por Guillermo Teillier (*).
Llegando de vacaciones, el Presidente Sebastián Piñera insistió en un llamado a un acuerdo político para combatir la violencia, emplazó a la oposición y reforzó ese discurso en la derecha.
Luego, se conoció una carta de antiguos ministros, funcionarios y representantes de la ex Concertación, también poniendo énfasis en la violencia y un acuerdo nacional.
Estas demandas desde las alturas, tuvieron muy poco eco en el mundo político opositor, más bien rechazo y ningún efecto en la mayoría de la población que ya no cree en estos llamados al consenso, sin considerar para nada la real situación del país. Llamados que no tienen efecto concreto sobre el fenómeno que se quiere encarar.
Ya pasó el tiempo de la “política de los consensos” o cocinas, respecto de las cuales la gente se siente engañada. Estos son tiempos de diálogos y repuestas en que deben participar partidos de todas las corrientes, el movimiento social, las representaciones ciudadanas, las organizaciones sindicales, el mundo de la cultura, intelectuales y académicos, pero con voluntad real de cambiar las cosas. Lo demás, es más de lo mismo.
Por lo demás, pretender establecer que hoy el principal problema de Chile es la violencia y el vandalismo, y no la desigualdad social y las malas condiciones de vida de millones de chilenas y chilenos, es errar en un diagnóstico clave.
Y a partir de eso, es equivocar las respuestas realmente de fondo y urgentes.
Dirigir ese mensaje a partidos o sectores de la oposición no tiene sentido, porque no está ahí el origen u organización de hechos de vandalismo, saqueos o violencia. Su procedencia es asistemática, y no responde a lógicas políticas y partidistas. Tiene que ver con un problema más complejo de marginalidad, abuso, descontento, falta de oportunidades, indignación ciudadana.
En las encuestas es mayoritaria la opinión que tras algunas formas de saqueo hay bandas delictivas y de narcotraficantes, pero tratar por extensión de tratar de enemigos o delincuentes a quienes protestan o manifiestan sus legítimas demandas, e incluso declararles la guerra, es un abuso profundamente autoritario y perjudicial para la convivencia nacional.
La paz, la estabilidad y la disminución o término de la violencia social se construye y conquista en el seno de la sociedad, con canales de participación, organización ciudadana, mejora de la democracia, consagración de derechos laborales, de opinión y reunión y respeto a los derechos humanos.
Además, lo ocurrido desde octubre de 2019 demostró que debemos mejorar y modificar la forma de hacer política para encausar las soluciones y alternativas, la manera de escuchar y canalizar la voz y la demanda ciudadana, y esforzarnos por recuperar la legitimidad del Parlamento, los partidos y la representación política.
Cartas, llamados desde arriba, decisiones unilaterales del Ejecutivo, envío al Parlamento de una decena de proyectos de corte autoritario y reforzamiento de la represión, y ministros que avalan el uso de armas de las FFAA contra civiles que dañan un monumento, no es el camino.
Por lo demás, insistir majaderamente en que los opositores debemos condenar la violencia es una mera excusa comunicacional, porque cuando se trata de hechos delictivos e injustificados lo hemos condenado, así como las masivas violaciones a los derechos humanos.
En Chile existe un estado de derecho, instituciones judiciales, policías, organismos de DDHH, fiscalías, que deben hacerse cargo del orden público, procesos judiciales y cumplir con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de estados de excepción, ni militares disparando, ni carabineros violando derechos humanos. Todas estas instituciones son legítimas, pero es evidente que se necesita introducir en ellas cambios que las caractericen más cercanamente con una convivencia democrática en que no existe el “enemigo interno”.
Hay que insistir en que la mejora de las condiciones de vida de la gente, avanzar hacia un Chile Digno, garantizar derechos sociales, es la solución de fondo al desencuentro que se ha producido entre la institucionalidad y una ciudadanía empoderada, rebelada, cuya contradicción puede generar confrontaciones agudas no exentas de violencia.
Una derecha, que gobierna, alineada tras el rechazo a una Nueva Constitución y defiende tan férreamente sus intereses de clase y privilegios, sin abrir una ventana, salvo pequeñas excepciones, a lo que la inmensa mayoría está exigiendo, que tan fácilmente criminaliza la demanda social, pero además amenaza con el uso de la fuerza y la represión, que impone leyes de mayor coerción social, es evidente que no le interesa abrir cauces democráticos, para una salida pacífica a una de las crisis sociales más profundas de nuestro país. En vez de aferrarse a la defensa de un bastión que no concita el apoyo más allá de un 6% de la ciudadanía y en vez de estar preparando una salida de corte autoritario, quienes gobiernan hoy debieran pensar en que la salida más democrática, la menos dolorosa, es que se adelanten las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Como ello no será así, propinarle a esta derecha retrógrada una gran derrota, en el plebiscito del 26 de abril, será un gran avance hacia la búsqueda de caminos de paz.
(*) Presidente del Partido Comunista de Chile.
Fuente: El Siglo
