Antes de concluir el primer año de gestión Macri ya concentra todas sus energías en las elecciones del 2017. Proyecta prolongar su gobierno para reinstalar a pleno el programa neoliberal recreando los mitos de la privatización, la apertura comercial y la flexibilización laboral. ¿Podrá lograrlo?
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Catarata de fallidos
El crecimiento no aparece en el esperado segundo semestre y la recesión del 2-3 % supera los promedios de las últimas caídas. También la inflación del 40 % desborda los porcentajes habituales de la carestía. En lugar de avances hacia la pobreza cero, más de un millón de personas han sido empujadas a la miseria. Los asalariados formales perdieron entre el 8 % y el 12 % de su ingreso real y la tasa de desempleo se ubica en las zonas industriales por arriba de los dos dígitos. La desigualdad se expande en forma abrupta.
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Hasta ahora la administración de Cambiemos no logró las ansiadas inversiones. Los únicos capitales que llovieron son los fondos golondrinas que especulan en el circuito financiero. Si se cumplen las estimaciones oficiales, la economía se encontrará a fines del 2017 en el mismo punto que estaba al concluir el kirchnerismo.
El divorcio entre promesas y realidad se extiende al terreno de la corrupción. Macri no ha explicado el fraude de las empresas off shore que montó para evadir impuestos. Su vicepresidente escondió bolsos con dólares de dudoso origen. El titular del Banco Central arrastra un cajoneado proceso por el fraudulento manejo de la deuda pública y el jefe del Banco Nación participó en las malversaciones de los fondos buitres. Además, el secretario de energía suscribe contratos con sus amigos de Shell y el dueño de un gran supermercado supervisa el jolgorio de los precios.
El líder del PRO enaltece la institucionalidad, pero fuerza la renuncia de los magistrados adversos, disciplina a los fiscales y negocia directamente los temas conflictivos con la Corte Suprema.
Los anuncios de imparcialidad en la comunicación naufragaron con la anulación de la ley de medios. Los principales emporios evitaron la subdivisión y sostienen al gobierno para ampliar su influencia con la próxima regulación del cable, los satélites y la telefonía.
Este blindaje mediático le permite a Macri ocultar el agravamiento de la criminalidad, que afronta con la misma improvisación del gobierno anterior. Trasladan gendarmes de las fronteras al conurbano y negocian cambios con las cúpulas policiales, sin modificar la connivencia de esas jefaturas con el delito.
Durante la campaña Macri cuestionaba la ausencia de un diálogo transparente. Pero desde el gobierno ha convertido al Parlamento en una oficina de favores para aprobar leyes a cambio de prebendas. Con la misma manipulación de los fondos públicos ha logrado frenar el paro de la CGT. La burocracia sindical preserva su turbia administración de las obras sociales y recibe protección frente a cualquier investigación de su enriquecimiento personal.
El presidente ha confirmado la típica fractura entre lo que se enuncia desde el llano y se realiza en el gobierno. Al principio eludió esa estafa con simples llamados a la felicidad. Luego culpó a la herencia kirchnerista de todas las desventuras y posteriormente denunció imaginarias obstrucciones de la oposición. El agotamiento de esos libretos lo induce a ensayar un nuevo relato.
Gobernabilidad conservadora
Para contrarrestar los fracasos del año el oficialismo sube la apuesta y convoca a un gran operativo electoral. Afirma que un triunfo en las legislativas del 2017 facilitará otro mandato del oficialismo en el 2019, que permitirá destrabar los fallidos del 2016.
Con esta prioridad en los comicios Macri sepulta todas sus críticas anteriores a la obsesión electoral de los políticos por eternizarse en el gobierno. En lugar de “trabajar para la gente” ahora se embarca en la conservación de los cargos.
Proyecta inducir un rebote del consumo anclando el tipo de cambio. Intentará crear la misma primavera económica que indujeron sus antecesores en los años impares de elección. Repetirá el retraso del dólar para apuntalar el poder de compra con el auxilio del gasto público.
