Con 78 votos a favor, 8 en contra y 26 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la ley corta de gratuidad presentada por el Gobierno. El proyecto fue creado por el Ejecutivo, luego de que el Tribunal Constitucional calificara de discriminatorio y arbitrario la glosa de gratuidad. Empeñados en su miserable cruzada para impedirla, diputados de dereccha amenazaron con el cuco del TC.
La iniciativa viene a corregir la partida de Educación de la Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2016, en orden a los alcances del fallo del Tribunal Constitucional en torno a este tema, dados a conocer en el día de ayer. La norma, entre otros puntos, realiza reasignaciones de recursos y agrega nuevos montos en materia de becas y define condiciones para el otorgamiento del beneficio, conforme a la calidad que ostente el plantel educacional.
La propuesta legal, en primer lugar, modifica la glosa correspondiente a convenios marco de las universidades estatales, contemplada en el capítulo concerniente al fortalecimiento de la educación superior pública.
En este marco, se materializa un alza de $31.147 millones a $33.647 millones de los recursos considerados para los convenios marco de las universidades estatales. Además, suma a las indicaciones establecidas en la glosa, que determinan el procedimiento de asignación (entre otros aspectos), dos nuevas apreciaciones:
– Incluye $2.500 millones para financiar programas del Ministerio de Educación destinados a que la acreditación institucional de las Universidades del Estado alcance, mantenga o mejore los niveles de calidad.
– Define que los convenios de transferencia respectivos establecerán planes para que cada universidad estatal mejore su acreditación institucional. Los representantes del Presidente de la República en el órgano superior directivo de la respectiva universidad deberán velar por la implementación de estos planes.
Luego, el proyecto modifica el programa relativo a la Educación Superior. En este ámbito amplía de $257.618 millones a $276.861 millones los dineros para las Becas de Educación Superior, precisa algunas condiciones y varía los montos para algunas becas en particular, en particular:
– Beca Juan Gómez Millas: pasa de $56.140 millones a $53.313 millones.
– Beca Nuevo Milenio: pasa de $102.083 millones a $124.038 millones.
– Beca Hijos de Profesionales de la Educación: pasa de $4.941 millones a $4.835 millones.
– Beca Vocación de Profesor: pasa de $15.966 millones a $15.569 millones.
– Beca de Reparación: pasa de $4.457 millones a $4.433 millones.
– Beca de Excelencia Académica: pasa de $22.505 millones a $23.130 millones.
– Beca de Articulación: pasa de $4.801 millones a $4.830 millones.
– Beca de Reubicación: pasa de $9.490 millones a $9.477 millones.
El proyecto también redefine el marco de cobertura de la Beca Nuevo Milenio, ampliando el beneficio para los sectores más vulnerables.
Hoy, la norma general indica que la beca cubra hasta un monto de $600.000 anuales a aquellos estudiantes que se matriculen en carreras técnicas de nivel superior y profesionales en instituciones que cuenten con acreditación vigente. En el caso de las carreras profesionales, estas deberán ser impartidas por institutos profesionales. Tratándose de los estudiantes que postulen por primera vez a esta beca, ellos deberán haber obtenido un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.0.
Luego, el sistema define una consideración especial para los alumnos que pertenezcan a los primeros cinco deciles de menores ingresos del país. La norma original consideraba una cobertura de $700.000 anuales para estos alumnos, la que fue alzada con este proyecto a $850.000 anuales. Los alumnos deberán pertenecer a instituciones sin fines de lucro o que se comprometan a ajustar su naturaleza jurídica para constituirse como tal.
Además, la iniciativa introdujo una cobertura mayor, de $900.000 anuales o hasta el arancel efectivo (si este fuese inferior a dicha suma), en la medida que las instituciones en que los alumnos se matriculen en establecimientos que cuenten, al 31 de diciembre de 2015, con una acreditación vigente de cuatro o más años.
También en relación a esta beca, la propuesta legal incrementa el monto asignado para mejores alumnos de su promoción (máximo de 4.000 estudiantes) de $800.000 a $900.000 anuales.
El proyecto, asimismo, establece la obligación de las universidades estatales comprendidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°4, de 1981, del Ministerio de Educación y las privadas no incluidas en dicha categoría, de garantizar gratuidad a estudiantes que cumplan con los requisitos señalados y que se comprometan a alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional.
La iniciativa define qué instituciones son elegibles y establece que estas deberán, a más tardar el 27 de diciembre de 2015, manifestar por escrito al Ministerio de Educación su voluntad de acceder al aporte de gratuidad en las condiciones establecidas. El Ministerio de Educación llevará un registro público con las universidades estatales y aquellas no estatales que adscriban al aporte a que se refiere esta glosa en los términos previamente señalados.
Finalmente, la propuesta legal incluye un artículo transitorio que indica que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos del Ministerio de Educación y, en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.
“Acabamos de culminar un esfuerzo de dos días (…) hemos despachado la gratuidad de las universidades de nuestro país para marzo de 2016. Ahora un mensajero inmediatamente fue a entregarle el proyecto despachado al presidente del Senado, para que la comisión de Hacienda comience a trabajar en los próximos minutos“, declaró el presidente de la instancia, Marco Antonio Nuñéz.
