El presidente Mauricio Macri no ha sabido sorprender en sus primeros dos meses de Gobierno. Siendo un político que viene del sector empresarial, y con un gabinete conformado en su mayoría por ejecutivos de empresas multinacionales, las medidas que ha tomado son coherentes con ese perfil.
Sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones, Macri ha hecho honor a su profesión de ingeniero poniendo énfasis en los números.
El mandatario se ha empleado a fondo para deshacerse de la “grasa militante”, como denominó con desprecio su ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a los contratados en el Estado durante el anterior Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Más de 40.000 personas ha sido expulsadas de la administración pública. No hubo auditorias públicas, ni un proceso transparente para justificar la sangría de despidos. Un sindicato estatal ha plantado cara anunciando una huelga general para el 24 de febrero. Las manifestaciones están a la vuelta de la esquina.
Siempre a través de sus ministros, y con la ayuda de un par de decretos que le dan el marco legal, Macri anunció que ya prepara la suspensión de otros 11.000 concursos públicos. En el sector privado, casi 23.000 personas han perdido sus puestos de trabajo.
Mientras tanto, el presidente pide “prudencia” en las negociaciones salariales que comienzan ahora entre empresas y trabajadores con el afán de que los aumentos en los salarios queden por debajo de la inflación, aunque eso haga perder poder adquisitivo a las familias. Su prioridad es garantizar la “competitividad” a las empresas.
El Gobierno no ha tomado, desde que asumió el poder en diciembre, ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral que se haya acercado a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En cambio, se ha apresurado en arreglar el litigo judicial que desde hace quince años enfrenta el país con los fondos especulativos por la restructuración de una parte de la deuda que fue declarada en suspensión de pagos con la crisis de 2001.
Aunque el 92 % de los acreedores entró en los canjes de deuda propuestos por los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández en 2005 y 2010, hubo un 7 % de los llamados fondos buitre que decidió batallar en las Cortes de Nueva York.
Antes de terminar su mandato, la ex mandataria consiguió que la ONU emitiera una resolución en la que aprobaba siete principios básicos para procesos de reestructuración de deuda.
Ajeno a ello, Macri mandó a sus negociadores a Estados Unidos para proponer a los fondos buitre el pago de 6.500 millones de dólares, de los 9.000 que reclamaban. Dos de los seis acreedores principales han aceptado. Ese dinero saldrá de la emisión de nuevos bonos que generarán más deuda.
Como por algún lado hay que ajustar, el actual Gobierno ha eliminado los subsidios en electricidad, tras declarar oportunamente, y por decreto, la emergencia energética. También ha devaluado el peso argentino un 30 % con respecto al dólar, dejando su cotización libre en el mercado. Además ha suprimido las retenciones en la exportación de cereales, y ha reducido los impuestos sobre la soja, el principal cultivo del país.
Los grandes productores del campo, que en 2008 casi hicieron caer el Gobierno de Cristina Fernández por su intento de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soja, el trigo y el maíz de acuerdo a su precio internacional, han tardado poco en comenzar a liquidar la cosecha que tenían almacenada. Ninguna medida ha tomado el Ejecutivo para desconcentrar el poder que ha favorecido la especulación en un país agroexportador como Argentina.
Nuevos amigos en el extranjero
Como si fuera un mantra, el Gobierno alega y repite que Argentina debe “ser un país normal”, o su variante, “un país serio”. Macri decidió que la nación debía volver al recaudo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un cónclave al que no acudieron ni Kirchner ni Fernández, anunció que el organismo volvería a auditar las cuentas públicas del país.
Estados Unidos celebró la noticia, y comunicó, también desde Davos, que daba su consentimiento para que Argentina volviera a recibir créditos multilaterales de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El veto del Gobierno norteamericano contra el que llegó a ser “el mejor alumno” del FMI regía desde 2011.
Como si tuviera que demostrar su postura ideológica, Macri arremetió desde antes de ganar las elecciones contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Aun a sabiendas de que no se cumplían las condiciones, quiso invocar la denominada cláusula democrática del Mercosur para expulsar a Venezuela del organismo, sólo aplicable en el caso de una interrupción en el orden democrático de un país. La victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de esa nación fue lo de menos. Él ya había dado a entender de qué lado estaba.
Entre tanto, el presidente lidia en el norte del país con la detención de una dirigente social muy controvertida, Milagro Sala, arrestada en un comienzo por haber instalado un campamento frente a la sede del Gobierno provincial del Jujuy (norte del país), bajo las acusaciones de incitación a la violencia y tumulto
Esas imputaciones fueron desechadas cuando la Fiscalía decidió investigarla por los delitos de fraude y extorsión en relación a los fondos que manejaba su cooperativa Tupac Amaru. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado al Gobierno por “criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.
Situación económica
Si hay algo que ha aprovechado el mandatario ha sido la posibilidad de legislar, con el Congreso de vacaciones, a través de decretos simples o de necesidad y urgencia. Una cautelar judicial ha paralizado de momento su intento de desvirtuar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –o ley de medios–, aprobada por el Gobierno anterior tras años de debate en la sociedad civil para desconcentrar el poder mediático.
Macri también decretó la emergencia nacional en seguridad pública, y estableció un protocolo de derribo de aviones para aquellos que tuvieran “entidad suficiente para perturbar” sobre el territorio. Las organizaciones sociales pegaron un grito en el cielo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las funcionarias más cuestionadas de su gabinete. En Navidades tuvo en vilo al país con la fuga de tres condenados por un triple crimen de asesinato. Hace unos días, miembros de Gendarmería reprimieron con balas de goma a unas 90 personas en un barrio carenciado de la capital argentina, en su mayoría niños que ensayaban en una murga. Al menos once personas fueron heridas.