Macri tiene previsto recurrir al endeudamiento para financiar el enorme déficit fiscal (6-8 % del PBI). Lo que el kirchnerismo solventaba con emisión, el oficialismo sostiene con empapelamiento. Ningún país del mundo compite con el vertiginoso incremento de un pasivo estatal que terminará desatando los conocidos ajustes del FMI.
El pago de intereses usurarios ya absorbe el 11 % del presupuesto y la deuda es utilizada para facilitar fugas de capitales, gastos corrientes y aumentos de importaciones. Con esa bomba de tiempo el PRO se dispone a motorizar la campaña de sus candidatos.
Los medios hegemónicos convalidan ese plan. Avalan todas las tonterías de Prat Gay sobre el “enderezamiento de la macroeconomía” y justifican lo que antes demonizaban.
El monumental déficit fiscal, el deterioro de la balanza comercial, el derroche de divisas o la fractura entre inflación y tipo de cambio son presentados como inconvenientes pasajeros. Los mismos desajustes que eran identificados con el precipicio, ahora son retratados como simples datos cotidianos.
El establishment avala posponer un ajuste mayor para facilitar la maniobra electoral. Los talibanes del neoliberalismo también aceptan la demora y la embajada de Estados Unidos invita a altos funcionarios del Tesoro o el Departamento de Estado, para elogiar las maravillas de su nuevo peón sudamericano.
Pero el plan de Macri requiere la cooptación de segmentos del justicialismo para fortalecer la cogestión de Vidal con los intendentes. También exige tratativas permanentes para apuntalar la conducta amigable de los renovadores en el Congreso y la decisiva neutralidad del Papa Francisco. La intermediación de Bergoglio fue determinante de la decisión cegetista de anular el paro. El PRO incentiva, además, la división del peronismo y acosa judicialmente a Cristina para forzarla a desertar del 2017.
El proyecto de Macri presupone también el afianzamiento de una base social conservadora permeable a los discursos de mano dura. Por eso el presidente justifica linchamientos o asesinatos de ladrones, mientras enmascara las causas sociales de la criminalidad (desigualdad) y la impunidad del bandidaje financiero. Cuenta, además, con la derechización de capas intelectuales que repiten el itinerario de Vargas Llosa. Lanata es el prototipo de esa involución.
La ideología del mercado
Para implementar un severo ajuste el macrismo necesita reintroducir las creencias neoliberales. Como esa idolatría quedó afectada por el desastre de los 90, el PRO ensaya nuevas fórmulas para las mismas falacias.
Despliega una intensa campaña contra el populismo, sin definir el contenido de ese mal. En pleno electoralismo no puede identificarlo con baches fiscales o “fiestas de los políticos”.
Al macrismo le cuesta disimular su pertenencia a la crema de las clases dominantes. Encarna un gobierno de la Ceocracia divorciado de las mediaciones políticas tradicionales y se maneja con gerentes de grandes empresas, que desconocen el universo exterior a Puerto Madero. Por eso proclaman que el pueblo está feliz con “un ajuste necesario y provechoso”.
Los representantes de esa elite declaran abiertamente que se ha vivido una “fantasía consumista”. Se indignan con las vacaciones o las compras de vehículos y electrodomésticos de bajo presupuesto. Retoman las teorías del derroche que identifican a la argentindad con el abuso del gasto y el desapego al ahorro.
Pero recomiendan restricciones sólo para los humildes. Durante el 2016 el segmento de los híper-privilegiados (ABC1) multiplicó sus viajes suntuarios y compras de automóviles de alta gama, mientras descorchaba el champagne que desgravó Macri.
El discurso austero no sólo choca con esa impudicia, sino con el propio intento de crear un alivio de consumo para el escenario electoral del 2017. Esa operación está amenazada por la demolición del poder adquisitivo que Cambiemos pondera y lamenta al mismo tiempo.
