La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica delitos de tortura, con el fin de fortalecer la investigación de los casos, las sanciones para los responsables y el amparo de las víctimas de este tipo de crímenes.
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En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, y acompañada por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; y Desarrollo Social, Marcos Barraza, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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“Hoy damos un paso decisivo en la prevención y erradicación definitiva de la tortura en nuestro país”, dijo la Gobernante, y resaltó que “el Estado de Chile, desde la recuperación de la democracia, ha sido enfático en condenar y avanzar en la reparación de las víctimas y en la investigación de los hechos de tortura cometidos por la dictadura”.
La Presidenta detalló que “la inclusión del delito de tortura en el Código Penal, sin eufemismos, implica el primer paso para reconocer que el Estado, y los agentes del Estado, son los garantes de los derechos de todos y todas quienes habitan en Chile. Y esto significa que, en primer lugar, nos corresponde prevenir la comisión de este delito y que, en caso de cometerse, éste debe ser investigado, sancionados sus responsables y reparadas sus víctimas”.
Este nuevo cuerpo legal tipifica y establece una pena que puede llegar a 10 años de presidio para la tortura cometida por un empleado público, o por particulares en funciones públicas, o instigados o con consentimiento de un empleado público.
Ante apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no califiquen como tortura, las penas pueden llegar a 5 años de presidio.
“Desgraciadamente, sabemos que la tortura y los tratos crueles suelen cometerse junto a otros delitos. Y por eso, si en conexión con la tortura se producen otros delitos, como homicidio o violación, la ley, entonces, en esos casos, establece penas más graves, las que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado”, explicó.
“Esta nueva ley no se ocupa sólo de la tortura que genera daño físico en las víctimas; añade una nueva tipificación del delito: la tortura sicológica y la violencia sexual, un tipo de violencia que es invisibilizada cuando las víctimas son mujeres y se le considera un delito menor”, dijo la Jefa de Estado.
Chile no sólo adapta su legislación interna, enfatizó la Mandataria, sino que se ha comprometido a liderar la Iniciativa contra la Tortura, que agrupa a países de todos los continentes, con el objetivo de prevenir este crimen y promover la ratificación de los instrumentos internacionales en esta materia.
Asimismo, agregó que “como Gobierno estamos trabajando también para presentar el proyecto de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que estará alojado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
En este contexto se refirió al caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, que denunció una situación humillante en el proceso de su parto.
“Esta denuncia debe ser investigada en profundidad y conocer la verdad de lo sucedido. Justamente, porque debemos asegurarnos que nadie sufra situaciones humillantes o vejatorias, he instruido a la subsecretaria de Derechos Humanos que se elabore un nuevo Reglamento Penitenciario, con enfoque de derechos humanos, para que se trate con dignidad no sólo a las mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad”, destacó.
Al finalizar sus palabras, la Mandataria subrayó que “cada paso que damos, es un gesto que nos acerca un poco más a ese ansiado ‘nunca más’, a una convivencia respetuosa y fraterna entre iguales, y al valor pleno de la dignidad humana, a una mejor patria y a una mejor humanidad”.
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Declaración de Amnistía Internacional
Con respecto a la promulgación de la ley que tipifica el delito de tortura en Chile, Amnistía Internacional manifiesta:
La historia brutal y sangrienta marcada por la tortura que quedó escrita tras el Golpe Militar, no la queremos repetir jamás. La sociedad chilena necesitaba la tranquilidad de que la tortura por parte de agentes del Estado debía ser prohibida por ley, si bien esta medida tardó; Chile hoy ha dado un paso adelante a favor de los derechos humanos.
El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o a cualquier trato cruel, inhumano y degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios/as.
Hace más de treinta años, Amnistía Internacional encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. En Chile, en 2014 lanzamos la campaña “Stop Tortura”, la que tenía como uno de sus objetivos conseguir la tipificación del delito de tortura, esto en línea con la definición establecida por la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Hoy, manifestamos nuestra alegría porque Chile ha dado una importante señal, pero planteamos también que la promulgación de esta ley, claramente no garantiza la extinción de esta cruel práctica. Por lo que solicitamos que, si llegasen a ocurrir actos tan inhumanos que constituyan tortura por parte de agentes del Estado, se deben investigar y sancionar adecuadamente; y por supuesto en tribunales ordinarios.
Hoy es la oportunidad también para reconocer a todas las personas y organizaciones que impulsaron la presentación del proyecto de ley y que contribuyeron en el perfeccionamiento de éste.
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