó la soberanía del Estado hasta el año 2030 bajo promesa de recibir hasta ese período 10 mil millones de dólares.
Es decir, una de las principales fuentes de energía limpia se transó como un mero comodity, sin retornos tecnológicos de ningún tipo, y dejando impunes los delitos de SQM.
Según los chinos – que hoy pugnan por el control mundial del litio- el mercado de vehículos eléctricos llegará el 2024 a 700 mil millones de dólares.
Los noruegos experimentan con baterías de litio para sus submarinos. Pregúntele a la Armada si su representante en la Comisión Chilena de Energía Nuclear emitió siquiera una opinión sobre el acuerdo Corfo-SQM sobre el litio chileno, o cuánto gastarán en energía para su flota de submarinos.
¿Cuál desarrollo estratégico?
Fuente: Primera Piedra
