Hace un año, personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres estábamos celebrando la presentación del proyecto de ley que regula el aborto en tres causales. Ahora, un año después de su presentación, creo que para la mayoría de nosotras y de la población en general, la sensación es de una enorme frustración. Un año después, el proyecto de ley ni siquiera ha terminado su primer trámite constitucional.
Las mujeres de Chile no hemos esperado un año para tener una legislación. Nuestra impaciencia viene ya desde 1989, cuando se derogó el aborto terapéutico en el país, dejando a todas las mujeres desprotegidas en casos gravísimos. Hemos tenido múltiples frustraciones con proyectos de ley que han pasado por el Congreso sin siquiera discutirse o, como sucedió en 2012, que se rechazó la idea de legislar y ni siquiera fue posible discutir el contenido.
Múltiples comités de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos (que Chile ha ratificado y se encuentra obligado a respetar), han recomendado a Chile modificar su legislación sobre aborto y permitir la decisión de la mujer al menos en caso de riesgo de vida o salud, inviabilidad fetal y violación, considerando que la criminalización total viola los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ciudadanía también ve esta necesidad y exige sus derechos: todas las encuestas recientes sobre la materia muestran al menos un 70% de apoyo a la despenalización en las tres causales.
Por eso nos alegramos con la presentación del proyecto: el gobierno estaba escuchando, haciéndose eco de esta necesidad de las mujeres. Era primera vez desde la derogación en 1989 que el ejecutivo presentaba un proyecto de ley para terminar con la criminalización total del aborto. Aunque el proyecto es limitado, se abría al fin la discusión y la posibilidad de contar con una legislación que sí diera protección a las mujeres, a lo menos en estas tres causales gravísimas.
Ahora son los parlamentarios y parlamentarias quienes parecen no estar escuchando. La discusión sigue avanzando lentamente. El debate se pierde en estereotipos y caricaturas, como si quienes apoyamos la necesidad de despenalizar estuviéramos promoviendo el aborto como solución a todos los problemas o fuéramos asesinas sin corazón, como si las mujeres embarazadas fueran santas abnegadas dispuestas a sacrificarse hasta morir o unas perversas que no tienen ningún sentimiento por el que está por nacer.
Pareciera que en el Congreso, en lugar de escuchar a la ciudadanía que exige sus derechos garantizados en tratados internacionales de derechos humanos, prefiere legislar en base a sus propias convicciones. No les estamos pidiendo que renuncien a sus convicciones. Les estamos pidiendo que no impongan esas convicciones a todas las mujeres de Chile.
Porque mientras debaten, siguen habiendo miles de abortos en el país cada año. Siguen habiendo mujeres y niñas violadas que quedan embarazadas y que están obligadas a convertirse en madres; mujeres con embarazos deseados, pero que resultan inviables y deben esperar 8 meses para parir al hijo que esperaban, muerto; mujeres que saben que la gestación pone en riesgo su vida, pero que deben esperar hasta estar al borde de la muerte para que los médicos decidan salvarla interrumpiendo el embarazo. Ellas deben poder decidir por sí mismas si continúan o no sus embarazos, de acuerdo a sus propias convicciones y vivencias. Para esas mujeres, llevar adelante un embarazo contra su voluntad, es equivalente a tortura.
Pero por ahora, vemos con frustración que no tienen alternativa, y seguirán no teniendo alternativa mientras los parlamentarios y parlamentarias se resistan a escuchar.
(*) Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile
Fuente: Amnistía Internacional
