El ministro de Defensa, Alberto Espina, decretó el retiro absoluto del capitán Rafael Harvey Valdés, quien fue conocido públicamente, por denunciar hechos de corrupción, al interior del Ejército.
El oficial afectado no solo reitera su inocencia, sno también sus denuncias.
Para hacer efectiva la medida, se realizó un análisis jurídico, para determinar la sustentabilidad del acta, firmada por el jefe de la cartera.
El problema se remonta al 10 de julio del 2015, momento en el cual Harvey presentó una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna, situado en San Bernardo, por el cobro indebido de implementación militar a soldados conscriptos de escasos recursos.
Debido a esto, fue procesado por la justicia castrense por el delito de sedición, lo que lo dejó en prisión preventiva en una unidad militar, a pesar de que fue el denunciante de casos de corrupción.
En 2019, la acción fue ratificada, condenando a Harvey a 5 años de presidio.
No obstante, el 11 de julio de ese mismo año, la Corte Marcial revocó los cargos, por falta de pruebas.
El ahora coronel en retiro, fue participe en otras acusaciones de hechos ilícitos, como el “Milicogate“.
Además, denunció que el ministro de Defensa, Alberto Espina, rechazó más de 30 audiencias audiencia donde buscaba entregarle pruebas de que el comandante en jefe, Ricardo Martínez, es parte activa de hechos de corrupción.
Al comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, expuso que desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019, mediante ley del lobby, intentó 32 solicitudes de audiencia al titular de Defensa, entre otras cosas y según el registro, para entregar pruebas documentales de que Martínez es parte de hechos de corrupción y no ha ejercido acción alguna.
Según el capitán (r), todas las solicitudes fueron denegadas.
Harvey entregó en la instancia parlamentaria su testimonio sobre la persecución de la que comenzó a ser objeto desde que denunció casos de corrupción en la institución castrense, lo que -insistió- derivó en que fuera dado de baja.
Según su denuncia, fue sancionado por intentar hablar en 2016 con el ministro de Defensa de la época, José Antonio Gómez, después de que éste no le respondiera las diversas solicitudes que había planteado; y también por ofrecer testimonio contra dos oficiales por malversación de fondos público.
«Hice un reclamo contra el general (Germán) Marx, el comandante de personal en servicio activo, por ser parte de una red de protección a la corrupción, porque entregué antecedentes de cuatro casos de militares que fueron ascendidos estando procesados por fraude al Fisco e, incluso, dos de ellos estaban en prisión preventiva y nadie sabía, no supieron. No, eso es sistemático, ahí hay un problema de base, no es que no se sepa», declaró Harvey.
El capitán (r) indicó que «estos son los casos que yo he podido acreditar para justamente no caer en denuncias calumniosas. No hay ningún responsable a la fecha».
Los cuatro casos
El primer caso presuntamente irregular es del teniente coronel Nelson Cantillana, quien fue ascendido al grado de mayor el 1 de enero de 2011, pese a que en ese momento, desde en octubre de 2008, estaba procesado por fraude al Fisco por una suma cercana a los 44 millones de pesos.
Desde la institución reconocieron que, si bien el teniente coronel posteriormente fue absuelto de los cargos, cuando ascendió a mayor se encontraba en circunstancias que técnicamente no lo permitían.
Lo mismo ocurrió con el caso del ex cabo primero Heriberto Cortez, quien el 1 de enero de 2015 recibió la noticia de su ascenso mientras estaba en prisión preventiva producto de un procesamiento por una defraudación que supera los 250 millones de pesos.
También integra la denuncia la sargento segundo Jacqueline Carrasco, debido a que fue sometida a proceso por dos delitos presuntamente vinculados al caso «Milicogate».
El cuarto caso corresponde al coronel Rafael Villarroel Opazo, hermano de quien debió dejar la dirección de la Escuela Militar tras el polémico homenaje al condenado Miguel Krassnoff.
Se aclaró que fue ascendido el 1 de diciembre de 2014, cuando ya se le había revocado el procesamiento. «El ascenso se verificó sin ninguna inhabilidad existente a la fecha de su ascenso», señala el texto.
Desde la institución explicaron a La Tercera que «al momento de efectuar la tramitación de aquellos ascensos, no existía información disponible en el organismo a cargo».
