Una auditoría externa realizada por la consultora Ossandón & Ossandón al ejercicio contable de 2014 de la corporación, detectó un «registro inadecuado de préstamos otorgados a diputados por parte de la Cámara». Se trata de créditos hasta en 28 cuotas, sin intereses ni reajustes. Los diputados que hicieron uso de esa insólita y excepcional franquicia son Marisol Turres (UDI), los DC Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada, Diego Paulsen (RN), Yenny Álvarez (PS) y Cristián Campos (PPD).
Esta es la segunda oportunidad, desde 1990, que se realiza un ejercicio de este tipo a la Corporación. La otra se realizó en 2011, pero en el Parlamento explican que se trató de una auditoría de menor profundidad.
El texto fue enviado el 11 de agosto de 2015 a la comisión Revisora de Cuentas de la Cámara que preside el diputado DC José Miguel Ortiz. Sin embargo, la instancia no ha sido convocada desde el 29 de julio pasado, fecha en que se registra su última sesión.
En el prólogo del documento se plantea la existencia de «debilidades significativas en el sistema de control interno, tales como no registro de obligaciones y servicios ejecutados en el periodo 2014 y registrados en el periodo 2015, depósito no contabilizado por M$ 574.798 y registro inadecuado de préstamos otorgados a diputados por parte de la Cámara de Diputados».
En las páginas 32 y 33 se abordan los créditos bajo el título «Otorgamientos de préstamos».
En este punto, el auditor estableció que «dentro de la revisión al control interno al 31 de diciembre de 2014 detectamos préstamos otorgados a un señor diputado en el período 2013 y además dos préstamos otorgados en el período 2014, los cuales son descontados en 28 cuotas sin ningún reajuste».
El aludido parlamentario concentra seis créditos, por la suma total de $44 millones. A su vez, en la misma carpeta de las conclusiones de la auditoría se identifica con números a otros diputados que tienen préstamos. Se trata de cinco parlamentarios: el «diputado 1» registra $18 millones. Luego, el «diputado 2» recibió $12 millones; $24 millones el «diputado 3», mientras que el «diputado 4» solicitó $6 millones y el «diputado 5» pidió $200 mil.
En suma, son $104 millones el monto entregado a dos DC, un PPD, un RN, un UDI y un PS.
Además el texto de la auditoria formula dos observaciones:
«Creemos importante analizar si de acuerdo a los estatutos de la institución existe la facultad de otorgar préstamos a los señores diputados, ya que de alguna manera se está haciendo uso de un presupuesto en el cual no existe asignación».
Y agrega:
«El registro contable de esta transacción es erróneo y poco transparente, ya que al otorgar el préstamo se registra como un gasto, y no como una cuenta por cobrar a un tercero, lo que dificulta el control de ésta».
A continuación, la auditoría establece los riesgos y posibles efectos:
«La omisión de activos en la contabilidad produce el riesgo de no contar con toda la información relativa a los recursos disponibles en los estados financieros de la corporación, además de la existencia de posibles situaciones de errores y/o irregularidades sin que la administración pueda detectarlas», se agrega en el documento.
Junto a este análisis, la consultora externa expresa dos recomendaciones:
«Analizar si existe la facultad para otorgar este tipo de préstamos, y si es así, definir quién lo autorizará y cómo se definirán número de cuotas y reajustes», además de «instruir a que el registro contable sea el adecuado, revelando como una cuenta por cobrar los préstamos otorgados».
Respuesta de la Corporación
Entre los descargos de la Cámara de Diputados recogidos por la empresa auditora se puede leer que «se ha cumplido con las instrucciones emanadas de la comisión de Régimen Interno, que estableció que para cumplir con las deudas originadas por la aplicación de la nueva estructura de asignaciones».
De acuerdo con la respuesta de la Cámara Baja, «se podrían recuperar dichos recursos hasta el final del período parlamentario. Adicionalmente, las salidas de efectivo corresponden a anticipos de la dieta que se pueden otorgar a los diputados, facultados por lo dispuesto en el artículo 68 de la LOC del Congreso».