Luego agregó: “Yo declaro mi satisfacción y alegría, hemos aprobado una de las leyes más importantes de este año. Hoy hemos cumplido en un plazo muy acotado el despachar la gratuidad para 2016″
En la sesión se vivió un intenso debate, en el que algunos miembros de la oposición volvió a calificar de discriminatoria la propuesta ya que dejaba fuera a institutos profesionales y centro de formación técnica. Sin embargo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Alejandro Santana, precisó que como partido no está dentro de sus alternativas volver a acudir al TC.
“Votamos a favor tanto en general como en particular, por tanto creemos que este proyecto avanza insuficiente pero avanza (…) El ministro ha asumido un compromiso de llegar a la gratuidad para los CFT e IP en 2017“, declaró, añadiendo que “nuestro voto a favor está focalizado a que hay más estudiantes con el beneficio (…) Nosotros tomamos posiciones por cada uno de los partidos, una decisión autónoma. Hoy tenemos un proyecto que no podemos desmerecer, que tiene más beneficiados“.
Derecha sigue empeñada en obstruir la gratuidad
Tras aprobarse la «Ley Corta» de gratuidad en la Cámara de Diputados, parlamentarios de Chile Vamos no descartaron la posibilidad de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional (TC), esta vez por no considerar a los estudiantes de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).
El diputado de RN José Manuel Edwards, quien firmó el requerimiento tras la aprobación de la primera glosa, afirmó que «el Tribunal Constitucional ha dicho que el titular del derecho es el estudiante y que no puede hacerse ningún tipo de discriminación y este proyecto está haciendo discriminación arbitraria en contra de estudiantes de CFT e IP».
«Muchos de nosotros no descartamos recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional si es que no se le entrega gratuidad a los estudiantes de CFT e IP. No puede ser que el Gobierno, en una especie de venganza política, haya dejado sin la gratuidad a 55 mil estudiantes de CFT que estaban siendo considerados en la glosa anterior», añadió el parlamentario.
La diputada comunista, Camila Vallejo, se refirió a los alegados de la derecha indicando que «ha habido un chantaje en los últimos minutos de la votación diciendo que van a ir a Tribunal Constitucional… yo creo que está bien que el Gobierno no acepte chantajes».
La «Ley Corta» ahora fue enviada al Senado, cuyo presidente, Patricio Walker (DC), ya lo envió a la comisión de Hacienda, que comenzó el análisis del proyecto que podría ser visto este miércoles por la Cámara Alta.
No obstante, precisó que «si después algún partido político o algún parlamentario presenta o no requerimiento al Tribunal Constitucional, eso es responsabilidad de ese parlamentario. Y si eso provoca que no se pueda implementar el tema de la gratuidad, acá cada uno asumirá su responsabilidad».
Estudiantes del Confech protestan en el TC contra el fallo que complica la gratuidad
Esta tarde estudiantes universitarios del Confech se manifestaron en el frontis del Tribunal Constitucional en contra del fallo que complica la gratuidad universitaria por considerar arbitrarias y discriminatorias las condiciones de la glosa propuesta por el gobierno, como la triestamentalidad en los planteles.
En la instancia, el vocero del Confech y presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Antofagasta, Bastián Castro, dijo que «hoy dia el escenario es complejo, podemos ver cómo la derecha a través del TC y el gobierno a través de la ley Corta -bajo el alero de la DC- vienen a marcar un precedente frente a la reforma de educación superior, donde viene a primar nuevamente el rol de la privatización y la mercantilización en la educación superior y no lo que el movimiento social ha buscado imponer en ella. Lo que acá nos damos cuenta es que las voluntades del un gobierno y los sectores conservadores de mismo no están con los movimientos sociales y no les interesa a llevar a cabo las claridades que el movimiento ha propuesto para que la educación sufra una transformación en cuanto a las necesidades de lo público en nuestra sociedad».
Por su parte, Nicolás Fernández, ex vocero del Confech, señaló que «esta es la manera en que el empresariado y los sectores conservadores de nuestro país, de manera continua han limitado nuestros derechos sociales. Derechos sociales como educación gratuita, pública, sin fines de lucro y de calidad; así como cualquier otro derecho social, como el derecho a una vivienda digna, a salud, entre otros, deben ser protegidos por nuestra constitución y no limitados por esta, con trabas autoritarias y antidemocráticas establecidas desde la dictadura. Deben ser los actores sociales y las mayorías, las que decidan sobre sus derechos, no las mismas minorías de siempre».
En tanto la vicepresidenta de la Fech, Javiera Reyes, manifestó que «Vinimos a rechazar enérgicamente que el Tribunal Constitucional, perro guardián del orden impuesto por la Dictadura, se constituya como una verdadera tercera Cámara legislativa con poder de veto. Y también a repudiar este fallo, donde se desestima la democracia como criterio para ordenar instituciones y se llega a la locura de establecer un trato igualitario sobre Universidades del Estado y Universidades privadas».
«Y venimos a decirle al Gobierno, fuerte y claro: no vamos a tolerar que sean las presiones de los mismos sectores con mayoría en el TC, los que impongan una gratuidad 2016 a la medida de sus negocios. Por eso estamos acá, y también estaremos marchando mañana, dejándole claro al Gobierno que con una gratuidad que financie el lucro y el autoritarismo, no estamos», agregó.
