La Corte Marcial otorgó la libertad provisional a los generales del Ejército Antonio Cordero, Jorge Salas y Miguel Muñoz, procesados por el ministro en visita Omar Astudillo por el incumplimiento de deberes militares vinculados al millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre, conocido como milicogate.
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Estos tres ex militares lideraron el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) entre 2011 y 2014, cuando se cometieron irregularidades, y se encontraban detenidos hace una semana en el Batallón de Policía Militar, en la comuna de Peñalolén.
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Al argumentar este fallo, la ministra Dobra Lusic explicó que «no existe ninguna razón legal suficiente que haga necesario mantenerlos en prisión preventiva, puesto que, según expresa el ministro en su resolución, no hay diligencias pendientes y tampoco constituye su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad».
En la contraparte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Llanos, afirmó:
«Nosotros creemos que tal como lo ha señalado el señor ministro, los hechos que se investigan son muy graves, han afectado gravemente el patrimonio fiscal, hablamos de 5.500 millones de pesos aproximadamente»
«No sólo se ha afectado el patrimonio fiscal, sino que además se ha afectado la seguridad nacional. Eran fondos que estaban destinados a la mantención y reparación de vehículos militares y, evidentemente, que si no se brindaron esas prestaciones, eventualmente se ha afectado la calidad y el servicio que podían prestar esos equipamientos», añadió el abogado.
El defensor de Antonio Cordero, Gonzalo Alvarado, comentó que «los juicios que emite el Consejo de Defensa del Estado son un poco prematuros», y que van a «poder acreditar suficientemente que el fraude que se produjo al interior de este organismo encargado de la administración de los fondos de la Ley Reservada del Cobre se produjo por circunstancias bastante especiales».
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Alvarado remarcó que el fraude ocurrió porque «específicamente había un grupo de gente perteneciendo a los distintos estamentos por donde pasaba la aprobación de los gastos que se encontraba confabulada para defraudar».
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Esta investigación también tiene una arista que lleva adelante la fiscal Ximena Chong, quien ya formalizó a algunos proveedores del Ejército y quien el 11 de octubre pedirá la ampliación del plazo para investigar.