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), señaló que de acuerdo a los antecedentes que posee, estos anticipos de las dietas parlamentarias no se realizan hace ya varios meses y que lo importante es que cuando un legislador tenga alguna urgencia económica recurra a los bancos, como lo hacen todos los chilenos.
Núñez, informó hoy que hace más de un año se adoptó la decisión de terminar con la posibilidad de solicitar un adelanto de dieta a los diputados y se determinó que durante el año 2015 se recuperaran todos los montos pendientes.
El legislador agregó que la Mesa que él preside adoptó como decisión en marzo de 2015 terminar con cualquier tipo de privilegio que no se justificara con el buen funcionamiento del cargo y, por ello, confirmaron la decisión que había adoptado la Comisión de Régimen Interno, en 2014, sobre esta materia.
Al respecto, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara acordó en los años 90 y luego en el año 2000, un procedimiento excepcional para adelantar el pago de la dieta, en casos de emergencias, que debían ser calificados por la Dirección de Finanzas, y regularizadas dentro del ejercicio presupuestario correspondiente. En 2014, y ratificado en 2015, se puso fin a esta posibilidad.
En esa línea, el diputado Marco Antonio Núñez clarificó que esto “no es un préstamo”, sino un adelanto de las dietas de los parlamentarios, al que se podía acceder solo en casos calificados, como la enfermedad grave de algún familiar o fuerza mayor.
El diario La Segunda tuvo acceso de manera informal a la lista de beneficiados por los préstamos que está circulando.
Se trataría de los doputados Marisol Turres (UDI), los DC Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada, Diego Paulsen (RN), Yenny Álvarez (PS) y Cristián Campos (PPD).
«Lo mío fue un adelanto de mi dieta que solicité por una situación coyuntural de tipo familiar y el cual cancelé en los meses posteriores. Fue un tema familiar delicado», aseguró Campos, parlamentario de la región del Bíobío.
«Lo solicité porque era una atribución que estaba ahí desde el regreso a la democracia. Si hubiera sabido que podría ser cuestionado, hubiera buscado otro mecanismo. Jamás pensé que esto podría ser cuestionado. Lo que me explicaron era que estaba recibiendo un adelanto de mi dieta (…) Lo mío eran como $12 millones», agregó.
La diputada de la UDI Marisol Turres fue una de las primeras en reconocer que recibió un adelanto de su dieta parlamentaria, esto con el fin de superar una situación «compleja económicamente» por la que atravesó el año pasado.
«Yo no usaría la palabra préstamo, usaría como un anticipo de tu sueldo que muchas personas lo hacen en muchos lugares donde trabajan, a veces se realiza eso. No lo veo como un préstamos, yo tengo créditos en los bancos como todos los chilenos, sino que obedeció a una situación puntual y que requería también rapidez para cumplir con lo que tenía que hacer en ese momento».
Diputados PC-IC: “No pueden existir este tipo de privilegios”
Tras el informe dado a conocer por medios de prensa, donde revelan préstamos o anticipos que recibieron cinco diputados por parte de la Cámara, los miembros de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana criticaron estos mecanismos por considerarlos privilegios desmedidos, que para un chileno común son imposibles de acceder.
Igualmente, los parlamentarios PC-IC sostuvieron que dicha fórmula para la entrega de recursos tampoco había sido informada ni transparentada a la bancada.
Si bien plantearon que cualquier persona puede estar expuesta a una emergencia familiar o de salud personal, la forma para acceder a respaldos financieros tiene que ser igual a los que solicitan todos los chilenos para costear estos imprevistos.
En ese sentido afirmaron que este mecanismo “no nos parece ético, pues es a partir de fondos públicos y desde ese punto de vista, es un privilegio que no es razonable que tengan los diputados”.
Los diputados y diputadas PC-IC, han sido promotores históricos de mociones que buscan rebajar la dieta parlamentaria por considerarla extremadamente elevada para la sociedad chilena; por lo que con mayor razón criticaron el método utilizado para solicitar más recursos, lo que sumado al secretismo con que se realizaba dicho mecanismo de crédito “evidentemente no puede seguir ocurriendo ni operando”, concluyeron.