En 721 días de gobierno con Mauricio Macri a la cabeza del Estado argentino hubo 725 fallecidos producto de represión estatal superando las marcas de anteriores gobiernos en cuanto a los muertos diarios por gatillo fácil o torturas en cárceles y comisarías, aseguró la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su Informe anual contra la Represión.
Los datos fueron expuestos el viernes 22 de diciembre desde el palco ubicado delante de la Pirámide de Mayo, dando a conocer el detalle de la violencia institucional de la cual Correpi recoge información desde 1996.
Esto en un momento marcado por la represión de las fuerzas de seguridad ante las multitudinarias movilizaciones populares de las últimas semanas en repudio a la reforma previsional que el gobierno nacional logró aprobar en el Congreso.
“Estamos atravesando el pico represivo más violento desde del 83. Hubo otros momentos especialmente duros como el 2000 o 2008, pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas”, aseguró la dirigente de la Correpi, María del Carmen Verdú que agregó que las instituciones no ponen un freno y esto es preocupante.
Verdú añadió que en el informe de 2016 hay consignados 200 casos menos de los que hoy sabemos que se cometieron y aseguró que habrán más muertos en 2018 debido a la represión sobre los sectores populares organizados.
El informe fue presentado en la Plaza de Mayo, en la capital argentina de Buenos Aires, junto a los familiares de las víctimas de la violencia.
Verdú recordó: “Cuando empezó el Gobierno de Cambiemos, planteamos un panorama poco alentador, porque por primera vez todos los aparatos represivos pasaron a menos de la misma fuerza política”.
El informe destaca que el Servicio Penitenciario el que más muertos tiene a su haber.
Haciendo un paralelo con los gobiernos anteriores relacionados con el kirchnerismo, durante 2015 la represión estatal ejercida durante el último año de administración de Cristina Fernández se registraron 300 asesinatos, lo que fue superado con creces por los 441 de 2016 durante el primer año de gobierno de Macri.
Para este año el número de fallecidos asciende a 258, lo que en promedio establece que cada 24 horas los aparatos represivos del Estado matan a una persona, reduciendo la cantidad de horas alcanzada durante los gobiernos kirchneristas de un asesinato cada 28 horas.
Durante el acto y mediante una grabación enviada a la organización, Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, llamó a seguir luchando por los pibes asesinados y pidió libertad para su hijo, longko de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, preso desde el 28 de junio, y para todos los presos por luchar.
Cabe recalcar el caso de Rafael Nahuel, joven de 22 años, miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, muerto por una herida de bala durante el desalojo de su comunidad de un terreno aledaño al lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, la que habían ocupado los primeros días de noviembre.
Y también el de Santiago Maldonado, desaparecido forzadamente en agosto de 2017 durante la represión contra las comunidades y lof mapuche en Argentina. Este se encontraba resistiendo junto a la comunidad de Cushamen y pidiendo por la liberación de Jones Huala cuando fue interceptado por agentes de Gendarmería.
Su cuerpo fue encontrado en el río Chubut 78 días después.
Cambiemos: el mayor pico represivo desde 1983
Dos informes difundidos en los últimos días de 2017 dan cuenta de la profundización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y del incremento de las detenciones arbitrarias, apertura de causas penales y represión en el marco de la protesta social durante este año. Repasamos los trabajos de Correpi, y el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A junto a Liberpueblo (Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo). Red Eco Alternativo.
Partiendo de la información disponible en medios masivos de comunicación (en plataformas digitales de alcance nacional y provincial como La Nación, Página 12, Izquierda Diario, Agencia CTA, Intransigente, Los Andes, Rio Negro, El Litoral de Corrientes y la Voz del Interior) y denuncias aportadas por las organizaciones que representan a las personas afectadas por los distintos hechos represivos, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y Liberpueblo elaboraron un relevamiento sobre detenciones, causas penales y represión de la protesta social durante 2016 y 2017.
En el caso de este año el informe toma de manera exhaustiva el período enero-setiembre, mientras que para los últimos tres meses considera los casos más relevantes en términos cuantitativos. El informe anual completo de 2017 será presentado a fines de febrero del próximo año.
El actual es “un relevamiento de mínima, dado que por las características particulares de la unidad de análisis y de las fuentes utilizadas resulta imposible realizar una recolección exhaustiva, límite que afecta en mayor medida al relevamiento de la cantidad de causas penales”, expresaron las organizaciones.
En cuanto a los casos de represión, la cantidad total se ha mantenido relativamente constante respecto de un año atrás (86 en 2016, 58 entre enero y setiembre de 2017), e incluso podría hablarse de un leve descenso, pero lo que debe remarcarse en este punto es el incremento de la “magnitud de la violencia estatal” durante este 2017, siendo un clarísimo ejemplo las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambas en el contexto y como consecuencia directa de operativos represivos llevados adelante por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Esto se complementa con el aumento en la cantidad de causas penales iniciadas contra manifestantes, además del fuerte crecimiento en el número de detenidos (514 en 2017 contra 269 en 2016). Cabe señalar que estas detenciones no solo se produjeron en el marco de las manifestaciones, sino que se prolongaron por varias horas luego de finalizada la protesta.
