Hoy la Sala del Senado votará un proyecto del Ejecutivo que podría definir un antes y un después en el país en materia alimenticia: la Ley de Obtentores Vegetales. La sola posibilidad de que esta ley, tan enérgicamente rechazada, sea ratificada por la Cámara de Senadores, podría resultar en un cambio drástico y definitivo en las raíces culturales de nuestro país. La ley ya fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados hace tres años.
La aprobación de la ley pondría a Chile en una posición de altísimo riesgo debido a que de acuerdo a los tratados internacionales no podría ser revocada.
En términos concretos, como consecuencia de esta ley, tanto los alimentos orgánicos como la herencia alimentaria que incluye las semillas nativas y su diversidad desaparecerían irreversiblemente a lo largo del país. Mientras en el escenario mundial de la mayoría de los países civilizados se muestra una clara tendencia a proteger sus semillas nativas y a sus agricultores, además de comercializar estos productos en valores cada vez mayores debido a la creciente demanda, Chile muestra una tendencia completamente opuesta. Los alimentos producidos químicamente tienen un valor menor, disminuyendo y anulando la posibilidad participación en el mercado de hasta 50 billones de dólares en los próximos cinco años.
La implementación de leyes similares a estas en países conocidos por su poder, tales como Estados Unidos y Canadá, son responsables directos de la destrucción de negocios agrícolas familiares, de la herencia alimentaria, abriendo una puerta ancha a la hegemonía de la comida industrializada.
Por otra parte, existe una creciente preocupación sobre la centralización de las reservas mundiales de comida y los profundos cambios negativos que esta conlleva. El país se vera enfrentado a una nueva oferta alimentaria a bajo costo y altos riesgos para la salud.
El estado de salud de los ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido documentado como uno de los más deteriorados en el mundo industrializado, y la responsabilidad está puesta, según la mayoría de los expertos, en la Dieta Standard Americana (DSA), compuesta exclusivamente por comida industrializada.
Chile definirá su futuro hoy o dentro de los próximos días cuando el Congreso vote, ya sea manteniendo su actual estado legal, UPOV78 ofreciendo protección a los agricultores y productores del país y sus semillas nativas, o ratificando la nueva ley, UPOV91, esta vez protegiendo a las corporaciones multinacionales y a empresarios privados, los cuales reproducen y patentan las semillas.
Algunos expertos predicen que las consecuencias de la nueva ley para los pequeños agricultores, comunidades indígenas y la biodiversidad chilena serán tan desastrosas como las ocurridas en los Estados Unidos y Canadá.
Algunos países han adoptado una postura contraria a la instauración de la regulación UPOV91 y están de acuerdo en que la vida no puede ser patentada. Sin embargo algunos productores de semillas, como Monsanto, Syngenta, Pioneer, DuPont y Bayer Crop Sciences creen que este tipo de negocio –patentar las provisiones de comida mundial- ofrece un muy próspero futuro una vez que ellos controlen los alimentos de manera global.
¿Qué es la «ley Monsanto»?
La Sala del Senado revisará esta tarde el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342, iniciativa a la que el Gobierno le puso «suma urgencia» en su segundo trámite constitucional y que es conocida popularmente como la «ley Monsanto».
La iniciativa está en el octavo lugar de la tabla de la sesión programada para esta tarde, que se realizará entre las 16:00 y las 20:00 horas, según lo informa el sitio de la Cámara Alta.
La llamada «ley Monsanto» es criticada desde distintas organizaciones sociales, que le imputan un fin de «privatizar las semillas» y concentrar su propiedad en pocas empresas.
El proyecto fue ingresado al Congreso (a la Cámara de Diputados) por el Gobierno de Michelle Bachelet, el 13 de enero del año 2009.
En sus disposiciones generales la iniciativa planteaba regular «el registro y los derechos del obtentor vegetal», al señalar que «el derecho sobre una obtención vegetal se constituye por su inscripción en el Registro que, al efecto, llevará el Servicio Agrícola y Ganadero».
«Esta ley garantiza que la protección conferida de conformidad a esta ley se concederá salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente», señalaba el proyecto original.
El texto fue aprobado en general y en particular en la Cámara Baja, cerrando su primer trámite constitucional, en una sesión efectuada el 9 de marzo de 2010, dos días antes del cambio de Gobierno.
En la votación al artículo 1º se le sumó la indicación de la Comisión de Recursos Naturales que señala:
«Por tanto, no podrán registrarse variedades de especies vegetales, en cuya tramitación no se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley», aprobada con 78 votos a favor, cero en contra y tres absteciones.
Al votar el artículo 14 se aprobó, por indicación de la Comisión de Hacienda y con 81 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, suprimir la frase que dice: «Y con cargo a ellas se imputarán los costos de la dieta de los miembros profesionales del Comité».
Mientras tanto, con 75 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, se visó el artículo Tercero transitorio, con la indicación de la Comisión de Recursos Naturales para suprimir su inciso final, sobre «la Observancia del Derecho del Obtentor», que indicaba que «se extenderá en siete años el plazo de protección para las variedades de árboles y vides y en cinco años para las variedades de otras especies, inscritas de conformidad a la ley Nº 19.342».
El proyecto fue revisado por la Comisión de Agricultura del Senado en una sesión efectuada el pasado 6 de agosto, que entregó un informe que lo dejó en condiciones de discutirse en al Sala de la Cámara Alta.
Se esperaba que la iniciativa se votara ayer, pero finalmente se pospuso para esta jornada.
