Durante su última sesión de votaciones, se perdió la última oportunidad para que la iniciativa efectivamente implementara un resguardo, al menos temporal, de todos los glaciares del territorio nacional como reservas de agua del país.
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Gobierno insistió en protección absoluta solo de los glaciares en parques y reservas nacionales, y eventualmente aquellos que declare como “reserva estratégica”, dejando todos los demás a merced de las mitigaciones y compensaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En el último segundo del último minuto de tramitación de la Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, durante la votación de los artículos transitorios, el gobierno se la jugó por dejar sin efecto la única posibilidad de que la normativa efectivamente incluyera algún resguardo, al menos temporal, de todos los glaciares del país, a través de la presunción de que todos los cuerpos de hielo se consideraran “reserva estratégica” mientras la autoridad realiza estudios y procedimientos para decretarlos como tales.
Esta figura habría posibilitado su protección, prohibiendo actividades que puedan removerlos, cubrirlos con material de descarte o emisiones de material particulado.
Esto, durante la sesión del miércoles 18 de mayo, ocasión en que la comisión despachó el proyecto para su votación por el pleno.
Fue en el marco de la discusión del proyecto de ley, y debido a que durante la tramitación no se lograron los votos ni estuvo en la voluntad del Ejecutivo la protección general de todos los glaciares, que se planteó por parte de los legisladores un par de indicaciones tendientes a permitir que mientras no estuvieran declarados como “reserva estratégica” el 33 % de la superficie glaciar del país que se ubica fuera de parques y reservas nacionales, se presumiría que todos quedaban resguardados bajo esta figura.
Sin embargo, ese miércoles los parlamentarios votaron en forma dividida dicha indicación no lográndose mayoría, con lo cual el gobierno logró que se mantuviera un texto del artículo tercero transitorio que desvirtúa la presunción general de protección hasta que un tercio quedara bajo dicha salvaguarda.
Para entender esto, es preciso acudir al artículo 5º que establece el procedimiento bajo el cual se declara reserva estratégica glaciar. Este establece que anualmente en el mes de agosto la Dirección General de Aguas (DGA) publicará una “resolución exenta con un listado de glaciares que dicho servicio estima son susceptibles de ser declarados reserva estratégica glaciar dicho año”.
Luego de este acto administrativo cualquiera podrá oponerse a la declaratoria, lo cual será revisado por los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, procedimiento que derivará en la publicación de decreto supremo.
El problema radica en que el artículo tercero transitorio aprobado el miércoles 18 de mayo señala que “se presumirá que toda superficie glaciar existente fuera de la definición del inciso primero del artículo sexto (parques y reservas nacionales) será reserva estratégica glaciar mientras no se haya efectuado la publicación a la que se refiere el inciso primero del artículo quinto, respecto de, al menos, el 33 % de dicha superficie”.
Es decir, basta con la publicación en la web de las resoluciones exentas (y no la declaración definitiva) conteniendo un tercio de los glaciares del país susceptibles de ser protegidos para que queden automáticamente sin protección el 67 % restante. Porque, en efecto, no necesariamente el listado publicado será igual a los efectivamente decretados, dadas las oposiciones que se pudieran presentar.
A favor de cambiar este párrafo por uno que diera mayor protección (que fueran los decretos supremos efectivamente publicados y no solo las resoluciones exentas reclamables) votaron los diputados Roberto León (DC), Jorge Rathgeb (RN) y PS Christian Urízar y Daniel Melo.
En contra, los legisladores Leopoldo Pérez (RN), David Sandoval (UDI), Marcelo Chávez (DC) y Cristina Girardi (PPD). Esta ultima se sumó al rechazo al querer testimoniar su posición en pro de una protección general, pero al hacerlo permitió que se perdiera la indicación que al menos los protegía (por presunción) todos temporalmente, esto es durante todos los años que la autoridad se demorara en decretar el 33 % de la superficie fuera de parques nacionales, como reserva estratégica..
Ley no permitirá revocar RCA
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Otro articulo que reafirma cómo el Ejecutivo, junto a algunos legisladores, se resiste a proteger todos los glaciares (que se encuentran fuera de parques y reservas nacionales más los que sean declarados reserva estratégica glaciar) y sus entornos, es el primero transitorio, que permite que en el caso de proyectos con resolución de calificación ambiental vigente y que incluso ya estén afectando glaciares, solo se les obligará a presentar un informe técnico.
