El Lobista Cazado en su Propia Trampa: Fiscalía Investiga Empresa de Enrique Correa

«El financiamiento irregular de la política no es corrupción», dijo con pompa y circunstancia el lobbista Enrique Correa, el pasado 6 de diciembre. Claro que entonces no sabía que días después, una rectificación realizada por Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said, ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por primera vez en el escándalo de las platas políticas lo involucró directamente a él.

Ahora, la fiscal Carmen Gloria Segura lo investiga por una nueva emisión de facturas falsas, destinadas al financiamiento irregular de la Política.

Fiscalía manda antecedentes de  Imaginacción al SII por pagos irregulares

La fiscal Carmen Gloria Segura remitió datos vinculados a la «emisión de facturas de las empresas Creatika Comunicación Digital a las empresas Kybalion Consultores Ltda e Imaginacción Estratégica Consultores Ltda», por servicios no prestados, lo que configuraría la Perpetración de delitos tributarios,

La fiscal del caso SQM Carmen Gloria Segura envió el 17 de febrero pasado un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) que contiene «antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios».

El documento detalla que «se trata de la emisión de facturas de la empresa Creatika Comunicación Digital (de propiedad del periodista Claudio Canales) a la empresa Kybalion Estratégica Consultores y a la empresa Imaginacción Estratégica Consultores por servicios no prestados por el emisor de dichas empresas, sino al PPD».

«Adjunto copia de la declaración de Claudio Canales y de Patricia Morales, junto a la copia de los documentos acompañados en sus declaraciones, referidos a emisión de boletas por servicios no prestados a Kybalion e Imaginacción», agrega el escrito.

Declaraciones de Claudio Canales

Según el testimonio del dueño de Creátika Comunicaciones Digital, el periodista Claudio Canales Jaramillo, esto fue en 2011 y en el marco de unos trabajos que efectuó para el PPD, consistentes en asesorías a la página web del partido, con un costo de 8,5 millones de pesos. Pero a la hora de entregar la factura, le pidieron que no la hiciera a nombre de la tienda, sino que la enviara a la consultora Imaginacción.

La declaración de Canales, que se encuentra en reserva, detalla que quien le pidió facturar a la empresa de Correa fue el PPD Ricardo Brodsky, ex director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Al respecto, Brodsky señaló a este medio no recordar esa situación.

Fuente: El Mostrador

La realidad supera a la Imaginacción

por Macarena Segovia y Claudia Urquieta

Por primera vez el escándalo de corrupción en el financiamiento de campañas toca al asesor político más transversal y favorito del poder, de la mano de la rectificación que el grupo Said realizó ante el SII en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público, y que involucra a dos de sus sociedades. Una boleta emitida directamente por Correa en 2013, por 15 millones de pesos, pone a quien es “amigo del Gobierno” de Bachelet –según señaló el ministro Jorge Burgos– al otro lado del mostrador.

«El financiamiento irregular de la política no es corrupción», fue la frase con la que –el 6 de diciembre pasado, en la portada del cuerpo de Reportajes de La Tercera– Enrique Correa, el lobbista más influyente del país y hombre clave en la relación entre el mundo del dinero y la política, marcó la línea de defensa ante los casos de financiamiento irregular de campañas que son investigados por el Ministerio Público.

Hoy, Correa pasó del lado de sus asesorados, entre los que se cuentan Penta, SQM y el ex ministro Rodrigo Peñailillo, a establecer una estrategia de su propio «momento de crisis», marcado por la rectificación realizada por Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said, ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que por primera vez en el escándalo de las platas políticas lo involucra directamente a él.

Según publicó Ciper, Inversiones Caburga S.A. y Newport, del Grupo Said, rectificaron ante el SII pagos por casi $ 750 millones, que involucran al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier, sociedades de los senadores Andrés Zaldívar (DC), Francisco Chahuán (RN), el ex candidato presidencial Laurence Golborne, así como del ex Presidente Sebastián Piñera.

En el marco de estas rectificaciones, por primera vez salta al ruedo el nombre del propio Correa. Inversiones Caburga incluyó en su rectificación ante el SII  un pago por $15.000.000 realizado directamente al ex ministro en el año 2014. Situación compleja para el asesor favorito del poder, que ha insistido en que «hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial».

