Las encuestas y sondeos de opinión son herramientas de la ciencia estadística, que permiten inferir la opinión, el estado de ánimo y la disposición de una población extendida sobre cualquier tema o problema, a partir de una muestra aleatoria representativa de esa población.
Nada más que eso, aparte de que su uso correcto se circunscribe al instante en que se toma la muestra.
Sin embargo en Chile, las encuestas, realizadas por empresas casi en su totalidad propiedad de personajes de derecha, se han constituído en un eficaz complemento del poder mediático, también controlado por la derecha. Gozan de un prestigio que no merecen, cumplen una función de oráculo que no les corresponde, y en los hechos, manipulan groseramente la metalidad de los chilenos.
Entre todas le han hecho un sistemático acoso a la Presidenta Bachelet. De hecho, los directores de las tres principales encuestadoras del país fueron funcionarios -o muy cercanos- del Gobierno de Piñera.
Sondeos en la mira: Funcionarios del gobierno de Piñera controlan las encuestas
Por Mario López M.
Transformadas en una eficiente arma de lucha e influencia en el actuar de las personas, las empresas a cargo de los sondeos de opinión se encuentran en su inmensa mayoría sometidas al predominio casi exclusivo de la derecha en Chile. Nadie pareciera detenerse a examinar quién elije los temas a estudiar, elabora los cuestionarios, escoge a los entrevistados y selecciona los resultados a entregar.
En nuestro país se ha asignado, sobre todo en el último tiempo por parte de los medios de comunicación de derecha, una credibilidad casi sacrosanta al valor de las conclusiones de las encuestas. Baste mirar como El Mercurio, La Tercera, la televisión y en general todos los medios que le son afines a la Alianza, no dudan en titular o abrir programas de noticias, dando por incuestionables los resultados que determinadas empresas publican.
La Presidenta Bachelet ha sufrido semana a semana el acoso de la empresa Plaza Pública Cadem, creada en 2014 por un exfuncionario del gobierno de Piñera. Al definir su propia identidad, la empresa señala que “para cumplir con nuestra promesa, de que nuestra información sea oportuna y contingente, hemos implementado una metodología mixta entre encuestas telefónicas y presenciales (en puntos comunales de afluencia) que nos permitirá mejorar los estándares actuales de las encuestas telefónicas”. Las personas que no poseen teléfono y que residen en sectores marginales, no son consultadas. Esa es uno de los cuestionamientos metodológicos al sistema.
Un arma peligrosa
No se trata de demonizar los sondeos de opinión, sobre todo teniendo en cuenta que sus análisis no solo responden a materias políticas y cuyos aportes, dentro y fuera del país en otras áreas, son cada vez más valorados como instrumentos para campañas y toma de decisiones por particulares y autoridades públicas. Las encuestas en materia política, sin embargo, no son ni tan recientes ni tan creíbles como se cree. Tampoco escapan a la intencionalidad de quienes las aplican.
Recién a los inicios de la década del 30 comenzaron a ser utilizadas en temas políticos y periodos electorales en el mundo. A finales de los 60 ya representaban un instrumento necesario para auscultar a los electores pero sería junto a la penetración masiva de la televisión, que las encuestas entran a ser derechamente una herramienta imprescindible de marketing, tanto para conocer qué desean los potenciales votantes y elaborar programas que intenten satisfacer sus necesidades como para potenciar las características positivas del candidato. Un arma de marketing de peligrosas consecuencias, encargada de dar por cierto lo que no siempre es.
En nuestro país son aún de más reciente data. Las financian políticos, partidos, gremios empresariales, gobiernos y en general quien se interese por conocer qué piensa su potencial “clientela”. Pero debe sumarse en nuestra realidad dos hechos muy perniciosos. El primero que encuestadoras y quienes las validan -los medios masivos de comunicación-, son todos de derecha y segundo, que se encuentra muy en pañales la legislación que las regula, con apenas algunas limitaciones electorales, como las del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que prohíbe difundirlas 3 días antes de elecciones.
Manipulación de resultados
Y es justamente la prensa en nuestro país, mayoritariamente de derecha, la que entrega “credibilidad” a las encuestas que le benefician, e incluso llena titulares anunciando resultados que la experiencia demuestra, no son ni exactos e incluso algunos ni tan cercanos, pero logran el efecto de influir tanto en la opinión pública como en el comportamiento de la ciudadanía. Recuerde usted que previo al plebiscito en que resultara derrotado Pinochet, las encuestas lo daban ganador por un importante margen.
Escándalo se originó también durante el gobierno pasado, cuando la empresa Adimark se negó a mostrar los resultados de una encuesta en pleno periodo eleccionario municipal en 2012. La empresa dirigida por Roberto Méndez se excusó de darla a conocer basada en que por un tema de “control de calidad interno” resolvió descartar los resultados. Las respuestas no se hicieron esperar y muchas provinieron desde los mismos personeros del gremio.
