El dictamen de la Contraloría de la República de Chile que prohíbe las actividades de acuicultura industrial intensiva en las aguas que formen parte de los parques nacionales, en particular de la austral Región de Magallanes y Antártica chilena, comenzó a ser estratégicamente criticado por las compañías salmoneras que han señalado que esta decisión estatal afecta «el futuro crecimiento de la industria salmonicultora».
En la actualidad existen tres grandes empresas que tienen operaciones en la región de Magallanes: Salmones Magallanes, la transnacional noruega Cermaq/Mainstream -que realizó sus primeras cosechas de salmón este año-, y Nova Austral, que es la única que tiene concesiones en el parque nacional Alberto de Agostini.
Los representantes de las empresas multinacionales y nacionales que operan en la zona austral alegan que la decisión de la Contraloría va en contra de un supuesto acuerdo de uso del borde costero desarrollado en el gobierno de Michelle Bachelet y reafirmado en la actual administración de Sebastián Piñera. Y que además esta protección dada a los Parques Nacionales afecta también a las actividades pesqueras indutriales y artesanales.
Frente a la presión de los industriales del salmón, organizaciones ciudadanas, parlamentarios y comunidades indígenas han demandado que las empresas multinacionales y nacionales cumplan el dictamen de Contraloría y acaten esta normativa del Estado Chileno.
Industria del salmón observada por la ciudadanía
En este sentido el centro Ecocéanos señaló que «valoramos el dictámen del contralor Ramiro Mendoza donde señala que no resulta posible desarrollar actividades de producción intensiva de salmónidos dentro del perímetro de un parque nacional, y por ende, otorgar concesiones de acuicultura. Con ello se pone fin a la disputa entre la Conaf y la Subsecretaría de pesca, prevaleciendo el mandato de cautelar el patrimonio de áreas protegidas del Estado».
Ecocéanos llamó la atención que durante la tramitación de la cuestionada ley de Pesca o ‘ley Longueira’, la que privatizó los peces del mar chileno a perpetuidad, la Subsecretaría de pesca intento incorporar en forma muy sigilosa en la Comisión de pesca una indicación que favorecía los intereses de las grandes empresas salmoneras en desmedro de los límites e integridad de los Parques Nacionales.
Esta anómala situación fue rápidamente denunciada por Ecocéanos y contó con el apoyo del senador Alejandro Navarro, logrando que se desechara esta indicación que afectaba a los Parques nacional Bernardo O´Higgins y Agostini.
«La decisión de la Contraloría General de la República pone nuevamente bajo el escrutinio de la opinión pública el pernicioso accionar del actual subsecretario de pesca Pablo Galilea caracterizado en beneficiar los intereses empresariales pesqueros y salmoneros contra la integridad de la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros, las áreas marinas protegidas y las comunidades costeras y pueblos originarios», señaló Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario y director ejecutivo de Ecocéanos.
Por su parte, la comunidad del Pueblo Kawesqar de Puerto Eden, en los canales australes de la región de Magallanes celebró la decisión de la Contraloría, porque lograron «hacer escuchar su voz y defender este territorio que es su forma de vida», dijo a Radio del Mar el representante de la comunidad Kawesqar, Juan Carlos Tonko.
Actividades de Pequeña Escala no es Acuicultura Industrial Intensiva
En tanto el Senador por la Región de Magallanes, Pedro Muñoz señaló que “la acuicultura es una actividad que realizada intensivamente, como se pretende, puede generar graves problemas ambientales, como ya ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén”.
El legislador advirtió sobre la eventualidad que el Gobierno intente agudizar el problema prohibiendo también la pesca que se desarrolla en esta áreas, incluso por pueblos originarios, señaló:
“Se trata de actividades mucho menos invasivas y contaminantes, para las que, además, existe una clara solución en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad, donde se permitiría realizar actividades compatibles con el plan de manejo que se defina y bajo la supervigilancia estricta de la administración de los parques”.
Presión de salmoneros de Magallanes
Luego del dictamen de Contraloría, empresarios salmoneros alegan que esta decisión va en contra de un acuerdo regional desarrollado por los Gobierno de Michele Bachelet y Sebastián Piñera donde se había fijado las prioridades de uso de borde costero.
El presidente de los salmoneros de Magallanes afirmó al Diario Financiero:
«Siempre se han considerado los parques nacionales como terrestres y no parques marinos. Por esto se han otorgado una veintena de concesiones para la salmonicultura en aguas colindantes al parque D´Agostini, que hoy están en operaciones».
El representante empresarial agregó que existe un acuerdo marco regional donde se habían considerado «incluso zonas de uso prioritario para la salmonicultura el área del Canal Cockburn en aguas colindantes al Parque D´Agostini, que son fiordos de características muy similares a los de Noruega (…). También habían quedado como Área Apta para la Acuicultura (AAA) alguna zonas pequeñas considerando la inmensidad de nuestro litoral en sectores colindantes al Parque Bernardo O´Higgins como isla Owen y seno Europa».
