Tras una reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio con los gobernadores provinciales, Roberto Miguel Lifschitz, gobernador de la Provincia de Santa Fe, denunció una maniobra de parte del Ejecutivo que busca hacerse de las cajas previsionales provinciales, como primer paso para volver al sistema privado de pensiones.
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«El borrador que circuló es imposible de firmar», dijo Lifschitz, porque claramente apunta a volver al sistema privado de jubilaciones.
El gobierno nacional trabaja contrarreloj, a horas de reunirse con los gobernadores en Casa Rosada, para acercarles una nueva propuesta de Pacto Federal después que algunas provincias pusieran el grito en el cielo al observar el borrador del acuerdo.
Lifschitz,, del partido Socialista, al frente del ejecutivo en la provincia de Santa Fe, denuncia un intento del Gobierno para quedarse con las cajas jubilatorias de las provincias.
“El borrador que comenzó a circular el viernes a la tarde era muy malo, imposible de firmar” sostuvo un dirigente del gobierno de santafecino al portal La Política OnLine, al tanto de las negociaciones con el macrismo.
Según la misma fuente, no sólo el gobierno de Miguel Lifschitz habría puesto reparos a la primer propuesta que recibieron donde les exigía a las provincia transferir las cajas de jubilaciones al Estado nacional, lo que fue negado desde el ministerio del Interior.
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A su vez, otro de los puntos que el gobierno de Macri debió dar por tierra es la recomposición del Fondo del Conurbano que de concretarse, debería haber una disminución del mismo en varias provincias.
Los dos temas debieron ser retirados de la negociación aunque en el gobierno de Santa Fe afirman que esperaran la nueva propuesta “con mucha cautela”.
En el socialismo sospechan que la intención de centralizar el manejo de las Cajas de los jubilados en Nación responda a la intención de avanzar en la reinstalación del sistema de AFJP: “quieren manejarlas ellos porque van a insistir en volver al sistema privado”
“Quieren condicionarnos para que retrocedamos en el 82 por ciento móvil. Somos la única provincia del país que lo tiene y estamos orgullosos de eso” concluyó el socialista consultado por este medio que pidió preservar su nombre.
Fuente: En Orsai
La reforma macrista abre la puerta a la privatización del sistema jubilatorio
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La legislación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri allana el camino para enajenar las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS)
El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias previsionales abre la puerta a una reforma completa del sistema previsional.
La magnitud de los cambios previstos en la normativa que benefician a un universo acotado de adultos mayores y la continuidad de los reclamos judiciales por ajuste de haberes una vez que el Estado reconozca por ley su incumplimiento pueden poner en riesgo la sustentabilidad del esquema público vigente, según consignó Página 12.
En el corto plazo, la legislación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri allana el camino para enajenar las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), una exigencia corporativa presente desde la estatización de las AFJP.
Pero, antes de terminar su mandato, el Poder Ejecutivo prevé llevar adelante una transformación más profunda del sistema previsional. El texto enviado al Congreso propone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo que tendrá a su cargo proponer “un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable”. Esa reforma debería estar lista dentro de tres años.
El proyecto modifica el esquema de administración del FGS al derogar la ley 27.181, la normativa que bloquea la venta de las acciones de empresas privadas en poder de la Anses. El texto aprobado el año pasado estableció que para decidir la enajenación de esas participaciones en poder del Estado se requería una mayoría de dos tercios en el Congreso. Dar por tierra con esa legislación habilita a la Casa Rosada a desprenderse sin necesidad de construir consensos parlamentarios de las acciones en empresas como Techint, Molinos, Aluar, Banco Macro, Grupo Clarín y Banco Galicia, entre otras participaciones heredadas de las AFJP.
A finales de 2015, tal como reveló el diario, las acciones de empresas privadas en poder del FGS contabilizaban 85.000 millones de pesos. Representan el 12,8 por ciento del fondo, el tercer rubro detrás de los títulos públicos que suman el 64 por ciento de la cartera y las inversiones en proyectos productivos que alcanzan al 12,9 por ciento.
Con el argumento de financiar el pago de sentencias y mejoras de haberes de una porción minoritaria de los adultos mayores que más cobran (según las estimaciones de la Anses, las mejoras alcanzarían a un tercio de los jubilados) se liquidarían participaciones en activos estratégicos. Ese cambio facilitará la venta y privatización de empresas que no están vinculadas al financiamiento del proyecto ni el sistema jubilatorio como Arsat o el Correo Argentino.
Balance del sistema de AFJP
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Hace 23 años el Congreso aprobó el proyecto de modificación del régimen previsional y creó las administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, dando origen a una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina.
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El perjuicio para el Estado por aquella privatización de los años ’90, debido a la pérdida de ingresos fiscales, fue estimada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 65.000 millones de dólares (considerando el período 1994-2003).
La iniciativa impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993 (ley 24.241) y estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente público (de reparto) y otro privado (de capitalización).
La reforma comenzó el 15 de julio de 1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro individual de aportes e inversión de los fondos en el mercado de capitales por parte de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Con ese esquema, quienes optaron por afiliarse a una AFJP destinaron gran parte de sus aportes a comisiones de las administradoras y además no podían volver al sistema estatal, hasta que en 2007 el presidente Néstor Kirchner dispuso el libre traspaso.
De las 26 entidades existentes en el punto de partida, para 1999 quedaban 14, con 7,2 millones de afiliados, 3,5 millones de aportantes y fondos por más de 12.500 millones de pesos. En 2008, las AFJP sumaban una decena.
Además de embolsar miles de millones de pesos durante los años que duró el sistema, durante el gobierno de Fernando de la Rúa y con Cavallo como ministro de Economía ahora tratando de evitar el default, las AFJP suscribieron un «bono patriótico» junto con otras instituciones, por lo que se convirtieron también en acreedoras de la deuda pública.
Diversos analistas han asimilado los problemas fiscales de fines de la década de los ’90 y principios de los años 2000, al desvío de recursos a manos de empresas particulares.
De acuerdo con esas opiniones, la reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina.
Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones engrosaron las utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales dispuestas también por Cavallo.
Sólo el resto, apenas unos 20.000 millones de dólares, fue a las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización.
Según estos análisis, sin esa sangría de fondos las cuentas del sector público -que siguió pagando jubilaciones, mientras las administradoras cobraban 30% de comisión por los fondos que acumulaban- hubieran tendido al equilibrio.
En octubre de 2008, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar el régimen de capitalización, cuyo único resultado había sido beneficiar a bancos y compañías de seguro en perjuicio de los aportantes y del Estado.
La ley 26.425, que creó un régimen previsional público y eliminó el régimen de capitalización, fue sancionada por el Congreso el 20 de noviembre de 2008, dando fin a las AFJP.
A partir del 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia la ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y eliminó el régimen de capitalización, absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
El nuevo sistema circunscribió el otorgamiento de las prestaciones al Estado y se financia con recursos provenientes del pago de aportes y contribuciones previsionales, además de impuestos recaudados a tal fin.
El Estado garantizó así a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozaban a la fecha de la entrada en vigencia de esta nueva normativa.
Además, estableció que los recursos del fondo «deberán ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo entre otros instrumentos cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia».
Fuente: Telam