En el peor periodo de Piñera, entre octubre de 2012 y enero de 2013, la encuesta Adimark sospechosamente dejó de realizarse
Cristián Bofill, el hoy director de Canal13, siendo director del diario La Tercera, uno de los medios fuertemente cuestionado por los errores en los vaticinios de las encuestas que se publicaron en las semanas previas a las elecciones municipales de 2012, señaló:
“Adimark, que predicó tanto sobre errores de otras, cancela encuesta octubre. No era que si sabían cómo hacerlas?”, señaló vía Twitter. No fue el único, el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, cuestionó que existía un importante segmento social dejado de lado en los sondeos, por los mecanismos utilizados en esa medición, asegurando que en Adimark “ese problema lo han tenido siempre”.
Piñera por tres…
Por eso no deja de llamar la atención que detrás de las más conocidas empresas de sondeos de opinión pública y que se dedican a materias políticas, se encuentren la derecha y empresarios de ese sector. CEP, Adimark y últimamente Cadem son la mejor expresión de ello. No han estado ajenas a cuestionamientos, sobre todo por la redacción de las preguntas, la oportunidad de ellas, la selección de los encuestados e incluso por quienes están tras bambalinas.
La CEP es dirigida por Harald Beyer, el acusado constitucionalmente exministro de educación del gobierno de Sebastián Piñera. Entre los directores de dicha entidad, los nombres de Arturo Fontaine, Eliodoro Matte, Wolf von Appen, Alfredo Alcaíno, Roberto Angelini, Juan Claro, Jean Paul Luksic, Joaquín Villarino, Bruno Philippi, Salvador Said, Luis Enrique Yarur y Sergio de Castro, son algunos de quienes son o han sido sus directores. Todos ligados a la derecha y el empresariado.
Adimark, es dirigida por Roberto Méndez, un hombre de reconocidas ideas conservadoras y quien fuera ex asesor y muy cercano a Sebastián Piñera, lo que ha marcado para muchos la identidad y credibilidad de los sondeos de opinión en cuestiones políticas de esa empresa.
Cadem por su parte, la más reciente en el mercado de la cosa pública (2014), es dirigida por Roberto Izikson, hombre de confianza de Sebastián Piñera durante su gobierno y quien era el encargado de las encuestas desde el “segundo piso” pasado. Proviene de la escuela “Méndez”.
No fue nada lo que dijo… sino cómo lo dijo
Un sondeo, más allá de sus resultados, se valida por la calidad y objetividad de sus herramientas sobre las cuales se construye el muestreo. No fue menor la controversia que levantó hace unos meses la encuesta CEP sobre materia educacional, la que fue duramente cuestionada por la metodología utilizada. Las preguntas que se efectuaron fueron denunciadas por su clara intencionalidad y manipulación del encuestado.
A tanto llegó el tema que no pocos hicieron el ejercicio de dar vuelta el sentido de las preguntas, lo que terminaba arrojando un resultado muy distinto al dado a conocer por Méndez, que rechazaba el copago y la reforma. Así por ejemplo, el muestreo consultaba: -¿Cree usted que las universidades debieran ser gratuitas para todos los estudiantes o sólo para los estudiantes de familias con menos recursos? Distinto habría sido preguntar: ¿Cree usted que las universidades debieran ser pagadas por créditos millonarios para todos los estudiantes o sólo para los estudiantes de familias más ricas?
También se denunció en noviembre 2011 por los propios empleados de Adimark -que estaban en huelga-, que cómo era posible que sin existir trabajadores en la empresa, se realizara una encuesta ese mes que otorgaba un aumento en la aprobación a Piñera. La entonces presidenta del sindicato Gloria Poblete, señaló que “tras un mes en paro laboral, y sin ningún trabajador en la empresa, no se explican cómo Adimark otorgó al gobierno (de Piñera) un repunte en su aprobación. Fue un regalo de cumpleaños, reconoció más tarde Roberto Méndez.
Poblete señaló que “es muy probable que dada la cercanía de Roberto Méndez y el expresidente Piñera, estos resultados se pudieron manejar”. No fue la única acusación. La dirigenta indicó que “más allá que Méndez sea asesor del gobierno, los trabajadores realizan su tarea en forma seria y a cabalidad, pero en esta ocasión, los resultados me parecen muy dudosos” y agregó que emplazaba al dueño de Adimark, Roberto Méndez, a que “aclare cómo obtuvo los resultados de esta última encuesta, ya que los trabajadores estaban en huelga”.