Y en base a este, el Ministerio del Medio Ambiente podrá solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental, previo informe de la Dirección General de Aguas, “que considere la revisión de la respectiva RCA a fin de incorporar un programa de monitoreo del o los glaciares afectados así como las medidas que correspondan conforme al artículo 25 quinques de la Ley 19.300”, que puede establecer modificaciones al permiso ambiental, pero que no contempla su caducidad.
En concreto, a pesar de ser una norma de protección de glaciares, no se resguardará bajo los principios de esta nueva ley los que actualmente están siendo afectados, sino que solo se monitorearán y eventualmente modificarán los permisos ambientales para incluir medidas de mitigación.
Solo estuvo en contra de este texto la diputada Cristina Girardi (PPD), a favor los DC Roberto León y Marcelo Chávez, RN Leopoldo Pérez y Jorge Rathgeb (RN), el UDI David Sandoval y el PS Christian Urízar. Daniel Melo (PS) se abstuvo.
Con estas votaciones la Comisión de Medio Ambiente concluyó la tramitación del proyecto, el cual deberá ser revisado ahora por el pleno de la Cámara de Diputados, previo informe de la Comisión de Hacienda. Posteriormente este pasará a segundo trámite constitucional en el Senado, donde será revisado por la Comisión de Medio Ambiente que hoy preside el senador Alejandro Navarro (MAS).
Llamado a los legisladores
Desde las organizaciones de la sociedad civil, como el caso de Chile Sustentable, Greenpeace y territoriales han cuestionado al Ejecutivo, de la mano del ministro del Medio Ambiente, por sus constantes intentos por flexibilizar el nivel de protección de los glaciares a favor de actividades de alto impacto como el caso de la minería.
En un comunicado de prensa Greenpeace expresó que “la Presidenta no cumplió su promesa del 21 de mayo de 2014, y la comisión de medio ambiente falló en producir un texto que garantice la protección de una de nuestras principales reservas de agua”, en tanto organizaciones territoriales se tomaron, este martes 24 de mayo, la sede del Ministerio de Medio Ambiente en rechazo al proyecto de ley aprobado por la comisión.
En tanto en una declaración de Chile Sustentable, dada a conocer luego de la votación, se denunció como “irresponsable seguir dejando los glaciares a merced de la mega minería, tal como se dejó los mares del sur a merced de las empresas salmoneras”.
Y concluyó: “las organizaciones ciudadanas esperamos que los diputados autores de la iniciativa original de ley y los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, que están concientes de las graves limitaciones de la ley aprobada, logren modificarla en la sala de la Cámara de Diputados y en el Senado, para que Chile pueda proteger todos sus glaciares y dar seguridad hídrica a sus habitantes, comunidades y ecosistemas, hoy y en el futuro”.
De esta forma el debate político sobre la norma de protección de los glaciares, hoy establecidos en la ley como bienes públicos, deberá se zanjado en primer trámite legislativo por el pleno de la Cámara de Diputados.
Clausuran simbólicamente Ministerio del Medio Ambiente por Ley de Glaciares, hecha a medida de la gran industria
Durante la mañana del lunes 23, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares – que agrupa a 23 organizaciones a lo largo del país – realizó una “Clausura Ciudadana” al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), por la nueva Ley de Glaciares que se está tramitando, la cual, denuncian, fue hecha a medida de la gran industria.
La exigencia, desde la sociedad civil, por una ley que proteja a los glaciares de la destrucción ocasionada fundamentalmente por la gran minería, viene hace unos 15 años, cuando se conoció en 2001 el proyecto binacional Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold, el cual fue aprobado en el pasado gobierno de Bachelet en 2009.
A pesar de aquello, las organizaciones denuncian que el proyecto de ley, enviado por el gobierno de Michelle Bachelet, y que fue despachado por la Comisión de Medio Ambiente este pasado miércoles, cuenta con una serie de indicaciones que “no garantizan la protección de ningún glaciar y busca legalizar y regular su intervención“, haciendo caso omiso a todas las recomendaciones hechas por distintos sectores de la sociedad civil, agregando que esta vendría a ser una “Ley de Pesca 2″ porque fue hecha a medida de la gran industria, fundamentalmente de la minería e hidroeléctricas.
