El posicionamiento de los distintos actores sociales relevantes en la discusión sobre las AFP’s han puesto sobre la espada y la pared a José Piñera, y al fundamento económico legitimador del sistema previsional basado en la capitalización individual.
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Uno de los principales escudos -y el único serio- de la ortodoxia en favor del modelo previsional chileno es el análisis del alargamiento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, donde el cociente entre los mayores de 65 años y la población potencialmente activa (con edades comprendidas entre los 15 y 65 años) aumentará vertiginosamente.
De este modo, defienden que si se diseña un sistema de pensiones de reparto (“pay as you go”, en términos anglosajones) la recaudación deberá ser completada con endeudamiento del sector público, ignorando una identidad básica de la economía pública: ingresos= gasto.
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Los desafíos del sistema solidario de reparto, en términos de desequilibrios presupuestarios, no son el hipotético endeudamiento público, sino las capacidades del Estado de recaudar ingresos con un sistema impositivo justo.
Asimismo, los neoliberales evitan el debate en torno al rol de la inmigración en la sociedad multicultural, y sobre el modelo de Estado que, en el fondo, es el eje sobre el cual debería girar la discusión.
Los condicionamientos “ceteris paribus” en los análisis ortodoxos no dan pie a reflexionar en la contribución económica (y por supuesto, social y cultural) de las altas tasas de natalidad de los inmigrantes en Chile.
El hecho de que nuestro país se haya sumado a la segunda transición demográfica (bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad, y por tanto una baja tasa de reemplazo debido al alto índice de envejecimiento, y todo sumado a una intensa inmigración) hacen que uno de los puntos más controvertidos en la transición de un sistema de capitalización individual a un sistema de reparto se vuelva irrelevante.
Ahora bien, una transición de este tipo requerirá de la transformación del Estado neoliberal en decadencia en un nuevo tipo de organización de las instituciones públicas que sea capaz de enfrentar los desafíos de la integración y protección social de los inmigrantes, al tiempo de mantener los niveles de actividad productiva altos (y salarios al nivel productivo de Chile), y los niveles de desempleo bajos.
Un Estado subsidiario no podrá enfrentar una transición del modelo previsional actual a uno de reparto tripartito, lo cual resulta imprescindible que la Nueva Constitución garantice un Estado social de derecho que proporcione servicios públicos universales (no focalizados), mediante una reestructuración del sistema impositivo chileno, que aún es materia pendiente.
Las propuestas del gobierno, que se encuentra en el marco de las 50 medidas comprometidas para los primeros 100 días de gobierno, la medida Nº 16 compromete el envío del Proyecto de Ley que crea una AFP estatal.
Para hacernos un juicio serio sobre esta alternativa pública, deberíamos pensar si la solución pasa por una Administración de los fondos de pensiones con un mayor rol público, o bien por el problema de la financiarización de los derechos sociales.
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Esta misma encrucijada quedó reflejada en la creación del Crédito con Aval del Estado, que permitió al Estado asomar su mano en un sistema de financiación de la educación superior que continuaba comprometiendo los derechos sociales a los bancos.
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Sería bueno pensar en que las alternativas a las AFP’s no son más o menos cobertura, o más o menos competencias, o mejorando la oferta (cuestiones que se pueden leer literal en el Ministerio del Trabajo), sino en las competencias que el Estado -y no los bancos- debería asumir en los principales pilares del bienestar social: educación, salud y previsión social.
Y sobre todo, queda hacer una lectura aún pendiente: los valores de la sociedad chilena han sido siempre diferentes a los valores insolidarios que representa el sistema previsional actual, por lo que las propuestas alternativas al modelo deberían partir por una lectura ética.
(*) Sociólogo. Universidad Complutense de Madrid.
Fuente: ICAL