La restauración neoliberal también transita por cuestionamientos al “adverso clima de negocios” que generan los altos impuestos. No se refieren al IVA sino a lo aportado por los acaudalados. Pero el PRO ya redujo los gravámenes al patrimonio (bienes personales) y al agro-negocio (retenciones) sin ningún resultado de inversión.
Para soslayar esa contradicción Macri ataca el ausentismo y la baja productividad laboral. Sugiere que los capitales llegarán cuando los asalariados acepten una mayor tasa de explotación. Pavimenta ese camino con una reforma de las ART, que reducirá los derechos de los litigantes en los juicios por accidentes de trabajo. Los capitalistas se ahorrarán compensaciones por las tragedias que cada doce horas se cobran la vida de un operario.
Con el mismo objetivo Macri vetó la ley anti-despido y tolera un incremento del desempleo. Busca recrear el escenario disuasivo de la resistencia obrera que prevaleció a mitad de los 90.
Pero todo el paquete de mensajes neoliberales oculta que las elogiadas inversiones están detenidas por limitaciones estructurales de la economía argentina. No sólo la rentabilidad de los sectores ajenos a la agro-minería es reducida. En el contexto actual no se verifica la euforia privatista que acompañó a Menen, ni el viento de cola internacional que rodeó al kirchnerismo.
En esta coyuntura es muy improbable la repetición de lo ocurrido en el 2002-03, cuando el repunte del agro se transmitió rápidamente a la industria. Brasil es un espejo de las recesiones profundas y continuadas que socavan a las economías sudamericanas.
El macrismo disimula este duro escenario con la fantasía de imitar prosperidades ajenas. Propaga y archiva a toda velocidad los ejemplos a seguir. Ahora propone copiar la trayectoria de Australia, olvidando las diferencias con un país de menor densidad demográfica y mayor dotación de recursos naturales.
La lejana economía de Oceanía que ensalzan los neoliberales exporta minerales (y no alimentos), en estrecha asociación con los vecinos procesos de industrialización asiática. Es un socio militar privilegiado del imperialismo estadounidense, mantiene una estructura interna más igualitaria y nunca afrontó las tensiones sociales de Argentina.
Los cerebros del macrismo discuten sobre Australia, para no registrar lo ocurrido en cualquiera de los modelos latinoamericanos de neoliberalismo continuado. El futuro macrista de Argentina se puede avizorar en la terrible desigualdad de México, la precarización laboral de Perú, las miserables jubilaciones de Chile o la marginalidad social de Colombia.
Allí se pueden explorar los anticipos del país “serio y normal” que propicia Cambiemos. Macri recita el viejo sermón liberal de enderezar a la Argentina con mayor apego al trabajo y respeto a la institucionalidad. Con ese maquillaje disfraza su proyecto de minorías más acomodadas y multitudes más empobrecidas.
Socavar la educación pública
Cualquier afianzamiento del neoliberalismo exige un drástico deterioro de la enseñanza estatal, puesto que en ese ámbito predomina una fuerte oposición a la prédica derechista.
El macrismo ya retomó las campañas contra todos los docentes que se ubican en la primera fila de la resistencia al ajuste. Cuenta con el apoyo de los grandes medios, que hostilizan a los maestros para enfrentarlos con la población.
El oficialismo y sus escribas presentan al magisterio como un sector que abusa de privilegios, elude obligaciones y aprovecha el ausentismo. No ofrecen pruebas de esas calumnias y ocultan las adversas condiciones de trabajo que prevalecen en la mayoría de los colegios.
También olvidan que sólo la esforzada labor de los docentes contuvo la destrucción de la educación pública. Las Carpas Blancas impidieron en los 90 la degradación que monitoreaba el Banco Mundial.
Macri pretende reiniciar ese desguace. Por eso implementa censos concebidos por las consultoras privadas, para establecer los rankings escolares que preceden a la privatización. Es totalmente falso que “los docentes no quieren ser evaluados” o evitan un “diagnóstico de la situación”. Simplemente se oponen a la cirugía que prepara el gobierno.