Indicación del gobierno desprotege los glaciares
El proyecto original ingresado en mayo de 2014 efectivamente declaraba los glaciares como objeto de protección, lo cual cambió rotundamente en marzo de 2015 con una indicación sustitutiva de la Presidencia de la República, indicando que “Solo tendrán algún grado de protección los glaciares que se encuentren en una Reserva, en un Parque Nacional o aquellos glaciares que sean una reserva hídrica relevante y que sean declarados como Reserva Estratégica por los Ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, previo informe de la Dirección General de Aguas” y a esto se suma una serie de indicaciones que hace aun más nimia dicha protección.
Respecto a esto, el INDH presentó en su informe anual del 2015 las alertas sobre las violaciones a Derechos Humanos que significaría la ley de “protección” a los glaciares, donde se profundiza en las indicaciones hechas al proyecto original. Cabe mencionar que el recurso agua fue convertido en mercancía 1981, apto de privatizar a conveniencia de quien se declare su dueño, lo cual se mantuvo y profundizó en los gobiernos post dictadura.
Según la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, la nueva Ley de Glaciares:
1) No considera protección general de todos los glaciares sino caso a caso (por medio de tres condicionantes engañosas y vulnerables). Pone en duda que todos los glaciares son potenciales hídricos fundamentales para sus cuencas, por ende no todos nos merecedores de resguardo. La decisión de proteger un glaciar finalmente es política.
2) No considera la protección al entorno de un glaciar (tan sólo 1000 metros), por ende tampoco a sus ambientes que cumplen funciones análogas y a sus ecosistemas que permiten que existan en determinado lugar.
3) No considera la protección a todos los tipos de glaciares
4) No prohíbe acciones subterráneas en glaciares y aquellas que generen polvo en suspensión (acciones que más destruyen glaciares en nuestro país)
5) Cualquier glaciar nombrado protegido bajo figura “Reserva Estratégica Glaciar” puede finalmente no serlo por petición de cualquier persona que vea sus intereses afectados (empresas).
6) No reguarda los derechos de nuestra Constitución, de la Carta de Derechos Humanos ni tampoco los consagrados de Diversos Acuerdos Internacionales de orden ambiental e indígena (Convenio 169 OIT).
7) No protege los glaciares que están siendo destruidos en la actualidad (no es retroactivo). Proyectos como Pascualama, Codelco Andina, El Teniente, Alto Maipo, Pelambres, entre otros, podrán seguir destruyendo glaciares impunemente pues esta ley no considera retroactividad. Simplemente se les solicitará a los titulares que informen sobre sus acciones interviniendo glaciares y se estudiará una posible modificación a sus resoluciones ambientales a fin de que incorporen un plan de monitoreo.
8) No tiene carácter preventivo, base de toda ley de resguardo medioambiental que estipula que antes de no tener certeza de los riesgos e impactos mejor abstenerse.
9) La mayoría de los glaciares quedan a disposición del Sistema de Estudio de Impacto Ambiental, tal como ocurre hoy. Donde se permite su intervención con resguardos que de nada han servido para frenar la destrucción de los mismos.
El comunicado de la Coordinación indica además que: “Los glaciares son las principales fuentes y reservas de agua dulce del presente y del futuro, por ende no resguardarlos es poner en amenaza a la población, sus territorios y ecosistemas y no sólo de Chile sino que de toda Sudamérica y el mundo ya que nuestro país alberga el 91% de los glaciares de América Latina. Aquí estamos frente a un Gobierno ecocida y por lo mismo es que reiteramos la necesidad de la clausura del Ministerio de este Medio Ambiente el cual es incapaz de cumplir con su mandato y sólo vela por el bien empresarial”.
Constanza San Juan, una de las voceras de la Coordinadora, indica a Radio Villa Francia que “hay estudios serios que alertan sobre la sequía que viven territorios del país, y que advierten que estas irían en aumento, por lo que aprobar esta ley habla de un gobierno irresponsable que plantea pan para hoy y hambre para mañana“, esta distuación, precisa San Juan, “deja a comunidades y ecosistemas completamente devastados, como ya se está evidenciando en distintas regiones del país“.
