Mauricio Macri, flamante presidente de Argentina, arrancó su mandato firmando 29 Decretos de Necesidad y Urgencia, más conocidos por el acrónimo DNU, para iniciar la reforma política, cultural y económica de 12 años de proyecto popular nacional. Evidentemente, apuntan a terminar con conquistas sociales obtenidas en los últimos doce años, y reinstalar el dispositivo neoliberal.
En un principio, esos DNUs implican una profunda reestructuración ministerial y la designación de nuevos funcionarios.
Entre las primeras medidas están cambios de nombres de varios ministerios, transferencias de competencias, la desaparición de alguno y la creación de nuevas carteras que absorberán funciones de actuales secretarías que formaban parte de la estructura presidencial.
Más allá de ese tema provincial, hay una realidad insoslayable aunque los medios y los operadores mediáticos y políticos que le son afín se esfuerzan por ocultar o minimizar: el balotaje presidencial del 22 de noviembre mostró un país dividido en dos, 51 a 49. Y ya algunos que votaron por Macri comienzan a preocuparse si hicieron lo correcto.
En el Boletín Oficial del 11 de diciembre, con el anuncio de los 29 decretos, un día después del traspaso de mando, el ejecutivo argumenta que «resulta necesario adecuar la organización ministerial de Gobierno a los objetivos propuestos para cada área de gestión, jerarquizando y reorganizando funciones en los casos que se requiera».
Y agregó: «la urgencia en la adopción de las presentes medidas, para el inmediato inicio de la nueva gestión gubernamental, hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», por lo cual las reformas fueron impulsadas por los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Las nuevas autoridades argentinas primero quieren reformar la estructura institucional que le sustente y permita entonces pasar después a otros cambios más profundos como las reformas económica y política, para lo cual no vacilará en recurrir a los DNUs, según manifestaron.
La utilización de los decretos de Necesidad y Urgencia es el recurso que le da al ejecutivo la potestad de imponer modificaciones sin recurrir al Congreso y así evitar la oposición a las medidas en el debate legislativo.
Macri y su equipo valoran de que no tienen mayoría en la Cámara de Diputados, ya que el ahora opositor Frente para la Victoria (FpV) posee 98 escaños, más los de aliados, en tanto su partido Propuesta Republicana (PRO), 42.
A ese monto se agrega los 39 de la Unión Cívica Radical y los cuatro de la Coalición Cívica, que fueron las otras fuerzas que conformaron junto al PRO la alianza de centro derecha Cambiemos, la cual llevó a Macri al poder. Aun así, esa suma da 91.
Hay otras fuerzas en la Cámara baja de 258 miembros, cuyos votos se moverían de un lado al otro en dependencia de sus intereses.
En el Senado de 72 bancas, la oposición a Macri es mucho mayor pues el FpV cuenta con sustancial mayoría 41 senadores, más sus tradicionales aliados ante los 15 que ocupan los aunados en Cambiemos.
El panorama con los gobernadores de provincias no será muy distinto ya que son 12 los mandatarios provinciales que responden al FpV, y a los que se les podría sumar otros cuatro o seis. Cambiemos, por el contrario, sólo controla cuatro distritos.
Para mostrar una voluntad de diálogo, el presidente invitó a los 24 gobernadores a un almuerzo el 12 de diciembre en la Quinta de Olivos, y aunque hubo muchas fotos de semblantes risueños, los jefes provinciales le recordaron las necesidades de sus respectivas comarcas.
Pero como las provincias dependen en temas claves presupuestarios del Gobierno Central, Macri sabe que puede utilizar el recurso de premio y castigo como palanca de presión para conseguir algún objetivo. Y si bien es un chantaje político, resulta una herramienta eficaz de convencimiento sobre algún gobernador rebelde.
Más allá de ese tema provincial, hay una realidad insoslayable aunque los medios y los operadores mediáticos y políticos que le son afín se esfuerzan por ocultar o minimizar: el balotaje presidencial del 22 de noviembre mostró un país dividido en dos, 51 a 49. Y ya algunos que votaron por Macri comienzan a preocuparse si hicieron lo correcto.
De ahí que el ejecutivo para avanzar en las reformas que pretende deberá correr el riesgo de gobernar por decretos, al menos para imponer los cambios que más rechazo público pueden generar.
Una de esas medidas que ya recibió fuerte un rechazo de la agrupación Comunicadores de Argentina (Comuna) fue la de sacar de la órbita de la Presidencia a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que pasó al nuevo Ministerio de Comunicaciones, encabezado por el radical Oscar Aguad.
Eso ocurre en medio de la presión para reformar la Afsca hasta ahora un organismo autárquico, modificar la Ley de Medios y desplazar del cargo a su director, Martín Sabbatella. Para el constitucionalista Eduardo Barcesat, no hay ningún impedimento a fin de convocar al Congreso y tratar un proyecto de ley de reforma, cambio o ajuste, «si es que se quiere gobernar realmente con todos», dijo a Radio Continental tras conocer los decretos.
«¿Dónde están los todos sino en el Congreso de la Nación?», inquirió Barcesat, quien advirtió que «ya comenzó el ataque contra la Ley de Medios Audiovisuales. Y lo hace por vía de un DNU», y alertó que vendrán otros.
Entre los cambios institucionales ya concretados figura la creación de los ministerios de Hacienda y Finanzas Públicas, de Producción, de Energía y Minería, y el de Modernización. Desaparece el Ministerio de Planificación y vuelve a separarse la cartera de Transporte de la del Interior, que concentrará ahora también las áreas de Obras Públicas y Vivienda.
Igualmente, el decreto sobre la Ley de Ministerios determina que el jefe de Gabinete y 20 ministros secretarios tendrán a su cargo lo que denominaron «despacho de los negocios de la Nación».
Quedaron establecidos los siguientes ministerios entre los que se mantendrán algunos ya existentes: del Interior, Obras Públicas y Vivienda; de Relaciones Exteriores y Culto; de Defensa; de Hacienda y Finanzas Públicas; de Producción; de Agroindustria; de Turismo; de Transporte; de Justicia y Derechos Humanos.
Los otros son: de Seguridad; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Salud; de Educación y Deportes; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; de Cultura; de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; de Modernización; de Energía y Minería; y de Comunicaciones.
Recompuesta la nueva estructura institucional, ahora le tocarán a los decretos para las reformas política y económica, aunque para estos según le aconsejaron esperará a marzo, si no cambia de parecer para aprovechar circunstancias que emerjan.