Bullrich ha confesado que promueve una “segunda campaña del desierto”, sin recordar a las víctimas de la primera cruzada. Los Ceócratas tienen en mente el modelo chileno de endeudamiento de las familias para costear los estudios, pero se presentan como adalides de una educación pública de calidad.
Con cierto cinismo declaran su propósito de contener la emigración de alumnos a los colegios privados. Ese enunciado choca con el mantenimiento de los subsidios a las escuelas pagas y con la abrumadora distribución de cargos entre directivos provenientes de ese sector. Un funcionariado que envía a sus hijos a las escuelas más costosas, no tiene el menor interés en potenciar la enseñanza pública. El gabinete de egresados del Cardenal Newman que maneja el país, ni siquiera conoce dónde quedan los colegios del estado.
El macrismo critica la conversión de muchas escuelas en centros asistenciales, pero no propone restaurar su función educativa. Su gestión acentúa la segmentación social que recrea esa degradación. Suelen constatar el deterioro de las escuelas más empobrecidas y la reducción de las exigencias de aprendizaje, en un ámbito que contiene a millones de chicos excluidos. Pero presentan esa desgracia como un dato ajeno a la inequidad que potencian todos los días.
Cambiemos intenta gobernar durante muchos años para crear un consenso privatista que naturalice la fragmentación escolar. Necesita un tiempo prolongado para instaurar creencias elitistas, que chocan con la extraordinaria historia de la educación pública argentina. Esa tradición distingue al país del grueso de América Latina.
Para promover la sostenida expansión de la enseñanza privada, la derecha necesita socavar la subsistencia de buenos colegios y universidades públicas. Allí florece el pensamiento crítico y la actividad militante, que los conservadores pretenden erradicar.
El des-financiamiento de la educación superior es el primer paso de la campaña por el arancelamiento que prepara el macrismo. Ya subrayan el “alto costo” de universidades con bajas tasas de graduación en proporción a los ingresantes y el malgasto en estudiantes extranjeros. No comparan esas “pérdidas” con los millones de dólares transferidos a los parásitos del sector financiero. Ocultan que sólo los fondos buitres recibieron este año una suma dos veces y media superior al presupuesto de las universidades.
En lugar de introducir becas para aumentar el porcentaje de los recibidos, Cambiemos piensa en la expulsión de los “sobrantes”. Su objetivo es despolitizar y embrutecer a la juventud.
Nuevos planes frente a la resistencia
El macrismo ultimó su plan de gobierno prolongado a partir de lo ocurrido con las movilizaciones del 2016. La intensidad de esa lucha puso en evidencia que el movimiento popular no será doblegado con facilidad. El nivel de resistencia y ocupación de las calles supera el promedio regional.
Las batallas que iniciaron los estatales contra los despidos fueron sucedidas por importantes paros en incontables sectores. El gran acto sindical de abril constituyó la mayor concentración unitaria de los últimos años y corroboró el fortalecimiento de la agremiación registrada durante la última década. Esa ampliación volvió a otorgar protagonismo a los asalariados en reemplazo de los piqueteros.
Pero también la manifestación de San Cayetano reactivó la presencia callejera de los movimientos sociales y la masiva marcha federal logró un excepcional impacto de concurrencia y visibilidad.
La expresión más reciente de estas acciones ha sido la movilización contra el femicidio. Un nuevo sector irrumpe con niveles de organización forjados en encuentros periódicos de la militancia. Allí se han elaborado programas para preservar vidas, revertir la desigualdad y legalizar el aborto.
La intensidad general de esas acciones neutralizó las pretensiones represivas del macrismo. El oficialismo no pudo aplicar la ley anti-piquetes, ni los protocolos de garrotazos que ensayó en las primeras semanas de gobierno.