Esa serenidad vendría de la mano de la estrategia demarcada por el SII, actualmente liderado por Fernando Barraza, para que las rectificaciones de boletas y facturas por parte de las distintas empresas involucradas en los casos marquen un camino de salida desde el punto de vista de la justicia tributaria.

Según el analista político Camilo Feres, “más que la rectificación, que en sí misma no establece una culpabililidad ni mucho menos, el efecto principal de esto es que es la primera vez que Correa sale involucrado como receptor de platas que se presumen pueden ser políticas”.

En su opinión, “lo realmente complejo, tiene que ver con un atributo medio intangible del poder y es que se cruza esa barrera. Hay siempre personajes a los que uno cree que estas balas nunca les van a llegar y aunque la primera que llega en este caso puede ser pequeña –porque, comparativamente hablando con otros montos, dentro de los que han salido es relativamente poco– esto lo pone sin duda al alcance de un conjunto de acusaciones que hasta ahora lo mantenían al margen. Su participación era como estratega de los involucrados, y hoy día aparece por primera vez como uno de los involucrados. De hecho, tiene que salir a hablar su gerente de Asuntos Públicos por él”.

Feres agrega que “el efecto práctico de eso es para aquellos por quienes Correa hablaba. Si la entrevista de Enrique Correa no la hubiese dado hace unas semanas, sino hoy, las preguntas habrían sido sobre su boleta y no sobre el fenómeno sobre el cual estaba tratando de establecer una cierta tesis”.

Feres recalca que la boleta rectificada por el Grupo Said “es personal, no de Imaginacción. O sea, tal como muchos buscan ayuda en él para que hable por ellos, ahora él necesita alguien que hable en su nombre. Y esa línea es para mí lo más significativo, porque lo tangibiliza, lo deja al alcance del fenómeno platas políticas. Lo deja en una parte del mostrador en la que él no había estado… hasta ahora”.

El analista considera, asimismo, que con estos antecedentes se abre una pequeña fisura “en algo que probablemente es lo más difícil y complejo de administrar en este caso: ¿las relaciones que se producen en el marco de la representación de intereses privados ante el regulador, ante la política, son solo relaciones de representación, comerciales? ¿Cuánto hay de relaciones de confianza que podrían incluir el aporte a campañas?”.

En esta línea, Feres considera que “se abre una pregunta nueva, porque Enrique Correa no ha sido candidato, por lo tanto si aquí hay platas políticas, lo que se presume es que son para alguien. Y esa pregunta es muy grande. Esa duda puede abrir un camino interminable”.

En tanto, un abogado cercano a la Nueva Mayoría señala que “la carga de la prueba ahora es de Correa, porque habiendo rectificado el Grupo Said, lo que están diciendo es que no hay justificación alguna para la transferencia de esos recursos que se hicieron. Por lo tanto, la pregunta ahora es por qué Correa recibió esa plata y a título de qué. Uno tiene que presumir que efectivamente eran platas para campañas o favores políticos”.

La misma fuente señala que “lo más interesante no es la posición de Correa, sino más bien que es juez y parte. Así, como juez y parte, porque defiende a Peñailillo y SQM, ahora por primera vez es juez y parte porque él era parte de esta operación de personas o empresas a las cuales se les entregaba platas de carácter político. Y, por lo tanto, ¿qué capacidad tiene Correa de presentarse en el escenario con algún nivel de respeto o imparcialidad, si nunca ha reconocido el explícito conflicto de interés que tiene de plantear públicamente algunos temas y de representar como asesor a empresas involucradas, incluso funcionarios públicos, sino que además había callado este hecho de que su empresa estaría involucrada?».

El don de la ubicuidad

Correa ha estado estrechamente ligado a los casos de financiamiento irregular de la política, relacionados con Penta y SQM. De hecho, ha sido clave en las estrategias que han seguido ambas compañías para capear la investigación de la Fiscalía.