Para el Observatorio de la CTA-A y Liberpueblo, el objetivo de estas acciones represivas es “por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un ‘delito’, una ‘amenaza para el orden legal’, una ‘violación a la ley’, deslegitimando los reclamos”.
Las organizaciones señalan que en los últimos años hay una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales, como atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, que son funcionales al dictado de prisiones preventivas contra los manifestantes.
En las etapas de indagatorias, los detenidos escucharon preguntas como “¿milita en alguna organización o partido político?” o “¿sabía qué se discutía en el Congreso?” (en el caso de las movilizaciones contra la Reforma Previsional).
La descripción de los jueces en sus fallos es prácticamente la misma para todos los imputados: provocar a los agentes, causar temor, arrojar objetos, quemar tachos de basura y buscar impedir que el Congreso sesione.
A su vez, los abogados defensores han sufrido todo tipo de obstáculos para identificar a los detenidos en las distintas comisarías y destacamentos que intervinieron en los operativos, generando la necesidad de interponer habeas corpus y pedir la intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La zona donde se produjo la mayor concentración de este tipo de hechos represivos es la Patagonia (31%) seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires (25%).
La mayoría de los hechos relevados se produjeron en el contexto de demandas laborales (168), y reclamos vinculados a los derechos a la tierra y a la vivienda (71).
La mayoría de los hechos de represión fue dirigida contra trabajadores (52%), luego contra integrantes de organizaciones sociales (28%) y comunidades de pueblos originarios (16%, aunque fueron los casos con mayor violencia, con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel).
En relación específica a las causas judiciales abiertas en el ámbito penal como consecuencia de situaciones de protesta social, los más afectados fueron dirigentes y referentes de las organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios (74%). Para Liberpueblo y el Observatorio de la CTA-A, se trata de “una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impacta sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva”.
“Cabe destacar que en este informe no hemos incluido las acciones civiles iniciadas contra organizaciones sindicales. En este sentido, en el último año se volvieron a producir casos de multas millonarias impuestas por el Estado contra organizaciones sindicales en el marco de conflictos colectivos de trabajo”, explicaron hacia el final del informe.
Un crimen estatal cada 23 horas
Es el principal dato que surge de la recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2017 que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó el pasado 22 de diciembre en Plaza de Mayo.
En su informe, Correpi advierte que en estos dos primeros años de gestión Cambiemos se produjo el mayor pico represivo desde 1983, ya que entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015 se registraron 26 casos, en 2016 fueron 441; y en 2017, 258. Estos números suman 725 personas asesinadas en 721 días de gobierno, superando un muerto por represión estatal por día de gestión.
En cuanto a la cantidad de casos por fuerza represiva, continúan al frente las policías provinciales con 3031 casos, seguidas por los servicios penitenciarios (1506 muertes) y la Policía Federal (534).
En este 2017 se sumó la nueva fuerza de la Policía de la Ciudad (fusión de la Policía Metropolitana con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal), que cuenta con 27.000 efectivos, es decir un agente por cada 107 habitantes, prácticamente el triple de lo que recomienda la ONU.
En cuanto a las causas de muerte, el 47% se trata de gatillo fácil y el 39% de personas que se encontraban detenidas. En este punto, cabe remarcar que la casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban privadas de su libertad por acusaciones penales, sino arrestadas arbitrariamente por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
En relación a las edades de las víctimas, el 50% tenía hasta 25 años. Respecto a la zona en que se produjeron los hechos, si se calcula la incidencia de la represión estatal en función de la cantidad de habitantes, la provincia con mayor índice por millón es Tierra del Fuego (188.67), seguida por Santa Fe (185.94), Buenos Aires (163.20) y Mendoza (159.29).
La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato estatal por razones de género fue incrementándose con los años. En un importante porcentaje los casos registrados de víctimas mujeres se relacionan con situaciones de violencia machista y patriarcal. De 541 víctimas mujeres y mujeres trans, 329 casos son femicidios.
El informe de Correpi finaliza con una referencia a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, es decir las dos muertes en el marco de la represión a la protesta social que se produjeron durante la gestión de Mauricio Macri, además de la militarización de territorios y las detenciones arbitrarias como características de estos dos años de gobierno. Y cierra con la enumeración de los distintos hechos represivos que se registraron en todo el país desde diciembre de 2015, momento en que comienza la gestión Cambiemos y que marca el mayor pico represivo desde 1983, que lleva a que cada 23 horas una persona sea asesinada por el aparato represivo del Estado.
Fuente: Red Eco Alternativo