Han logrado mantener en la cárcel a Milagros Salas, pero fracasaron en el intento de detener a Hebe de Bonafini. Tampoco pudieron avanzar en el desprocesamiento de los genocidas y el masivo repudio a la negación de los desaparecidos forzó la renuncia de Loperfido. Nuevamente la resistencia democrática transita por los mismos carriles que la lucha social.
El gobierno sufrió también una dura derrota en la aplicación del tarifazo. La Corte percibió el malhumor social y obligó a reformular los aumentos, a través del sinuoso camino de las audiencias y las nuevas facturaciones. En los cacerolazos de protesta reapareció una reacción espontánea de vecinos indignados, que actúan más allá de las organizaciones sindicales o políticas. Ese despertar atemorizó al macrismo e incentivó su plan de priorizar las elecciones.
En un momento de crecientes protestas, Macri logró el aval de la burocracia sindical para desactivar el paro nacional a cambio de un bono vergonzoso. Los jerarcas archivaron la reapertura de las paritarias sin lograr ninguna compensación. La suma negociada es insignificante y su otorgamiento depende de la voluntad de cada sector patronal. Pero el gobierno sabe que la batalla social continúa y por eso renueva su artillería política, ideológica y electoral.
Comparaciones y escenarios
Macri encabeza el mismo proyecto de restauración neoliberal que ensaya Temer en Brasil. En ambos casos se han instalado gobiernos directos de las clases dominantes, con el propósito de consumar agresiones virulentas contra las conquistas populares.
El líder de Cambiemos engañó al electorado, pero logró una consagración en los comicios que no tuvo su colega brasileño. Temer fue instalado por una mafia de corruptos, que utilizó la farsa del Parlamento para derrocar a Dilma. Es un bandido ungido por la casta de jueces y poderes mediáticos, que reemplazan a los militares en el viejo ejercicio de la acción golpista.
Macri no carga con esa mochila de ilegalidades, pero afronta obstáculos inmediatos de mayor alcance que su par brasileño. Frente a un nivel de resistencia popular más intenso, no ha podido desplegar el acelerado plan de ajuste que implementa Temer.
El golpista ya dispuso recortes del programa Bolsa Familia, congeló el gasto social y avanza en la reforma laboral y jubilatoria. Brasil no cuenta con el margen de endeudamiento que tiene Argentina y por eso los neoliberales impulsan las privatizaciones que Macri pospone.
La derecha brasileña tiene en carpeta la proscripción de Lula, pero su principal apuesta es la desmoralización popular. La abstención masiva en las recientes elecciones es una carta de esa estrategia. En cambio Macri debe colocar todas sus fichas en una próxima secuencia de comicios con alta concurrencia.
El dirigente del PRO tiene un proyecto reaccionario muy definido, pero carece del poder requerido para implementarlo. Por eso busca repetir la trayectoria de Menen que sorteó un debut tormentoso, para afianzar luego su gestión con endeudamiento y contubernios.
En un contexto internacional muy distinto a los 90 y con gran memoria de ese desastre, el periplo de Macri puede naufragar. Si pierde las próximas elecciones podría afrontar el mismo destino de Fox (México) o Piñera (Chile) -que con gabinetes de CEOs o equipos políticos- no pudieron consolidar su proyecto. Perdieron la partida y fueron reemplazados por otras fuerzas de las clases dominantes.
Las elecciones serán un campo de batalla pero la gran pulseada se dirimirá en las calles. Menem empobreció al país al doblegar la resistencia popular. En cambio De la Rúa falló en ese mismo operativo y quedó sepultado por la rebelión del 2001.
El primer resultado condujo a una década de miseria y el segundo a un periodo de mejoras sociales y conquistas democráticas. Quiénes proclaman su deseo de “que a Macri le vaya bien” deberían recordar esos antecedentes. Sólo con victorias del pueblo y derrotas de los poderosos el país saldrá adelante.
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(*) Economista, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz
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