El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, rechazó enfáticamente la indicación de la agenda corta antidelincuencia que busca sancionar eventuales filtraciones de procesos judiciales con penas de cárcel. El Presidente de la Corte Suprema la calificó como un retroceso al secreto del sumario.
Según la norma, aprobada en el Senado, tanto fiscales, abogados, como testigos, y todos los intervinientes de una investigación arriesgarían prisión al divulgar antecedentes de procesos penales.
Para Uribe esta indicación es un intento de autoprotección de la clase política:
«Es un grupo de poderosos cuidándose a sí mismos, amenazando una cuestión que es fundamental para la vigencia misma del Estado de derecho como es la libertad de información y la libertad de expresión».
«No me sorprende que algunos parlamentarios voten a favor, lo que se establece que cualquier persona que entregue información respecto de una causa comete el delito y eso incluye al portero, al caballero que va pasando e incluye al periodista», agregó.
Corte Suprema: Una vuelta al secreto de sumario
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, aseguró que el proyecto que busca sancionar con cárcel las filtraciones de procesos judiciales se puede entender como un retroceso en el sistema procesal penal vigente.
La norma, indicación en el marco de la agenda corta antidelincuencia aprobada por el Senado, pretende imponer sanciones que van desde 60 a 541 días de presidio para quienes revelen antecedentes de las causas en relación a los intervinientes de las mismas, lo que para el presidente del máximo tribunal debe estudiarse bastante.
«Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido», dijo Dolmestch.
«Si se trata de una norma que va a impedir la publicidad, cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control, va a influir en la organización de los tribunales de justicia. Es muy probable que deba pedirse informe a la Corte Suprema», añadió el presidente de la Suprema.
Además, Dolmestch no descartó que esta normativa pueda llegar a la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento, tal como ya se ha hecho en otros puntos de la agenda corta antidelincuencia.
Para el diputado independiente Gabriel Boric, esta es una ley mordaza disfrazada de defensa de la presunción de inocencia.
El senador Alejandro Guillier, que además es periodista, aseguró que le «pasaron un gol» en la votación para modificar las penas a quienes filtren detalles de las investigaciones judiciales, lo cual, además, debe tomarse como un serio llamado de atención sobre la forma de legislar en este país:
«Me pasaron un gol con la norma de filtraciones, fue mi error porque no tuve el celo suficiente para revisar todo. Es tal la presión del medio, del Gobierno y el propio Congreso que ocurren estas cosas».
Guillier, que admite haber cometido un error, agregó:
«Hay que sacar una lección de todo esto para que los proyectos de ley se discutan con seriedad artículo por artículo. La indicación no venía en el proyecto original. En una hora no se puede estudiar el tremendo legajo de papeles que se nos entrega, por lo que se hace un «acto de fe» en lo que presentan los pares».
Diputado Soto: «Los goles se los meten a la ciudadanía»
El diputado PS Leonardo Soto se refirió a las declaraciones del senador independiente Alejandro Guillier, quien aseguró que le «pasaron un gol» al aprobar la norma que amplía las penas por filtraciones de procesos judiciales, en el contexto de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia.
«Más allá de la responsabilidad asumida por el senador, que tendrá que juzgar la ciudadanía, sus palabras reafirman que se trata de una medida que no fue discutida con la profundidad que merece, en particular al ser totalmente desproporcionada y afectar el derecho a la información», señaló Soto.
En esa linea, el parlamentario planteó que en el Senado «los goles se los meten a la ciudadanía, legislando en forma opaca sobre temas que no tienen ninguna relevancia social, sino que parecen apuntar a cubrir las necesidades de una elite cuestionada por casos de corrupción».
Ante lo anterior, Soto dijo que pedirá el rechazo del aumento de penas durante el tercer trámite de la iniciativa en la Cámara, dado que «ya existen normas para cautelar los derechos de los investigados, y lo que ahora está en juego es la probidad y transparencia del sistema institucional».
Ley mordaza tiene votos
Sin embargo, la norma cuenta con apoyos transversales en la Cámara de Diputados, hasta donde debe llegar esta polémica iniciativa, ya aprobada por la Comisión de Constitución y la Sala del Senado.
Desde la Nueva Mayoría adelantaron votos favorable, como lo comentó el jefe de bancada del PPD, el diputado Ramón Farías:
«Es una indicación que lo que pretende en ningún caso es ir en contra de la libertad de prensa, ya que la libertad de prensa dice relación con publicar aquellas cosas que no están prohibidas por ley de ser publicadas».
El diputado socialista Juan Luis Castro también se manifestó a favor de la enmienda como se presentó en el Senado:
«El derecho a la información siempre debe estar cautelado y tan cautelado como el derecho a la reserva cuando se trata de una causa judicial, ese justo equilibrio que tiene que buscarse».
La normativa que se tramita contempla desde 60 a 541 días de presidio para quienes violen la reserva de información, reserva que se podría ampliar de 40 a 80 días cuando sea necesario.
Colegio de Periodistas: de la inquietud a la preocupación
El objetivo de esta indicación es asegurar que las diligencias investigativas no se filtren a los medios de comunicación antes que el Ministerio Público ejerza la acción legal según el informe de la Comisión de Constitución del Senado, aunque para la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, se trata de una forma de coartar la libertad de expresión y que genera «inquietud y preocupación».
«Todos los organismos internacionales de derechos humanos, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que tener como sanción penal el ejercicio de la libertad de expresión, que cumple con el derecho a la información de la ciudadanía, obviamente no se corresponde con la garantía de este derecho humano», dijo Olivares.
La segunda semana de abril debiera ser despachada la agenda corta antidelincuencia y la Cámara de Diputados debe definir el futuro de la controvertida indicación.
