por Juan Pablo Cárdenas.
Más de trescientos ex integrantes o partidarios de los gobiernos de la ex Concertación han convenido un texto público en que hacen un desesperado llamado a un acuerdo nacional en “pro del bien superior del país, a fin de evitar un lacerante enfrentamiento entre los chilenos”.
Se trata de una nómina de quienes fueron ministros de estado, subsecretarios y otros altos funcionarios públicos, además de embajadores y parlamentarios, algunos incluso en ejercicio todavía.
Conscientes, como indican, de que su propuesta será repudiada por quienes están “movidos por la estrategia de la confrontación y de la polarización”, a lo que aspiran en realidad estos firmantes es a lograr la atención de la derecha y del oficialismo, lo que rápidamente han logrado con la rápida acogida que les brindara el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, apenas unas horas después.
El secretario de Estado valoró el texto y aseguró que éste recoge el reciente llamado del Presidente Piñera para construir un acuerdo por la democracia, en su esfuerzo por tratar de salvar un régimen ya colapsado en su adhesión popular y credibilidad.
Más allá de la presencia entre los firmantes de algunas figuras bien reputadas, lo que predomina en esta propuesta son los nombres de quienes por largo tiempo ocuparon cargos en La Moneda y en el Parlamento sin satisfacer mínimamente las más importantes demandas sociales, legitimando con sus actos la Constitución heredada de la Dictadura, junto con demostrar una pavorosa conformidad con el modelo económico que ha llevado a Chile a ser considerado en el mundo como uno de los países de mayor inequidad.
En la lista destacan también los nombres de varios miembros de la cúpula política enriquecidos a la zaga del poder y altamente cuestionados por su flagrante renuncia a los valores social cristianos y socialistas que antaño profesaron y que los llevara a militar en las colectividades de más radical izquierdismo.
Para muestra de ello, baste el nombre del lobista Enrique Correa, uno de los operadores de las bochornosas colusiones político- empresariales para financiar la política y llenarse los bolsillos de dinero.
Sin que hayan trepidado para ello en cederle soberanía sobre nuestros recursos naturales a las transnacionales u otorgarles impunidad a los ejecutivos de Soquimich, Penta, de las cadenas de farmacias y otras poderosas empresas concertadas para para comprar leyes o estafar al fisco y a los consumidores.
Parece ser que todas “figuras” (así los tilda El Mercurio) saben que será imposible que su llamado reciba acogida del mundo social, laboral, sindical, como de las organizaciones de Derechos Humanos. Como tampoco tuvo demasiado eco el engañoso acuerdo parlamentario cupular logrado entre éstos mismos actores y el oficialismo para convenir el plebiscito de abril próximo y la posibilidad de convocar a una entidad constituyente, en que se le asegura a la derecha un poder de veto a cualquier norma de la nueva Constitución que no obtenga un quorum de dos tercios.
Además, llama la atención en esta iniciativa la presencia de varios políticos que rompieron con los partidos de la Concertación y abandonaron sus cargos gubernamentales por sus desacuerdos dentro de la alianza que más largamente ha gobernado durante los últimos treinta años sin emprender los cambios insistentemente prometidos y que explican el estallido social que hoy lamentan y los tiene tan acongojados.
Parece ser que a todos los une su común embriaguez de poder, riqueza y figuración pública, por lo que su llamado ha recibido una bajísima acogida desde los mismos partidos en que todavía militan la mayoría de ellos. Especialmente de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
No es extraño, entonces, que en su arrinconamiento político, Piñera y los partidos de derecha reciban con beneplácito la propuesta de los llamados ex concertacionistas y pudieran resolverse otorgarles algunos cargos públicos para, con ello, amarrarlos y buscar morigerar las movilizaciones sociales y la posibilidad de que de una asamblea constituyente, contra quorum y mareas, pueda darnos una nueva Carta Fundamental.
Que, por primera vez en nuestra historia republicana, sería aprobada por genuinos representantes del pueblo y refrendada por la ciudadanía.
Era obvio que ante una insurrección social, la clase política va a tratar de hacer todo lo posible para impedir un conflicto como el de 1891. Una guerra civil que pueda ocasionar miles de muertos como los que cayeron en los enfrentamientos de Concón y Placilla a propósito de los desacuerdos de la casta gobernante que oficiaba en La Moneda y el Congreso Nacional.
Un conflicto en que se involucraron, por supuesto, las Fuerzas Armadas, los inversionistas extranjeros, a pesar de que el pueblo se mantuvo prácticamente al margen y bastante conteste con las obras que emprendía el Presidente Balmaceda; a quien la historia terminó reconociendo como uno de los mandatarios más fructíferos y consecuentes de nuestra trayectoria republicana.
Ya sabemos que las diferencias entre quienes hoy ocupan el Palacio de Gobierno y quienes han elaborado una propuesta como la que comentamos son realmente nimias si se considera lo que unos y otros hicieron mientras se rotaban en el poder después de Pinochet.
De allí que la rebelión social no concentre sus dardos solo en Piñera y sus colaboradores, sino en el conjunto de la casta política, lo que augura que en el Plebiscito también los ciudadanos van a preferir abrumadoramente que todos los integrantes de una entidad constituyente sean todos elegidos por el pueblo, sin otorgarle espacio alguno a los legisladores actuales.
No parece extraño que entre estos firmantes, que piden “un acuerdo para frenar la violencia y avanzar en reformas y crecimiento”, haya varios que ya reconocen o confidencian en privado su deseo de alentar la presencia de los actuales parlamentarios en la redacción de un nuevo texto constitucional.
Se trata de salvar de la insurrección popular a los que se sienten ungidos para gobernar y definir los destinos de Chile. Para lo cual de nuevo desatan una campaña del terror y manifiestan su histeria respecto de las acciones de violencia, cuando en realidad el caos y el terrorismo han sido siempre ejecutados por los que detentan el poder político y económico. Para oponerse a toda posibilidad de profundizar la democracia y consolidar una justa distribución de nuestra riqueza.
Tampoco nos sorprendería que próximamente el Gobierno y la derecha se valgan de ésta y otras destempladas declaraciones públicas para justificar a una nueva asonada cívica, empresarial y militar que aborte otra vez en nuestra historia una victoria popular.
Esto es, de los millones de chilenos abusados por las oligarquías y de sus consabidos operadores o verdaderos “achichincles”; al decir de una conocida expresión mexicana, país en que varios de estos firmantes vivieron su exilio y aprendieron las trampas de la dictadura del PRI, un régimen que los acogiera tan generosamente.
Cuando en 1973 arrancaron de las fauces de Pinochet, retornando con los años a Chile para ser definitivamente encantados y engullidos por la derecha.
Fuente: Pressenza