Hechas a medida
No solo las preguntas son determinantes en los resultados, sino que también la interpretación que la empresa hace de la misma. Por ejemplo, si se toma en las diversas encuestas el porcentaje que “rechaza” la gratuidad en la reforma educacional, ¿significa necesariamente que no la desea por no estar de acuerdo con que ella se lleve a efecto? Mírelo desde otro punto de vista. ¿No será que eventualmente la descarta porque estima que es insuficiente y que debería aumentarse la gratuidad o acortarse los plazos para que se lleve a cabo?
Corriente fue ver a las autoridades de la pasada administración vanagloriarse del aumento del empleo según los sondeos encargados por ese gobierno, por ejemplo, pero nada decían acerca de la calidad del empleo, remuneraciones o condiciones de trabajo de los encuestados. El sondeo Casen fue otro ejemplo palmario que demuestra el manejo de los resultados al antojo de quien los presenta como favorables. Y sin ir más lejos el gran fracaso de “la encuesta de las encuestas” en el gobierno Piñera, el Censo, que demostró que los resultados entregados eran distintos a los obtenidos y ni siquiera resultaron fidedignos.
Las encuestas en nuestro país adolecen de rigurosidad necesaria para otorgarles credibilidad. Muestreos previos en todas las últimas elecciones en Chile comprueban que más allá de “aproximaciones”, las diferencias con la realidad han sido muchas. Como método científico una encuesta debiera entregar resultados precisos. Para ello debe ajustarse a criterios de calidad en su metodología. Si ello no es así, los resultados no serán válidos. Las que se aplican en Chile, sobre todo en materia política en el último tiempo, dejan mucho que desear.
No pasan control de calidad
Así lo aseguró David Bravo, director del Centro de Microdatos “Estas encuestas (…) Tienen problemas metodológicos, no hay información metodológica que permita por ejemplo calcular el error muestral, no se reportan pilotajes o procesos para validar preguntas, no se muestran los cuestionarios, no se reporta el error de medición, no se conocen actividades que permitan dimensionar el error de procesamiento de la información, no tienen información sobre el tratamiento de la no respuesta, no se entrega documentación de los procesos de ajuste post-encuesta y los datos innominados no están disponibles”, acusó.
En la misma oportunidad, en el seminario sobre “Encuestas electorales en Chile: una evaluación”, realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expuso Marta Lagos, directora de MORI quien criticó que “Internacionalmente hay códigos que norman detalladamente los procedimientos para hacer encuestas de calidad, pero lamentablemente en Chile no se aplican”. El cuestionamiento apunta a que “se ocupa la misma metodología para encuestar sobre distintos temas y no se asume que las encuestas electorales son una especialidad dentro de las encuestas de opinión”. Y ello no es menor pues se pueden perfectamente alterar resultados a partir de una deficiente metodología.
Lagos señaló que los estándares de calidad pasan entre otras cosas porque los cuestionarios, por ejemplo, deben “explorar las dimensiones de las demandas ciudadanas, formular preguntas que apunten a responder las interrogantes relevantes para el votante, diferenciarlas según los distintos públicos y lograr diseñar un modelo interpretativo del comportamiento, deben ser «políticamente representativas»”.
Gato por liebre
No solo eso indica Marta Lagos: “en cuanto a las muestras, éstas deben ser representativas, es decir independiente del tipo de encuesta, debe tener una cobertura superior al 85%, de lo contrario la muestra no es adecuada para hacer estudios electorales. Asimismo, la ponderación por censo no es suficiente para una encuesta electoral y el tamaño de la muestra no debe ser inferior a los 1000 casos”. Basta ver que la mayoría de las encuestas están lejos de cumplir con esos parámetros.
Para Marta Lagos, la situación es bastante seria. “En Chile se ha aceptado “vender leche cortada”, lo que conlleva a error a las personas que no tienen cómo distinguirla. Para ella, “Se requiere un sistema en que el público sepa cuál es el grado de blancura de una encuesta”. Por ello se ha atrevido a proponer que se instaure un sistema de acreditación obligatoria, organismo internacional de por medio y que los que publican encuestas electorales suscriban los códigos de la industria y se sometan a las medidas disciplinarias que un organismo internacional como WAPOR/ESOMAR, disponga si es que trasgreden los códigos”, indicó.
Las encuestas no son buenas o malas según beneficien o perjudiquen a nuestros candidatos o autoridades, sin embargo se requiere un mínimo de transparencia en el manejo de las mismas. Tampoco se puede ser juez y parte al momento de presentar como verídicos hechos que no han sido verificados por nadie, pero que sin embargo la derecha a través de sus medios de comunicación ensalza cuando les conviene… en el caso que sean ciertos, por supuesto.
Fuente: Cambio 21