Por toda respuesta, Bullrich visitó en el hospital a dos gendarmes heridos en un operativo que ingresó en la misma zona para recuperar coches robados. Con falacia, el Gobierno intentó relacionar ambos episodios. Las imágenes de los niños con impactos de bala en el cuerpo, mientras, repercutían en las redes sociales.
Con tantos frentes abiertos, Macri no tiene tiempo para reunirse con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras que uno de sus funcionarios cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El Congreso retomará sus sesiones en breve, un campo de batalla en donde el kirchnerismo conserva la mayoría en el Senado pero acaba de perder la de Diputados, después de que quince legisladores rompieran con el bloque Frente para la Victoria (FpV), la coalición referente de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Argentina es, no obstante, un país consciente de su historia, con una sociedad activa. Muchos gremios y organizaciones han comenzado a movilizarse, preparados para resistir ante el otoño que se aproxima. Ellos también deciden el curso de la política.
Despidos en Argentina superan los 41 mil trabajadores
Desde el inicio del año fueron despedidos en Argentina 41 mil 921 trabajadores estatales a nivel nacional, provincial y municipal, así como en diversas ramas del sector privado, precisa este miércoles el informe Tendencias Económicas y Financieras.
A esa lista hay que añadir siete mil 865 suspensiones, señala el reporte el cual advierte que esa cantidad de echados supera en 80 veces a la de igual mes de 2015, al tiempo que refiere un sustancial incremento de las huelgas y conflictos gremiales.
Los resultados del informe, difundido por la agencia de noticias Télam, diagnostican que durante el último mes hubo un “dramático aumento” de la “conflictividad laboral”, con una muy pronunciada alza interanual de los despidos, los paros y las suspensiones de personal.
Tendencias Económicas y Financieras precisa que “casi la mitad de los despidos se localizaron en el sector público”: Jefatura de Gabinete, Congreso de la Nación, ministerios, gobiernos provinciales, administración pública provincial, organismos, empresas y dependencias estatales.
Los despidos en municipios sumaron 10 mil 289 y representaron la mitad de los correspondientes al sector estatal. Si bien “buena parte de los despedidos fueron reincorporados”, la consultora resalta que “el gobierno avanzó en la revisión de contratos, muchos temporarios, que no fueron renovados”.
“El restante 50 por ciento de los despidos totales se localizó en diversas ramas del sector privado como construcciones, metalúrgica, laboratorios farmacéuticos, comercio, frigoríficos, gastronómicos, editoriales, minería, textiles, indumentaria y servicios”, añade Tendencias.
Las suspensiones, en tanto, sumaron siete mil 865 en enero y superaron en 3,2 veces a las registradas un año atrás. Se verificaron principalmente en el sector privado, en transporte aéreo, petróleo, autopartes, construcción, alimentos, textil, cerámica e industria de biodiesel.
El resto se localizó en el proyecto minero de Río Turbio y en la construcción de vías férreas, puntualiza el informe.
El análisis destaca que “los paros también se incrementaron, tanto si se considera el número de trabajadores involucrados -118 mil 663 obreros, con un aumento del 67 por ciento anual- como la duración de los conflictos, del 157 por ciento anual”.
Macri justifica los despidos argumentando que los trabajadores públicos son «ñoquis», es decir, empleados que no cumplen sus funciones ni acuden a sus puestos de trabajo, por tanto, pidió la revisión de 63 mil contratos más.
Central de Trabajadores convoca a protestas en Argentina
La Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que dirige Hugo Yaski, convocó para este viernes a una jornada de protestas en todo el país en rechazo a los despidos realizados por el Gobierno de Mauricio Macri y por las negociaciones abiertas sobre los contratos laborales de los empleos públicos.
Asimismo, exigirán la liberación de Milagro Sala y cesar la criminalización de la protesta social. La CTA además en el marco de las jornadas conocidas como Plazas del Pueblo invitó a los argentinos a concentrarse el 13 de febrero en Parque Saavedra, García del Río y Roque Pérez, donde se realizarán diversas actividades culturales, con la participación especial del cantante Fito Páez. Otras movilizaciones están previstas para el 24 de febrero.
Recientemente el mandatario Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con jefes de secciones sindicales aliados a su gestión y del encuentro no se hicieron anuncios importantes sobre los temas abordados.
Al encuentro acudieron Hugo Moyano, de la Confederación General del Trabajo (CGT) Azopardo; Luis Barrionuevo, de la CGT Azul y Blanca; Antonio Caló, de la CGT Alsina; Armando Cavalieri, del gremio del Comercio, y Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de Argentina.
Estuvieron también Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina del Transporte, y Gerónimo Venegas, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, miembros de la Alianza Cambiemos. De parte del Ejecutivo argentino asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quienes no invitaron a ninguna de las dos secciones antagónicas de la CTA.
Al respecto, Antonio Caló, de la CGT Alsina, señaló que «fue una primera conversación; ninguno hizo promesas», pero se manifestó conforme con lo abordado. En tanto, el jefe de Gabinete aseguró que en las venideras discusiones se abordará el tema salarial y advirtió que los trabajadores no deben reclamar más del 25 por ciento.
Además, apuntó que enviará un proyecto al Congreso para la eliminación del impuesto a las ganancias, que solo beneficiaría a los trabajadores que ganan 30 mil pesos o más (2.142 dólares), un grupo minoritario.
La ola de despidos ha dejado sin empleo a trabajadores de entes como el Senado argentino, el Centro Cultural Kirchner, Vialidad Nacional, Fabricaciones Militares, en la jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), Radio Nacional, en diversos organismos municipales en La Plata, Quilmes, Coronel Vidal, Lanú, Salta, Merlo y Campana; y otros organismos.