El año pasado formó parte del comité de crisis de Penta, cuando aún el escándalo solo teñía a la empresa de Carlos Alberto Délano y Eugenio Lavín. No fue el único, junto a él operaron Extend, de las hermanas Velasco, Valentina Giacaman de Rumbo Cierto y el ex canciller Alfredo Moreno, que hoy preside las empresas Penta.

Imaginacción tenía un vínculo laboral histórico con SQM. De hecho, Correa prestó asesoría personal a su controlador, Julio Ponce Lerou, en medio del Caso Cascadas, el inicio de la debacle para el ex yerno de Pinochet. Hoy, una alta fuente de SQM señala que Correa se juntaba periódicamente con Patricio Contesse, su gerente general, quien gestionaba personalmente los millonarios aportes a políticos de todos los sectores por parte de la minera no metálica.

Entre las asesorías se cuenta las que realiza al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, imputado en el caso SQM. Correa aseguraba en julio pasado ser “muy amigo” de Peñailillo, recalcando que “los hechos mismos van a demostrar que no cometió delito alguno y la vida va a demostrar que todo lo que hizo tuvo un sentido político y no personal».

Entre sus altas y transversales asesorías políticas, está la que realizó a Álvaro Saieh, a quien ayudó en medio del escándalo de tringulaciones que afectaron a SMU.

Saieh es también dueño de Copesa, el holding de medios al que pertenecen La Tercera, Qué Pasa y Ciper.

Imaginacción también ha asesorado por años a Aguas Andinas, investigada por aportes irregulares al ex Presidente Sebastián Piñera, entre otros políticos. Además asesoró a los ex funcionarios del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Carmen Fernández y Patricio Rosende, cuando estaban en medio del huracán de la investigación judicial por las muertes ocurridas a raíz del terremoto del 27 de febrero del 2010. Esa actividad en beneficio del bacheletismo, afectado por indagatorias relativas a la previa de la campaña presidencial del 2013, fue hecha ad honórem.

Y es que las redes de Correa son amplias. Incluso llegan al Congreso, donde –según publicó El Mostrador mantiene una funcional máquina de lobby.

Sus gestiones, cabildeos y buenos oficios también los ocupa a favor de la alta jerarquía de la Iglesia católica, según consignó este medio a raíz de los correos electrónicos que comprometían a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.
La salida administrativa para evitar judialización

El 12 de marzo, el Servicio de Impuestos Internos realizó un llamado a las grandes empresas a autodenunciarse y rectificar los pagos de los que no tenían respaldo alguno o que, a su juicio, no estaban apegados a la norma. «Acogiendo las numerosas consultas recibidas por parte de los propios contribuyentes, el SII instó a todos quienes puedan presentar brechas de cumplimiento tributario a acercarse voluntariamente a la institución para regularizar su situación tributaria, entregar todos los antecedentes sobre boletas, facturas y otras operaciones, rectificar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes», puntualizaba.

La empresas debían enviar «una carta en que se indique que se acogerá al procedimiento voluntario de rectificación y pago de impuestos referido y de la documentación de que disponga para los fines de dar inicio a la revisión, ello sin perjuicio de que durante dicho procedimiento deberá entregar la totalidad de los antecedentes necesarios para la correcta determinación de las diferencias impositivas», jugada que fue leída como una «salida administrativa» para evitar la judicialización de los casos que estaban sacudiendo al mundo político y económico del país.

Dicho antecedente, a pesar de que es establecido en este 2015, marca un piso a la hora de preguntarse si los pagos que son rectificados fueron realizados. La respuesta desde las empresas, en este caso Caburga S.A., es que no tienen respaldo para dar cuenta de que los 15 millones pagados a Correa correspondan a un trabajo efectivamente realizado.

A pesar de esto, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Moisés Valenzuela, señaló a Ciper Chile que Correa asesora hace años al Grupo Said en general y que «nuestra relación comercial con ellos es abundante y permanente. Y si ellos rectificaron, ellos deberán explicarlo. El punto es que nosotros les prestamos servicios y por ello recibimos un pago”, indicó.

Consultados al respecto, desde el Grupo Said declinaron referirse al tema.

Fuente: El Mostrador