Drago Covacich, afirmó también que la decisión de Contraloría «puede provocar un daño adicional y muy grande a la economía regional, porque el artículo 158 de la Ley 19.800 aludido en el dictamen también prohíbe la pesca extractiva en las mismas áreas, donde aproximadamente el 60% de las capturas artesanales de centolla, erizos y merluza de la región se hace en esas aguas».
El presidente de la asociación de productores de salmón de la zona añadió que «ahora se le quiere dar a las aguas colindantes a los parques un carácter de ‘parque marino’, situación que no corresponde ya que existe una legislación y tramitación especial para ello», reclamó.
A pesar de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) invocó el artículo 158 de la Ley 19.800 que prohíbe desarrollar acuicultura en las aguas colindante a los parques nacionales.
En tanto, el gerente general de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Cristián Moreno, al ser consultado por el Diario Financiero por esta situación, dijo que este dictamen «si bien puede afectar los planes de largo plazo en siembras en esas zonas, de todas formas Magallanes se presenta como una oportunidad de desarrollo de la industria del salmón».
Multinacionales en zona Austral
Actualmente, varias empresas salmoneras han solicitado concesiones de acuicultura para operar en la región, que aún no han sido otorgadas, ni se espera que esto suceda a corto plazo. En este momento hay 113 solicitudes de concesiones en la zona de conflicto de los parques nacionales de la Región de Magallanes. Según el jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, José Miguel Burgos, se cree que tendrán que denegarlas.
«A la luz de los antecedentes que entregó Contraloría, no podríamos tramitar estos permisos. Nos enfocaremos en otorgar las concesiones que hay en Magallanes de las zonas que no están en parques», dijo el funcionario a FIS.
Burgos explicó que previo al dictamen de Contraloría, se consideraba que esas aguas no pertenecían a parques nacionales, pero el pronunciamiento del contralor general Ramiro Mendoza modifica el escenario. Al respecto, indicó que esperan poder compensar de alguna forma este impedimento para las salmoneras.
«Queremos extender las concesiones en Magallanes, para que la actividad se pueda desarrollar más separada, con menos riesgo sanitario y ambiental. Esto le daría más respiro al hacinamiento que hay en las otras regiones. Esperamos de aquí a 2015 otorgar 135 concesiones más en Magallanes, este año llevamos siete», señaló.
Subsecretario de Pesca a favor de salmoneros
En junio del 2012 , el subsecretario de pesca pablo Galilea había anunciado que esperaba que se modificaran los límites del Parque Nacional Bernardo O’Higgins para facilitar la expansión salmonera en Magallanes.
Argumentó entonces que si no se modificaban los límites de estas áreas protegidas para orientarlas a la producción de salmón, la ciudadanía de Magallanes no podría cumplir con lo que había prometido a inversionistas de la industria del salmón. Pero el dictamen de la Contraloría echó por tierra esas expectativas.
El documento de Contraloría ordena a los servicios públicos respectivos a «adecuar sus procedimientos» a los criterios descritos y «modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura que no se ajusten a esa restricción».
Senador Muñoz valoró dictamen que impide acuicultura en Parques Nacionales
El senador Pedro Muñoz respaldó el accionar de la Contraloría General de la República, que ratificó criterios anteriores en el sentido que “no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional y, por ende, otorgar concesiones de acuicultura.” La resolución del ente contralor agrega que “los servicios públicos respectivos deberán adecuar sus procedimientos a los criterios antes descritos y modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura que no se ajusten a esa restricción.”
El legislador valoró el dictamen que pone fin a una disputa jurídica entre la CONAF y la Subsecretaría de Pesca, en el sentido de cautelar las áreas protegidas del Estado. El legislador recordó que había hecho presente el tema en una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente, solicitada junto con el senador Alejandro Navarro. Asimismo, remarcó que durante la tramitación de la ley de pesca advirtió el intento de la Subsecretaría de corregir esta situación a través de una indicación incorporada en forma muy sigilosa en la Comisión de Pesca. “La rápida denuncia que realicé y el apoyo de entidades ecologistas y ambientalistas permitieron que se desechara esa solución que claramente afectaría a las áreas protegidas” – recalcó.
“La acuicultura es una actividad que realizada intensivamente, como se pretende, puede generar graves problemas ambientales, como ya ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén”- sostuvo Muñoz – al tiempo de manifestar que “la pretensión de la Subpesca de que los parques nacionales están conformados sólo por tierra y no por las aguas interiores carece de sustento biológico y ambiental, por cuanto la relación entre ambas es innegable” – afirmó.
El parlamentario manifestó que la resolución de la Contraloría reafirma que no existe posibilidad de afectar los parques nacionales para este tipo de actividades. El legislador advirtió sobre la eventualidad que el Gobierno intente agudizar el problema prohibiendo también la pesca que se desarrolla en esta áreas, incluso por pueblos originarios. “Se trata de actividades mucho menos invasivas y contaminantes, para las que, además, existe una clara solución en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad, donde se permitiría realizar actividades compatibles con el plan de manejo que se defina y bajo la supervigilancia estricta de la administración de los parques”, concluyó.
